Madrid
Lo que supone en la práctica cotizar por completo en el segmento de trabajadores con salarios más altos, en realidad es un paso decisivo para convertir el actual sistema de Seguridad Social en otro sistema impositivo más, bajo una lógica parecida al IRPF y con una separación cada vez mayor entre cotización y prestación. Tomar este tipo de decisiones supone una multiplicidad de consecuencias a largo plazo, algunas de ellas hoy difícilmente estimables. Sin embargo, lo que está primando es el cálculo de corto y, como mucho, de medio plazo, concretamente un horizonte de 5-10 años.
Éste es el período prudencial en el que se puede cubrir, si quiera en parte, los excesos de gasto que se están produciendo en esta legislatura, antes de que a partir de 2030 y hasta 2040 llegue el tsunami que supondrá para el sistema público la jubilación del grueso de la cohorte de los nacidos entre 1960 y 1975. Por tanto, en términos estrictamente de corto plazo, el destope de las bases máximas de cotización es una forma de apaciguar las presiones presupuestarias y, sobre todo, del alarmante incremento de la deuda de la Administración de la Seguridad Social, la cual roza los 100.000 millones según el último dato publicado por el Banco de España correspondiente al tercer trimestre de 2022.
Sin embargo, no se están midiendo correctamente los riesgos que tiene disparar la presión fiscal en los salarios más altos en términos tanto de productividad como de oferta de trabajo. Dado lo gravoso de la cotización para la empresa (un sobrecoste del 30% promedio sobre el salario pactado con el trabajador), las bases máximas tenían la lógica de no desincentivar la contratación del personal de más alta cualificación y responsabilidad en una empresa. A partir del destope, lo más probable es que el mercado de directivos, ejecutivos y perfiles senior a partir de determinado nivel (incluyendo los del sector público) sufra cambios relevantes para adaptarse a la nueva realidad con consecuencias sobre el estatus de estos, sus salarios y sus condiciones de trabajo.
Más allá del efecto a corto y medio plazo de la medida sobre trabajadores y empresas, el quid de la cuestión es que da "pan" hoy, pero puede provocar "hambre" mañana, concretamente a partir de los años 5 a 10 de haber aprobado el destope. Esto es porque los trabajadores por encima de 55 años habrán consolidado en sus últimos años de carrera laboral una base de cotización superior y, en consecuencia, devengará una pensión también superior, lo cual provocará un incremento más que proporcional del gasto en pensiones a partir de 2030. Si en España existiera una amplia base de salarios altos, el incremento de recaudación por cotizaciones sería lo suficiente como para otorgar estabilidad al sistema y merecería la pena asumir el incremento del gasto en los 10 años siguientes.
Pero no estamos en ese escenario, dado que la proporción de salarios altos sobre el conjunto de la masa salarial en España es muy reducida y teniendo en cuenta que el sistema público de reparto está generando tasas de retorno promedio anual superiores al 3%, el destope debería generar un incremento de recaudación como mínimo del 3% más inflación para que la operación fuera "rentable" para el sistema. Aportar apenas 350 millones anuales con esta medida genera más problemas que soluciones tanto a corto como a largo plazo.
