Las pensiones de incapacidad permanente son las terceras más abonadas dentro del extenso ramillete de pensiones contributivas de la Seguridad Social (casi 950.000 de prestaciones, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social) y son casi con toda probabilidad las que más particularidades tienen al cubrir situaciones muy concretas y atender a circunstancias mucho menos cuantificables o medibles como la jubilación y la viudedad.
En España hay una edad ordinaria de jubilación y en 2023 ha aumentado hasta los 66 años y dos meses para las personas que no han llegado a 37 años y nueve meses de cotización (es de 65 años para los que sí llegan). Sin embargo, existen opciones en las que los trabajadores pueden adelantar esa jubilación, incluso a los 61 años de edad.
La última gran reforma de la legislatura centrada en las pensiones está chocando con los agentes sociales y los socios de Gobierno. Lo complejo de la reforma es que el Ministerio que dirige José Luis Escrivá tiene medidas menos apetecibles que ofrecer: la revalorización, principal medida que beneficia a los jubilados, ya se firmó a finales de 2021. Y ahora tan solo quedan las medidas más lesivas para el empresario y el trabajador, mientras las que benefician a las carreras laborales más inestables quedan prácticamente neutrales. El aumento de los años observados para calcular la pensión tiene un amplio rechazo, mientras la subida de las cotizaciones a los salarios altos desmarca a la CEOE y, a su vez, es considerada insuficiente para paliar el déficit del sistema.
El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha vuelto a repetir este lunes en que las organizaciones empresariales ya presentaron su propuesta para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023, insistiendo en un incremento del 4%.
La llegada del nuevo año ha conllevado cambios para el sistema de pensiones español y en especial para las pensiones contributivas de jubilación, las más numerosas de dicho sistema, ya que significan más de 6,3 millones de los 9,99 millones totales, según los datos referentes a diciembre de 2022 del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Las pensiones públicas se beneficiarán de una mejora del 8,5% para compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación. Este incremento provoca, como consecuencia, un salto también en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que deberán abonar los beneficiarios de la pensión públicas en la declaración correspondiente al ejercicio de 2023. En el caso de los pensionistas con la pensión máxima del sistema -que supera ya los 42.000 euros anuales-, el incremento extraordinario por este impuesto será de unos 1.360 euros.
Forma parte del equipo pata negra de Alberto Núñez Feijóo, representando el ala más centrada del PP, aunque sus adversarios intentan desdibujar su perfil moderado. Su doble condición de secretaria general del partido y portavoz de su grupo parlamentario la convierten en blanco fácil. Pero no se queja. Amable, educada, precisa en sus reflexiones y profesional del Derecho, especializada en jurídico económico por la Universidad de Deusto, Gamarra ama el deporte. Intenta "correr todas las semanas y de vez en cuando hacer alguna maratón". Entretanto, disfruta de las pequeñas cosas de la vida, especialmente de sus sobrinos. Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, nacida en Logroño 1974, fue concejal en el Ayuntamiento de esta localidad, y alcaldesa de esa ciudad entre 2011 y 2019. De aquella etapa, se siente "orgullosa por haber sido la primera mujer en ese cargo rompiendo así ese techo de cristal", que completó con la vicepresidencia de la FEMP desde 2016 al 2019. En la próxima cita con las urnas, Cuca Gamarra estará en la sala de máquinas de la dirección nacional de Génova, desde donde mantiene que España necesita una amplia regeneración democrática. Además, sostiene que el "sanchismo ha devorado al socialismo" y, que nuestro país necesita a Feijóo para dar estabilidad. Pero, a estas alturas, ya tiene claro que su líder será el próximo presidente de España.
Los planes de pensiones experimentaron una reducción de sus aportaciones brutas del 32% el año pasado, al situarse en 1.709 millones frente a los 2.529 millones del año anterior, según los últimos datos de la patronal Inverco.
Lo habitual es que los trabajadores, según se acerque la edad ordinaria de jubilación, piensen en cómo llevar a cabo esa jubilación e incluso en adelantarla. Sin embargo, en algunos casos es posible que el ciudadano, por diversas razones, quiera proongar su estancia en el mercado laboral y retrasar esa jubilación.
Este curso comienza bajo las nubes electorales, por lo que muchas reformas en curso pueden sufrir un cambio de rumbo en las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales. La reforma del sistema de pensiones es una de las que más preocupa. En este sentido, los sindicatos temen que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por José Luis Escrivá, tome la vía unilateral para sacarla adelante y enviar el texto a Europa; pero ya dan por seguro que no habrá un acuerdo a tres bandas entre Gobierno, sindicatos y patronal.
Las pensiones de jubilación son las más numerosas de todas las pensiones contributivas que paga mes a mes la Seguridad Social. Al tratarse efectivamente de prestaciones contributivas dependen de las aportaciones realizadas por los trabajadores y en este sentido aparecen diferencias entre regímenes.
Un deseo más o menos común de los trabajadores es finalizar antes de tiempo su carrera laboral, es decir, adelantar su jubilación para decantarse por ella antes de la edad ordinaria. Se trata, en todo caso, de una decisión que ha de estar bien meditada, teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes y planificando cuáles pueden ser los escenarios más beneficiosos.
Cuando una persona piensa en su jubilación lo hace en una etapa en la que podrá cobrar una pensión si cumple con los requisitos que contempla la ley. Una pensión, en singular. Sin embargo, existen casos (aunque parezca mentira) en los que la misma persona puede percibir dos pensiones juntas de jubilación.
La cotización es el elemento más crucial del trabajador a la hora de obtener, en el futuro, una pensión contributiva de jubilación. Por esta razón es tan importante mantener siempre que se pueda un empleo que permita seguir con esas cotizaciones. De lo contrario, se incurren en interrupciones que pueden contribuir al recorte en el valor de la pensión.
La gran mayoría de los trabajadores han fantaseado en algún momento con jubilarse antes de la edad ordinaria de jubilación para acortar el tiempo que ha de pasar en el trabajo y empezar a disfrutar de un merecido (y ya sí, ininterrumpido) descanso. En general, en España se puede acceder a una jubilación anticipada desde los 61 años, aunque cada caso será un mundo.
Con la llegada dle nuevo año el sistema de pensiones español ha experimentado varias modificaciones que afectan a distintas materias. Estos cambios ya han entrado en vigor y tienen su origen en las reformas aprobadas en la última década para hacer más sostenible dicho sistema de pensiones, especialmente con la llegada de las jubilaciones de la generación del 'baby boom'.
Lo que supone en la práctica cotizar por completo en el segmento de trabajadores con salarios más altos, en realidad es un paso decisivo para convertir el actual sistema de Seguridad Social en otro sistema impositivo más, bajo una lógica parecida al IRPF y con una separación cada vez mayor entre cotización y prestación. Tomar este tipo de decisiones supone una multiplicidad de consecuencias a largo plazo, algunas de ellas hoy difícilmente estimables. Sin embargo, lo que está primando es el cálculo de corto y, como mucho, de medio plazo, concretamente un horizonte de 5-10 años.
La reforma de pensiones que negocia José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, incluye un aumento del límite de las bases máximas de cotización y de las propias pensiones más altas del sistema. Según cálculos facilitados por el departamento de Escrivá a los agentes sociales a los que tuvo acceso elEconomista.es, el impacto neto resultante del incremento de ingresos menos el mayor gasto en pensiones resulta en un pico del 0,27% del PIB en 2050. Es decir, tras actualizar las tablas en base a un crecimiento medio anual del PIB del 2% hasta mitad de siglo, el saldo de ingresos acumularía una mejora de solo 7.300 millones de euros, según cálculos elaborados con el economista Javier Santacruz.
Un impuesto oculto muy distorsionante. Así calificaban desde la Fundación de Economía Aplicada (Fedea) la propuesta del Gobierno de destopar gradualmente las bases máximas de cotización a la Seguridad Social. De hecho, un informe del Tesoro, organismo dependiente de Economía, a los inversores ya admite que se destruirá empleo en 2023, con una caída del 0,2% en las contrataciones. Frente a la subida del 0,6% que fabulan en los Presupuestos del Gobierno.
Al llegar al retiro de nuestra vida profesional, nos vemos en la tesitura de no saber lo que ocurrirá después de ese momento. Nos genera inquietud, y solo pensamos en aquellas garantías que nos puede dar la cotización de todos los años trabajados. Sin embargo, para un 'coach de jubilación' no todo se traduce en dinero, también hay otras preocupaciones fundamentales que llegan a esas alturas de la vida.
Está confirmado que la reforma de las pensiones tendrá que esperar a 2023. Después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones emplazara en la última semana del año a los agentes sociales a un acuerdo sobre las pensiones que no se produjo, ha sido imposible pactar antes del cierre de 2022. Y si el Gobierno había acordado con Bruselas que la segunda parte de la reforma de las pensiones, en el marco del Plan de Recuperación, estaría lista antes de 2023 parece que a la Comisión Europea le importa más el cumplimiento de objetivos que los plazos.
El deseo de todos los trabajadores es conseguir una pensión de jubilación de la cuantía suficiente para tener cubiertas sus necesidades una vez pasada su etapa profesional. Esto solo puede hacerse a través de las cotizaciones, pero los ciudadanos disponen de varias alternativas para poder obtener las cantidades con las que queden satisfechos.
Los seguros de automóviles están abocados a mostrar un fuerte encarecimiento en 2023. Por un lado, es una subida obligada ya que la ley marca que los gastos asociados a daños personales e indemnizaciones se ajusten con la revalorización anual de las pensiones (el 8,5% en este caso).
De igual forma que procede a su concesión o denegación, así como a su pago, la Seguridad Social tiene la potestad de decidir si, en un momento dado, tiene que suspender o extinguir la pensión de incapacidad permanente de una persona que la viniese cobrando hasta entonces.
Entre 2001 y 2002 se despenalizó el delito de insumisión para las personas que se negaban a hacer la mili, pero la figura del servicio militar obligatorio siempre ha sido famosa en nuestra país y se ha consolidado como uno de los ejemplos característicos de una etapa pasada que probablemente no vuelva a tener lugar.
Manuel Vargas es director advisory services en Alight Solutions y repasa el problema y las soluciones de las pensiones en España, además de las oportunidades en el mundo de las finanzas personales.
El número de pensiones en España roza ya los diez millones, con 9,99 millones prestaciones contributivas que se pagan a más de nueve millones de pensionistas. De todas ellas, como es habitual, el grupo más numeroso es el de pensiones por jubilación: son 6,30 millones y suponen un 72,7% del gasto total (7.939 millones de euros), tal y como se desprende de los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria es un momento clave en la vida de un trabajador. La gran mayoría de los mismos decide, en esa fecha, poner fin a su trayectoria profesional para descansar y disfrutar de un más que merecido descanso. Una opción, sin embargo, que es voluntaria...salvo en algunos casos.
José Ignacio Conde-Ruiz es economista especializado en pensiones y lidera ahora el Foro de Expertos del Instituto Santalucía. Es catedrático en la UCM y subdirector de Fedea. Fue uno de los sabios de la reforma de 2013 y ahora analiza la reforma del presente que pone en vilo el futuro de las pensiones en España.
