La propuesta de la ministra de Trabajo y Economía Social, de Yolanda Díaz, de introducir compensaciones "reparativas" y variables para encarecer el despido improcedente según la circunstancias personales, como la edad de los trabajadores, tiene un objetivo claro: enterrar a toda costa el debate sobre recuperar la indemnización por despido a 45 días.
Díaz aprovechó un encuentro con periodistas económicos para anunciar a bombo y platillo una propuesta ni siquiera ha discutido con el resto del Gobierno, según ha confirmado esta mañana en Bruselas la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
Y no será porque no ha tenido tiempo, ya que la idea no es nueva: la esbozó antes de las vacaciones de verano en una comparecencia parlamentaria, sin que tampoco se elevara a consultas con el resto de ministros.
La diferencia es que el escenario actual está marcado por el próximo pronunciamiento de Europa sobre el coste del despido en España.
La decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) de admitir a trámite la reclamación interpuesta por UGT por las indemnizaciones en caso de despido improcedente ha abierto un nuevo frente laboral al Gobierno y redobla la presión sindical y de sus socios parlamentarios para derogar el apartado de la reforma laboral de 2012 que redujo a 33 días esta compensación.
Esta cuestión quedó fuera de la negociación para la nueva legislación del mercado de trabajo aprobada en 2021, y que salió adelante con el respaldo de patronal y sindicatos. Precisamente, los representantes de los trabajadores achacaron esta omisión a la necesidad de que el acuerdo incluyera a los empresarios.
Nueve meses después, las relaciones entre el Ejecutivo y los interlocutores sociales son mucho más complejas. Por un lado, el enfrentamiento con la CEOE a cuenta de los salarios es explícito, con reproches lanzados incluso por boca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prepara la tercera subida consecutiva del SMI sin contar con el aval de la organización que preside Antonio Garamendi.
Por el otro, Calviño, intenta alcanzar un 'pacto de rentas' para frenar la inflación que incluye una subida de salarios y beneficios empresariales acorde con la situación geopolítica. Aunque el propio Ejecutivo sea el primero en incumplir esta moderación con una subida de los sueldos públicos superior a los del sector privado.
En este entorno, el Gobierno no quiere abrir un nuevo frente sobre el coste del despido e intenta restar importancia a la decisión del CEDS, alejándola del debate sobre volver a los 45 días.
La contraoferta de Díaz consiste en revisar, en la próxima reforma del Estatuto de los Trabajadores, las indemnizaciones "de manera selectiva, según el riesgo de cada trabajador, una cuestión que, sin embargo, restringe de manera selectiva a colectivos de difícil reinserción laboral y vincula con la discriminación laboral por edad. De momento ha conseguido que la propia UGT, por boca de su secretario confederal, Fernando Luján, valore positivamente su propuesta. Aseguran que la propuesta de la ministra "va en la dirección correcta" y se alinea con su denuncia.
En fuentes del diálogo social se achaca la posición conciliadora del sindicato a un intento de rebajar una presión que no afecta solo a la negociación tripartita del Gobierno con los representantes de los trabajadores y las empresas: el regreso a la indemnización previa a la reforma de 2012 es también reclamada por dos de los principales apoyos presupuestarios de Pedro Sánchez: ERC y Bildu.
Contra las reformas laborales
Hace unas semanas, el número dos de Díaz, Joaquín Pérez Rey aseguraba que la cuestión se enmarca en un "debate europeo" que también existe en países como Italia y Francia que no tiene que ver con el "quantum indemnizatorio".
"La cuestión es que las indemnizaciones por despidos injustificados sean disuasorias y que a su vez tengan en cuenta los daños causados", señaló. Un argumento casi idéntico al esbozado por la vicepresidenta segunda, aunque la aplicación legal de esta "discriminación positiva" suscita muchas dudas entre los laboralistas.
Sobre todo por el efecto rebote que reduciría aún más la contratación de estos colectivos, en especial el de los parados mayores de 45 años, que suponen más de la mitad de los parados registrados.
El problema es que la denuncia, aunque se amparó en el precedente italiano y francés, no es tan "general" como defiende el Ejecutivo. De hecho, encierra una carga crítica contra su propia ley.
El texto presentado en Europa arremete contra el cambio de la reforma laboral de 2012 pero también contra el hecho de que la de 2021 no lo corrija, y exige que el organismo europeo "declare la normativa española relativa a los despidos individuales sin justa causa" y que exija al Gobierno que "corrija esta violación del derecho reconocido a una protección reconocida contra el despido injustificado y abusivo".
De esta forma, se convierte en un argumento de presión adicional sobre el Gobierno. Pérez Rey sostiene que es "muy prematuro" avanzar las consecuencias de la decisión.
Una ambigüedad llamativa no solo porque el plazo que tienen para presentar sus alegaciones acaba a finales de noviembre, sino porque fue un cambio legal lanzado por el propio Gobierno en 2021 el que permitió que UGT pudiera presentar su reclamación.
La renuencia del Gobierno a volver a la indemnización de 45 días ha sido evidente desde la firma del propio acuerdo de coalición, cuando se pactó derogar los aspectos "más lesivos de la reforma laboral", pero sin mencionar entre ellos el relativo al coste del despido. Dos años después, la reforma de Díaz dejó claro que no estaba sobre la mesa.
La propuesta de "despidos selectivos" de hace unos meses se interpretó como una forma de contentar a los sindicatos y a sus socios parlamentarios, que defendían la derogación plena de la reforma del PP, aunque numerosos laboralistas advirtieron de que su anclaje legal era muy complejo.
Una caída casi del 11%
Es difícil estimar el impacto de la variación del coste del despido improcedente en los últimos años. La Estadísticas de despidos y su Coste solo incluye datos desde 2015 a 2020, y no distingue entre despidos improcedentes y procedentes.
Ya que los segundos no vieron modificada su indemnización con la reforma laboral este dato resta peso a la estadística. Además, en la media incluye el fin de contratos temporales, que, aunque conllevan una indemnización, no son despidos.
Otra razón es que la reforma laboral, además de reducir las indemnizaciones, eliminó el 'despido exprés' automático, que permitía despedir a 45 días pero sin mayores complicaciones.
A partir de entonces, todos los despidos debían justificarse, algo no muy difícil en el contexto de crisis en el que se aprobó la ley. Sumado a que se elevó la judicialización, condujo a una progresiva reducción de la media de las indemnizaciones.
Aun sí desde 2015 la indemnización media ha caído un 3,67%, aunque ha subido en el caso de los despidos individuales disciplinarios y por causas imputables al trabajador, dos figuras que suelen esconder despidos que acaban siendo declarados improcedentes.
Por el contrario, la indemnización media de los despidos colectivo, la más abultada, ha caído un 46,7%, aunque en este caso los despidos no suelen ser declarados improcedentes porque son pactados en el marco de expedientes de regulación de empleo.
