Pensiones

Todos los componentes de la mesa de negociación por la reforma de pensiones en el seno del diálogo social cargan contra el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por el retraso y la falta de información en esta segunda parte de la reforma que debe estar lista este semestre. Tal y como informó este medio, en privado ya mostraban un cierto malestar e inquietud que ahora trasladan públicamente cuando son preguntados por las diferencias con ministro Escrivá.

'Hacienda somos todos', decía el eslógan, y eso aplica para todos los ciudadanos españoles, tal y como reza esa frase que ha pasado a formar parte de la cultura popular española. Esto también afecta a los pensionistas, que una vez retirados de su vida profesional mantienen su condición de contribuyentes aunque estén jubilados.

Adelantar el momento de dejar la carrera profesional y tomar el camino de la jubilación es una más de las opciones que proporciona el sistema de pensiones español. No siempre puede hacerse, pero cumpliendo una serie de requisitos es posible anticipar el retiro antes de la edad ordinaria de jubilación, que varía entre los 65 y los 66 años y dos meses dependiendo de la cotización del ciudadano.

La pensión de incapacidad permanente es la tercera más abonada de todas las prestaciones contributivas que abona la Seguridad Social, pero su cobro no tiene por qué ser eterno. Están sujetas a revisiones del tribunal médico, a mejoras en la salud del trabajador...y, claro está, a la jubilación de la persona que la percibe.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha descartado que en España se necesite subir la edad legal de jubilación a los 70 años, porque los 67 años que se establecieron para 2027 es una edad "más que suficiente" para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

La jubilación anticipada es una opción muy atractiva para los trabajadores que desean adelantar su retiro profesional. Para ello tendrán que cumplir los requisitos que marca cada modalidad. En base a las circunstancias del trabajador en el momento del acceso a la jubilación tendrá que acogerse a una u otra, y en función de esa elección tendrá que acreditar diferentes requisitos.

El responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Doménech, alertó ayer del "problema que supone descansar todo el ajuste de las pensiones en un aumento de la presión fiscal". El economista señaló el riesgo del aumento "significativo" de la presión fiscal para poder cubrir un gasto en pensiones creciente y, especialmente, el déficit estructural del sistema de pensiones. El próximo año, el ministerio de Escrivá aplicará un doble esfuerzo extra fiscal con el incremento de las bases máximas de cotización del 8,6% y la sobrecotización de 0,6 puntos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá defiende los incentivos para alargar la jubilación para garantizar, en cierta medida, parte el incremento del gasto en pensiones provocado por la revalorización con el IPC. El ministro destaca que estos incentivos aliviarían de gasto al sistema en 1,5 puntos sobre el PIB, por 2,7 puntos que sumará la indexación a la inflación a largo plazo.

Las pensiones contributivas de jubilación son, de largo, las más abonadas de todo el sistema: significan el 62,9% de los casi 10 millones que se pagan mes a mes. Es por eso que también son las prestaciones más solicitadas y, por lo tanto, obligan a la Seguridad Social a dar una respuesta en un periodo de tiempo no demasiado largo.

La senda de reducción de los números rojos de la Seguridad Social se romperá el próximo año 2023. El análisis de las cuentas del departamento encargado de las pensiones, la principal partida del gasto de los Presupuestos, revela que el déficit de la Seguridad Social bajará al 0,4% del PIB a cierre de 2022 -es decir, una décima mejor de lo proyectado por el Gobierno, para repuntar al 0,7% -0,9% si se deducen los ingresos extra del Mecanismo de Equidad, que van directamente al Fondo de Reserva- el próximo año. Este desvío implica un incremento de medio punto equivalente a 8.256 millones.

Todo el mundo quiere cobrar en el futuro una pensión de jubilación de la mayor cuantía posible, pero no tanta gente conoce cómo se calcula el importe de estas prestaciones ni lo que se tiene en cuenta a la hora de proceder a ese cálculo. En lo que a muchas personas se les antoja casi como un jeroglífico tienen extrema importancia dos conceptos que, al contrario de lo que se piensa, no son lo mismo: la base de cotización y la base reguladora de los trabajadores.

La gran mayoría de los trabajadores desean jubilarse de forma anticipada, es decir, antes de la edad ordinaria de jubilación. La normativa permite hacerlo de diferentes maneras, pero en cada una de ellas se contemplan diferentes requisitos y una edad mínima a partir de la cual se puede adelantar esa jubilación.

Un día después de la euforia monclovita, economistas consultados por este diario advierten de los aspectos menos lúdicos y propagandísticos del acuerdo alcanzado en la madrugada del lunes, según el cual se da luz verde a un fondo de Recuperación de la UE de 750.000 millones de euros -140.000 millones irán destinados para España-.

La Seguridad Social registró un déficit de 740 millones de euros en los nueve primeros meses del año, tras ingresar en este periodo 104.395 millones de euros, un 8,6% más que el año pasado, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 6.981,6 millones de euros para proporcionar cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Todas las solicitudes de una pensión contributiva tienen sus tiempos de resolución por parte de la Seguridad Social (el organismo encargado de decidir si las concede o las deniega), pero en el caso de la pensión de incapacidad permanente todo se complica un poco más, ya que el procedimiento se compone de unas fases especiales.

Desde 2022 se han dado diferentes novedades que afectan a los pensionistas españoles. Una de ellas está íntimamente relacionada con el nuevo método de revalorización de las pensiones contributivas, en base al Índice de Precios al Consumo (IPC), es decir, la inflación. Y, aunque parezca en un primer momento una mala noticia, no tiene efecto en el bolsillo de más de los nueve millones de pensionistas que perciben alguna de estas pensiones.

La jubilación anticipada obliga a los trabajadores a cumplir una serie de requisitos que forman una especie de criba que compensa ese adelanto en el retiro profesional para pasar a ser pensionista. Una de las condiciones obligatorias es acreditar un determinado nivel de cotización.

Las pensiones de jubilación son la gran partida de gasto dentro del abanico de pensiones contributivas que se abonan todos los meses. Estas prestaciones son la mayoría, ya que significan el 62,9% del total: 6,27 de los 9,95 millones del total, de acuerdo con los datos que ha publicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en su página web.

La cotización es un elemento indispensable porque permite el acceso a las pensiones contributivas de jubilación y una mayor cuantía de los importes de estas prestaciones. Es por ello, también, que los periodos sin cotizar tienen un impacto tan negativo para los trabajadores cuando solicitan su jubilación.

Todos los trabajadores tienen acceso a la jubilación anticipada si reúnen los requisitos necesarios para ella, pero solo unos determinados ciudadanos pueden acogerse al anticipo máximo de la jubilación de los empleados del Régimen General: retirarse de forma definitiva del mundo profesional a los 61 años.

La denominada entre economistas como reforma silenciosa de las pensiones supone unos mayores incrementos de las bases máximas de cotización que de las pensiones más elevadas del sistema. Un ejemplo que muestra esta brecha es que la ampliación del diferencial entre aportación máxima y renta recibida a cambio en la jubilación ha subido 9 puntos porcentuales desde 2010, pasando del 23% al 32%. Este cálculo es un simple ejemplo de una brecha que, según observan en Civismo con datos de la Seguridad Social en la mano, es fija desde al menos 1984.

Los trabajadores que se jubilan de forma anticipada adelantando su retiro profesional lo hacen asumiendo que verán recortada su pensión de jubilación. Sin embargo, estos recortes afectarán al trabajador de una u otra forma en función del tiempo de adelanto de la jubilación, de la modalidad elegida y de la cotización previa.

La última parte de la reforma de pensiones se maneja entre una calma tensa, con menos reuniones de lo habitual y sin propuestas en firme sobre la mesa por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá, una iniciativa que permitiría a los agentes sociales ver un horizonte con cálculos y escenarios concretos. Precisamente, miembros del diálogo social trasladan cierta sensación de inquietud ante una reforma clave de pensiones que creen que debe acelerarse porque tiene marcado en rojo en el calendario el próximo 31 de diciembre.

Las pensiones de incapacidad permanente se otorgan a las personas que a causa de una enfermedad o dolencia se ven o bien limitadas en su puesto de trabajo o bien incapacitadas para desempeñar función alguna en una empresa. De esto se sobreentiende que un requisito fundamental es ver interrumpida o modificada la situación laboral de ese trabajador a causa de su enfermedad o lesión...pero nada más lejos de la realidad.

La última 'reforma Escrivá' para impulsar el ahorro complementario de cara a la jubilación a través de planes de pensiones ha tocado varias palancas. La principal modifica la fiscalidad de estos planes privados, que han visto reducido su límite de aportaciones de 10.000 euros hasta 1.500 euros que limita el potencial de ahorro hasta el 60% del máximo alcanzable con la fiscalidad media de la Unión Europea, según calcula el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

La Seguridad Social, en pleno contexto de reformas del sistema de pensiones, informa en sus canales oficiales acerca de las novedades en esta materia y los efectos sobre los ciudadanos. Uno de los colectivos que más afectados pueden verse es el de las personas que se aproximan a la edad de jubilación.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pidió este lunes prudencia al Gobierno, no sin antes advertir del riesgo que supone sufragar el gasto estructural público, que se aprecia en los Presupuestos Generales, con el incremento de la recaudación tributaria que vienen experimentado las Cuentas del Estado, como consecuencia de las altas tasas de inflación.

Las pensiones de incapacidad permanente son las terceras más abonadas en España tras las de jubilación y las de viudedad. Estas prestaciones contributivas no se cobran de forma indefinida y, además, están sujetas al cumplimiento de diferentes requisitos. En caso contrario puede perderse el derecho a percibirlas.

Los investigadores de BBVA Research, Rafael Domenech y Enrique Devesa, han analizado las principales partidas de las cuentas presupuestarias de la Seguridad Social de cara a 2023, reclamando medidas de contención del gasto paralelas a la revalorización. El año próximo afrontará, principalmente, una revalorización generalizada de las pensiones conforme un IPC medio proyectado del 8,5%. Pese a la transferencia récord del Estado de 39.000 millones o a una previsión de ingresos por cotizaciones importante, el sistema se mantendrá en déficit.