
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá defiende los incentivos para alargar la jubilación para garantizar, en cierta medida, parte el incremento del gasto en pensiones provocado por la revalorización con el IPC. El ministro destaca que estos incentivos aliviarían de gasto al sistema en 1,5 puntos sobre el PIB, por 2,7 puntos que sumará la indexación a la inflación a largo plazo.
En concreto, el ministro encargado de las pensiones destaca en la jornada de la APIE dedicada a las pensiones y el reto demográfico que el número de trabajadores que optan por jubilarse más allá de los 65 años está creciendo a un ritmo del 7% en los primeros nueve meses del año si se compara con la variación media de los años 2017 a 2019, antes de la pandemia. Este dato se corresponde con unas 4.000 jubilaciones tardías, según datos de la Seguridad Social. También hasta el mes de septiembre se ha producido un descenso del 12% en el número de personas que se jubilan con 61 años.
Los incentivos para la jubilación demorada introducidos este mismo año funcionan con varias opciones: desde un cheque de hasta 12.000 euros a un incremento del 4% anual de la paga de jubilación pública. Dos opciones que, además, se pueden combinar. Para favorecer las políticas de jubilación demorada se eliminó del Estatuto de los Trabajadores las cláusulas de jubilación forzosa hasta los 68 años.
El dato ha sido ofrecido a raíz del eterno debate de la sostenibilidad de las pensiones, que actualmente está en entredicho a la vista de los datos de crecimiento exponencial del gasto. A mitad de siglo, se prevé que el peso de las jubilaciones sobre el PIB se 'coma' un 15%, mientras en 2023 el gasto en pensiones subirá por encima del 10%.
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