Madrid
Las pensiones públicas se beneficiarán de una mejora del 8,5% para compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación. Este incremento provoca, como consecuencia, un salto también en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que deberán abonar los beneficiarios de la pensión públicas en la declaración correspondiente al ejercicio de 2023. En el caso de los pensionistas con la pensión máxima del sistema -que supera ya los 42.000 euros anuales-, el incremento extraordinario por este impuesto será de unos 1.360 euros.
Son cálculos facilitados por el Consejo General de Economistas (CGE) a elEconomista.es. Así, refleja la parte del gasto en pensiones que retornará al Estado en forma de impuesto sobre la renta. Para cuantificar este impacto, se toma el ejemplo de un pensionista jubilado, soltero y de 70 años. Para una pensión media del sistema, que asciende a casi 19.000 euros este año, la diferencia a pagar en la declaración de la renta de primavera de 2024 será superior a 170 euros, aportando en total casi 1.600 euros por este tributo.
La prestación pública media de los asalariados -la mayor parte de los pensionistas que han cotizado durante sus carreras en el Régimen General-, ha mejorado hasta rebosar los 21.300 euros tras la subida del 8,5% recogida en los Presupuestos. En la próxima declaración, se prevé un incremento del desembolso en este impuesto que se aproxima a los 600 euros, llegando a declarar por IRPF casi 2.650 euros.
En el extremo más próximo a la pensión máxima, el tramo previo sumará a su declaración por IRPF más de 1.000 euros tras conseguir una subida de casi 3.000 euros por la indexación de las pagas públicas a la inflación media. Los jubilados en este tramo abonarían, por tanto, más de 7.000 euros a las arcas de la Agencia Tributaria; y el tramo máximo también rebosaría los 8.000 euros por esta partida.
2.000 millones extra
El tipo medio efectivo aplicado sobre las pensiones en la declaración de 2021 fue ligeramente superior al 15%. Al aplicar ese porcentaje sobre el coste de la subida aproximado, que supera los 13.000 millones de euros al descontar las pensiones que quedan por debajo del mínimo exento de declaración -en 15.000 euros, tras elevarlo en 1.000 euros como medida de protección a las rentas más bajas-, la mejora de ingresos para las arcas del Estado sería de unos 2.000 millones, según cálculos facilitados por el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo.
Bajo el punto de vista de Izquierdo, la revalorización de las pensiones mantiene de fondo el problema de la "progresividad en frío" del sistema tributario. La recuperación de poder adquisitivo queda mermada, en parte, por la parte correspondiente que debe ir destinada en impuestos a Hacienda. Es un término que recoge las distorsiones que produce la inflación en los tributos que gravan la renta o la riqueza de las personas de acuerdo con la escala progresiva de este impuesto sobre la renta.
"El Gobierno se ha preocupado más de actualizar las pensiones, es decir, la partida de la renta, que de la progresividad en frío que provoca pagar más impuestos con un menor poder de compra", reflexionan desde el think tank asociado a CEOE.
En este sentido, el caso de progresividad en frío llevado al extremo sería el de los pensionistas, que son los que más subida obtienen. Expertos de Previsión Sanitaria Nacional (PSN) consideran que esta mayor carga impositiva merma la recuperación del poder adquisitivo de los pensionistas.
Pese a todo, desde el CGE puntualizan que "todos los pensionistas van a cobrar más pensión en términos netos que la que cobraban antes de la revalorización, aunque tengan que pagar más impuestos, por lo que salen ganando". Con matices, ya que habría que vigilar de cerca a aquellos pensionistas que saltan de tramo en la tarifa del IRPF y pagarán proporcionalmente más, es decir, el problema de la progresividad en frío, indican.
"El impuesto final que paga cada pensionista depende de sus circunstancias personales y familiares, de si cobra otro tipo de rentas… Por eso es complicado generalizar", añaden los Economistas.
17.000 'kilos' más por el empuje del IPC
El impacto concreto sobre los tributos que pagarán, de media, los pensionistas en la declaración correspondiente a 2023 tiene que ver, en parte, con una inflación histórica e inédita en cuatro décadas. La revalorización de las pensiones con un IPC medio del 8,5% es la más elevada de la historia, mientras la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que el encarecimiento del coste de la vida provoque un incremento de los ingresos de 17.000 millones por diversas partidas.
Los auditores independientes estimaron, en el análisis de la previsión de gastos e ingresos del Gobierno, que dicho impacto fue del 49,3% ya en 2022 (15.109 millones de euros). Este impacto se potenciaría en 2023, al aumentar hasta el 71,4%, cosechando más de 17.300 millones.
Por figuras, el incremento más importante se corresponde a las cotizaciones sociales que ingresará la Seguridad Social, con un extra recaudatorio ligeramente superior a 10.000 millones. Las mejoras de los salarios motivadas por el incremento del coste de vida provoca una mejora de las bases de cotización que beneficiará a las deficitarias arcas del sistema público de pensiones. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social no permiten precisar cuánto aumentan las bases de cotización -la media alcanza 1.974 euros mensuales- durante 2022, pues llegan solo hasta junio, mientras los convenios salariales tampoco alcanzan a todas las nóminas y son solo señas parciales.
Después de la partida de las cotizaciones hay dos figuras que mejorarán su comportamiento recaudatorio en 2023 a raíz de la inflación que aún arrastra la economía española del pasado 2022. El IRPF sumará casi 4.000 millones caídos del cielo y el IVA otros 3.300 por la subida de precios.
El incremento de la base imponible, tanto en el impuesto de la renta como en el impuesto indirecto sobre el consumo, viene provocado esencialmente por la inflación, que empuja los salarios y el precio de los productos y servicios. Tiene un impacto "automático" en la recaudación, según Funcas.
