
La denominada entre economistas como reforma silenciosa de las pensiones supone unos mayores incrementos de las bases máximas de cotización que de las pensiones más elevadas del sistema. Un ejemplo que muestra esta brecha es que la ampliación del diferencial entre aportación máxima y renta recibida a cambio en la jubilación ha subido 9 puntos porcentuales desde 2010, pasando del 23% al 32%. Este cálculo es un simple ejemplo de una brecha que, según observan en Civismo con datos de la Seguridad Social en la mano, es fija desde al menos 1984.
La reforma silenciosa arroja un cambio sustancial en la contributividad del sistema que pasa aparentemente desapercibido. Según la experta en pensiones Inmaculada Domínguez, profesora titular de Universidad de Economía Financiera e investigadora en Civismo y del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social (UEx y UV), esta reforma modifica elementos del sistema que tienen importantes consecuencias pese a no ser una reforma sobre el papel, como se está planteando actualmente con el destope de las bases máximas y las de las pensiones.
Así, esta leve modificación a lo largo del tiempo afecta directamente sobre dos recomendaciones del Pacto de Toledo. La quinta, que es la adecuación de las bases y periodos de cotización, frente a la undécima, la contributividad, que pide preservar y reforzar este principio de contributividad sin menoscabar en la solidaridad del sistema público de pensiones.
Actualmente hay pendiente una reforma pactada con la Comisión Europea dentro del paquete de medidas para adaptar el sistema de pensiones y optar a la financiación europea. Una de estas medidas es la adecuación de las bases máximas de cotización y de las pensiones más elevadas del sistema, una reforma que afectará de forma directa a una quinta parte de los cotizantes que por sus rentas de trabajo optan a una pensión máxima.
Especialmente llamativo es el frenazo que se observa en la gráfica para la pensión más elevada en la última década. Con la crisis financiera, la austeridad y las medidas de recorte del gasto de las pensiones a partir de la reforma en 2011 y 2013, el tope más alto de la pensión apenas ha subido un 12,5% desde 2010, menos de la mitad que las bases máximas para pagar cuotas a la Seguridad Social (más de un 29%).
Esta serie de cambios a lo largo de los años en las bases de cotización y la cuantía de las pensiones ha resultado en una protección progresivamente mayor para aquellos jubilados que son más vulnerables al contar con una retribución menor. Principalmente, dos puntos: hay una menor brecha entre base y pensión mínima pese a haber aumentado en los últimos años; y la diferencia entre la pensión más alta con la más baja, que ha mantenido una tendencia decreciente.
Crecimiento dispar a futuro
En los Presupuestos se recoge un incremento del 8,6% de las bases máximas de cotización, en línea con el incremento de las subidas de las pensiones, para las que el Gobierno prevé una revalorización con un IPC medio del 8,5%.
A su vez, tal como viene informando elEconomista.es, entre los planes del ministerio de las pensiones está dibujar un crecimiento de las bases máximas de cotización que esté ligado al incremento de la inflación y que, además, lleve un recargo extra que deberá negociar con los agentes sociales durante esta reforma. Todo esto mirando en el largo plazo, con vistas a mitad del siglo, para aportar certidumbre, defienden en el ministerio de Seguridad Social.
Una reforma con el objetivo de igualar las bases máximas anuales de otros países europeos: España está por debajo del límite de Alemania (84.600 euros anuales), de Italia (supera los 100.000), de Francia (también superaba los 112.000), o de otros países que tienen las bases máximas destopadas, como Portugal, Irlanda o Bélgica.
Para llegar a alcanzar las cifras de algunos sistemas de pensiones vecinos, las bases crecerán a un ritmo superior al de las pagas más altas por la diferencia extra que plantearán incluir en la próxima reforma, ya que las pensiones se revalorizan únicamente conforme la inflación media de los 12 meses previos al diciembre de cada año.
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