Fedea alerta de un alza del déficit de la Seguridad Social de 8.200 millones en 2023

La senda de reducción de los números rojos de la Seguridad Social se romperá el próximo año 2023. El análisis de las cuentas del departamento encargado de las pensiones, la principal partida del gasto de los Presupuestos, revela que el déficit de la Seguridad Social bajará al 0,4% del PIB a cierre de 2022 -es decir, una décima mejor de lo proyectado por el Gobierno, para repuntar al 0,7% -0,9% si se deducen los ingresos extra del Mecanismo de Equidad, que van directamente al Fondo de Reserva- el próximo año. Este desvío implica un incremento de medio punto equivalente a 8.256 millones.

Miguel Ángel García, investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, firma este análisis en el que se proyecta esta evolución desfavorable para las cuentas la Seguridad Social. 

Para conocer esta evolución de los ingresos y gastos totales, Fedea toma "criterios prudentes" basados en un crecimiento de la actividad del 2,1% en 2023. Sus cálculos modifican la previsión de ingresos por cotizaciones a la baja (incremento del 7,1% por el 7,3% que espera el Gobierno) y consideran que el departamento de Escrivá infraestima en 2.800 millones el gasto en pensiones recogido en los Presupuestos.

"De cumplirse estas previsiones, la evolución de los ingresos por cotizaciones sociales en 2023 (5,1% deducidos los ingresos extra del Mecanismo de Equidad, que aportaría 2 puntos extra) será muy inferior al aumento del gasto en pensiones (10,1%). Con el aditamento sobre el efecto en el saldo de conocer que la magnitud de partida de los ingresos es inferior a la de gastos", explica Fedea en el documento.

Para que el déficit alcance el 0,9% se cumpliría, según esta predicción, se excluye del cálculo los 2.793 millones que espera ingresar la Seguridad Social por la modificación del tipo de cotización que incrementa el esfuerzo de empresarios y trabajadores para pagar cuotas en un 0,6%. Un dinero destinado al Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones que tiene como objetivo el ahorro para cubrir las décadas de mayor tensionamiento financiero del sistema, en 2030 y 2040.

Transferencias "cuestionables"

"De ser así, se alejaría del objetivo del Gobierno de alcanzar el equilibrio presupuestario en la Seguridad Social al final de la legislatura a pesar de haber inyectado transferencias adicionales desde el Estado por valor de 1,4 puntos del PIB (19.888 millones de euros)", subraya este experto. De hecho, el porcentaje del gasto en pensiones que financia el Estado es una fuente de financiación que prácticamente se ha duplicado en una década y es ya superior al 20% del total. 

Es más, García subraya que sin tener en cuenta esta "cuestionable" transferencia, el déficit de la Seguridad Social aumentaría hasta el 2,4% del PIB en 2023, "explicando el 72% del déficit de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 y algo más del 60% de la previsión oficial de déficit de todas las administraciones públicas en el próximo año".

"Conocido el contenido del presupuesto, podría considerarse incoherente que en un sistema con saldo negativo a pesar de haber inyectado una gran cantidad extra de dinero y en el que se espera en breve la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación, se proceda a elevar todas las pensiones en un porcentaje muy elevado, que aumentará exponencialmente durante muchos años", argumenta.

En opinión de García, la llegada de un choque externo "inesperado y abrupto" que ha disparado la inflación, "ha demostrado el riesgo de mantener en cualquier circunstancia la actualización de las pensiones con el IPC, facilitando que los pensionistas sean de los pocos colectivos que consiguen proteger su renta ante un fenómeno que esperemos sea excepcional, deteriorando la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y la equidad personal y entre generaciones, consecuencia de una desequilibrada distribución de los esfuerzos entre la población española".

Para García, resulta "preocupante" que las cuentas de la Seguridad Social recojan el creciente recurso a las transferencias del Estado "para financiar unos supuestos gastos impropios de la Seguridad Social que, al menos en parte, no son tales y por tanto no deberían correr a cargo del Estado".

Estas transferencias, que ascienden ya al 1,4% del PIB, tienen, a su juicio, el efecto de trasladar una porción del déficit real de la Seguridad Social contributiva a las cuentas del Estado, "ofreciendo así una imagen no ajustada a la realidad de la salud financiera del sistema contributivo de pensiones".

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