Pensiones

La última parte de la reforma de pensiones del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá propone un destope de las bases máximas de cotización ligado al IPC medio anual más otros 30 puntos extra hasta 2050. Una medida que elevará de forma histórica el límite de cotizaciones a la Seguridad Social. Junto a la subida de 0,6 puntos sobre todas las nóminas por el Mecanismo de Equidad ya en 2023, el decil de mayor renta afronta la mayor senda de subida de las cotizaciones de la historia hasta mitad de siglo mientras las pensiones más altas solo crecerán con el IPC más 3 puntos.

Ya somos 8.000 millones de personas en el mundo. Crece la población a nivel mundial, pero ¡qué contraste!, en nuestro país los nacimientos alcanzaron el pasado septiembre el mínimo histórico: caídas del 5,4% frente a septiembre de 2021, del 6,30% en comparación con 2020 y del 8,69% con relación a septiembre de 2019, antes de la pandemia.

Las pensiones de incapacidad permanente son las terceras más abonadas dentro del ramillete de pensiones contributivas de nuestro país. De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, cada mes se abonan más de 950.000 prestaciones de este tipo, probablemente el más especial dentro de las contributivas.

Cuando una persona se jubila y pasa a ser pensionista no puede olvidarse de sus obligaciones para con el fisco. Lo mismo sucede con otras pensiones como las de viudedad o las de incapacidad permanente. La razón es que, a ojos a Hacienda, estas prestaciones son consideradas rentas del trabajo.

La jubilación anticipada es una opción muy atractiva para los trabajadores que desean adelantar su retiro profesional y no tener que esperar a la edad ordinaria de jubilación. Las posibilidades de hacerlo dependerán de la trayectoria profesional de estas personas: cada caso puede ser realmente un mundo.

Las pensiones de jubilación son, de largo, las más numerosas de las casi diez millones de prestaciones contributivas que se abonan mensualmente en nuestro país. De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, son más de 6,28 millones de pensiones las que se pagan en este concepto, y todas ellas experimentarán cambios a partir de 2023.

La edad ordinaria de jubilación en España es de entre 65 y 66 años y dos meses dependiendo de la cotización del trabajador. La normativa recoge diferentes opciones para anticipar esas jubilaciones, pero con carácter general solo se permiten adelantos de cuatro años y todos ellos implican recortes en la pensión de jubilación.

La Seguridad Social ha abonado la nómina de pensiones correspondiente a noviembre, una nómina en la que abonan la paga extraordinaria de Navidad. El gasto en pensiones se dispara hasta más de 21.500 millones de euros al sumar las dos pagas, lo que supone un crecimiento del 4,5% frente al año pasado. La nómina mensual contributiva asciende a 10.900 millones, el 11,7% del PIB. Mes a mes, el gasto en pensiones alcanza un nuevo récord.

Los pensionistas que reciben una pensión contributiva en nuestro país tienen una buena noticia. Con la llegada del mes de diciembre percibirán la paga extra de Navidad de las pensiones, una de las dos que abona la Seguridad Social, junto con la de verano, a lo largo del año.

Las pensiones de jubilación son las más abonadas por la Seguridad Social. Dos tercios de la nómina mensual de pensiones contributivas se pagan en este concepto, más de seis millones (datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social), por lo que resulta muy útil conocer cómo se calculan esas pensiones que llegan a los jubilados.

Más de 691.000 personas perciben un subsidio por desempleo en nuestro país, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Uno de los grupos destacados dentro de todos estos beneficiarios es el que cobra el subsidio para mayores de 52 años, una de las situaciones desde las que se puede acceder a la jubilación anticipada.

El proceso de una solicitud de incapacidad permanente es muy diferente si se le compara con otros de otras prestaciones contributivas como las de jubilación o viudedad. Durante los 135 días hábiles que la Seguridad Social tiene para contestar el ciudadano ha de pasar por diferentes fases, entre las que destaca por encima de todas la visita al tribunal médico.

Todas las modalidades de jubilación obligan al trabajador a acumular ciertas cotizaciones a lo largo de su vida laboral. Esto sucede en la jubilación ordinaria y también en las dos grandes variedades de jubilación anticipada, que permiten adelantos de entre dos y cuatro años respecto a la edad de jubilación.

¿Pensionistas declarando ingresos que cuadriplican la pensión máxima del sistema público? La duda y la sorpresa no es una reacción extraña tras ver la estadística que publica la Agencia Tributaria. Según estos datos referentes al 2021, en España hay más de 11.000 jubilados que podríamos calificar sin lugar a dudas de ricos. De hecho, ante el fisco declararon 2,57 pensiones medias por valor cercano a 165.000 euros anuales como suma de los ingresos anuales percibidos en varias pensiones, de la Seguridad Social y de los instrumentos de ahorro.

Como no podía ser de otra manera, los trabajadores piensan en conseguir una pensión de jubilación de la mayor cuantía posible dentro de sus posibilidades. Para ello tendrán que realizar contribuciones a lo largo de su vida. Esas contribuciones (por eso las pensiones de jubilación mayoritarias son las contributivas) son las cotizaciones.

Un despido siempre se trata de una situación muy delicada para el trabajador, ya que le supone un antes y un después en su vida. Un cambio que incluso puede ser todavía más complicado cuando se produce cerca de la edad de jubilación, un periodo en el que resulta complicado reintegrarse en el mercado laboral consiguiendo un nuevo trabajo.

Las pensiones de incapacidad permanente son las terceras más abonadas del todo el catálogo de pensiones contributivas de la Seguridad Social, con cerca de 950.000 prestaciones cada mes (datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social). Por su origen y las situaciones que cubre, es quizá la más peculiar de las pensiones contributivas, aquellas que dependen en mayor o menor medida de una aportación del trabajador, a través de las cotizaciones.

La última parte de la reforma de pensiones comprometida en el Plan de Recuperación centra parte de sus objetivos en la modificación de las bases máximas de cotización y de las propias pensiones más elevadas del sistema público con la vista en mitad de siglo. Dos elementos esenciales: los ingresos por cuotas y la paga que recibe el jubilado tras su carrera laboral. En público, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha situado la horquilla del aumento para la pensión máxima entre el 15% y el 20%. El ministro otorga peso a una subida de entre el 20% y el 30% del tope de las bases de cotización.

El destope implica que aumentarán las cotizaciones de los trabajadores que, por sus salarios, venían cotizando a máximos y que cuando llegan a la jubilación, la base reguladora es superior a la pensión máxima de la Seguridad Social y vuelven a reducir sus pensiones respecto a lo que cotizaron durante su vida laboral. No es tan relevante el horizonte temporal de los 30 años que plantean, sino la brecha que actualmente existe entre las bases máximas cotizadas y la pensión máxima que se obtenga al jubilarse.

La base reguladora es un concepto que se hace común en la vida de los trabajadores desde el momento en el que generan derecho a cobrar, si fuese necesario, prestaciones por desempleo y, en el futuro, pensiones contributivas. La más destacada de todas ellas, la de jubilación, no escapa a esta realidad.

Las pensiones contributivas, como la de incapacidad permanente, exigen en ocasiones requisitos de cotización para poder cobrarlas. En lo que concierne a las de incapacidad permanente esta cotización en la gran mayoría se pide en aquellos casos en los esa incapacidad derive de una enfermedad común.

La edad real de jubilación en España es de 64,8 años, según los datos provisionales para 2022 de la Seguridad Social. Esta cifra es ligeramente inferior a la edad de jubilación ordinaria y una fecha relativamente asequible para lograr una jubilación anticipada siempre que se reúnan los requisitos que solicita el sistema y se asuman los recortes en las pensiones que conllevan.

Aún queda más de un mes para las festividades de Navidad, pero en el sistema de pensiones se acerca la fecha de la paga extra de las pensiones, una de las 14 mensualidades de las prestaciones contributivas que se abona a millones de pensionistas en nuestro país y de la que quedan fuera algunos casos concretos.

Como cada año desde hace casi una década, la llegada de 2023 traerá consigo diferentes cambios en el sistema de pensiones español. Estas modificaciones afectan a diferentes materias dentro de las competencias de la Seguridad Social, pero una de las más destacadas es la de los requisitos para jubilarse.

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) del Ministerio de Hacienda rechaza la doctrina establecida por la dirección general de tributos, en su resolución de 24 de octubre de 2022, al establecer que cuando se reciben prestaciones de diversos planes de pensiones, con aportaciones anteriores a 2007, la reducción del 40%, puede aplicarse a todas las cantidades percibidas en pago único y forma de capital en el ejercicio en el que se realice el cobro y en los dos ejercicios siguientes, y no solamente en un ejercicio.

Aunque todos los años importan, los ejercicios previos a la jubilación de los trabajadores son probablemente los más importantes de cara a lo que será en el futuro su pensión de jubilación. Especialmente en aquellos casos en los que creen que sus cotizaciones serán más bajas de lo que desea y buscando tener una cuantía que consideren suficientemente adecuada.

Con el objetivo de mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones, desde la Seguridad Social se trata de incentivar la mayor permanencia posible de los trabajadores en el mercado laboral, ya que así siguen cotizando y realizando aportaciones que se pueden destinar al abono de las pensiones, un gasto que supone el 11,8% del Producto Interior Bruto del país, de acuerdo con los datos oficiales del organismo.

Suena como a algo de otro planeta, de otra época, pero muchos ciudadanos tuvieron que realizar en su momento el servicio militar obligatorio, más conocido como la 'mili', o bien optaron por la prestación social sustitutoria si se declararon como objetores de conciencia. Todas estas personas, incluidas las mujeres que realizaron el servicio social femenino obligatorio, tienen una pequeña recompensa como contraprestación por esos periodos alejados de un trabajo que les permitiese cotizar.

La pensión de jubilación a la que nos referimos de forma coloquial es en verdad la denominada pensión contributiva de jubilación y, en honor a su nombre, obliga a los trabajadores a realizar diferentes contribuciones a lo largo de su vida profesional para tener derecho a cobrarla posteriormente. Estas contribuciones son las cotizaciones a la Seguridad Social.