El anuncio por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que volverá a reformar el Estatuto de los Trabajadores para introducir una indemnización "reparativa" que encarezca el despido según las circunstancias personales de los trabajadores, y especialmente la edad, ha provocado auténticos ríos de tinta entre los laboralistas españoles por las muchas dudas que suscita su encaje en la legislación y el efecto 'boomerang' en la contratación de estas personas.
De hecho, algunos han recordado el precedente de una Ley franquista de 1944. Aunque existen otros muchos más recientes en los que se elevó el coste de la extinción del empleo de los profesionales 'seniors'. Además, están en vigor desde hace más de una década.
Pero empecemos por el principio. ¿Cómo justifica la ministra la la idea de encarecer el despido de los seniors? "Imaginemos a un trabajador o a una trabajadora que tenga 58 años y que a lo mejor no tenga mucho tiempo de cotización. ¿Este trabajador no merecería que su indemnización fuera mayor justamente por la razón de la edad que tiene?", se preguntaba el pasado mes de junio Díaz en el Congreso cuando presentó por primera vez la idea.
Su propuesta, que enmarca en el "iuslaboralismo europeo" trataba de contrarrestar la de sus socios presupuestarios de ERC de volver al coste del despido improcedente previo a que la reforma laboral del PP lo rebajara a 33 días. "A lo mejor no arreglamos nada subiendo a 45 días", llegó a asegurar entonces Díaz.
A priori, existen datos que podrían avalar su preocupación por los despidos: el 45% de las personas que se convierten en parados tras un despido y el 57% de los que pasaron a la categoría de inactivos tenían más de 45 años, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre.
Aunque si ampliamos el foco y nos fijamos en el resto de causas por las que estas personas pierden su empleo, vemos que, como ocurre en el resto de trabajadores, la principal no es otra que el fin de un contrato temporal.
Además, con una diferencia es muy abultada: ocurre en el caso del 49% de los parados mayores de 45 años, frente al 12% que fueron despedidos. Para los que superan los 55 años, los porcentajes se sitúan en el 41% y el 11,8%, respectivamente.
En el caso de los que pasan a la inactividad, siete de cada diez son personas que llevan más de tres años sin empleo, aunque en este caso influyen que muchos despidos colectivos se complementan con programas de bajas incentivadas que encadenan el cobro de paro hasta la jubilación anticipada. Son las conocidas como prejubilaciones.
El despido más caro
El mayor escollo para la tesis de Díaz viene de los datos de su propio ministerio, y revelan que los despidos de trabajadores de mayor edad ya son los más caros.
En 2020, últimos datos disponibles, la indemnización media de los mayores de 45 años superaba en un 32% la media, y la de los mayores de 55 la duplicaba, con un 121% y un número inferior al de los trabajadores de grupos de menor edad.
Además, el número de despidos que sufren es más reducido. En este punto, hay que precisar que la explicación de esta diferencia en la compensación se debe ante todo a la antigüedad de estos trabajadores en la empresa.
Aunque en este caso se cuentan tanto despidos colectivos como individuales, ya fueran procedentes o improcedentes y con independencia de la causa. La propuesta de Díaz, a tenor de sus propias palabras, se restringe a los individuales improcedentes, ahora tasados con la indemnización máxima de 33 días por año trabajado.
Pero la reforma laboral del PP no solo redujo la indemnización general: también encareció el despido de los mayores de 50 años. Lo hizo en un contexto en el que también retocaron la reforma de pensiones de José Luis Rodríguez Zapatero para retrasar la edad de jubilación anticipada de los 63 a 65 años.
Además, desarrolló la denominada "enmienda Telefónica", promulgada por el anterior Ejecutivo para los despidos colectivos de mayores de 50 años. La solución fue obligar a las empresas hacer aportaciones al Tesoro Público o la realización de un convenio especial de Seguridad Social por estos trabajadores, con la idea de que se compensara al erario público por el coste de las mencionadas prejubilaciones.
Y, por último, se estableció el fin del 'despido exprés'. Esto suponía que los despidos debían presentarse siempre como justificados por una causa objetiva.
Pero en la práctica, esto suponía que, aunque legalmente resultaran más baratos se abría una gran vía legal para recurrirlos ante la jurisdicción social, lo que llevaba a que se acabaran pactando indemnizaciones que acababan siendo superiores al mínimo legal de 20 días por despido procedente sino también de los 33 días por improcedente. Algo que repercutía en favor de los trabajadores de mayor edad y antigüedad en la empresa al recibir su finiquito.
Paro a la carta
Esta es la vía en la que actuaría el nuevo modelo de despido individual de Díaz, con indemnizaciones aún más elevadas. Pero con los precedentes que establece la jurisprudencia en vigor, su eficacia real para frenar despidos es cuestionable. Máxime cuando la ministra ni siquiera ha apuntado una cifra adecuada para este colectivo.
El temor es que este anuncio complique la contratación indefinida de los trabajadores de mayor edad. Y es que las medidas puestas en marcha desde la crisis financiera para reducir prejubilaciones y despidos, incluidas las lanzadas durante la pandemia, no han impedido que el peso de los mayores de 45 años en el paro registrado haya pasado de suponer el 33% en 2008 al 55%.
Todo apunta a que las palabras de Díaz diciendo que se encarecerá el empleo solo por razón de edad, tendrá un efecto disuasorio en los fichajes y, en todo caso, les condenará a empleos temporales. Sobre todo, porque no vienen acompañadas de medidas de choque igual de concretas para evitarlo.
La ministra ha anunciado programas de políticas activas para fomentar la intermediación laboral y una negociación con patronal y sindicatos. Pero su concreción sigue pareciendo lejana en comparación.
Por un lado, ha anunciado que, en 2023, los servicios públicos de empleo darán "prioridad" a los mayores de 45 años en "en todas las políticas activas de empleo tanto en la orientación laboral" como en su formación y cualificación, "adaptándola a las nuevas necesidades".
Pero esto llegará tarde respecto al decepcionante plan de 2022, donde los mayores de 45 años seguían diluidos en la de otros grupos también de difícil empleabilidad' pero más reducidos en número absoluto de parados, como las minorías étnicas o el colectivo LGTBI, y que requieren también un enfoque muy diferente en el diseño de las actuaciones.