La pensión de jubilación que recibe un trabajador una vez decide terminar su vida profesional no se calcula al azar. Obviamente, responde a un proceso de cálculo que tiene en cuenta diferentes variables establecidas por la normativa y que obedecen a la naturaleza contributiva de la prestación.
La reforma de pensiones que actualmente está en curso pone la vista en el largo plazo para marcar una senda de ampliación de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social. El Ejecutivo incluye en los Presupuestos ya una subida del 8,6% para las bases más altas como pretexto de un incremento hasta mitad de siglo que pretende igualar las cuotas con el resto de países europeos. Sin embargo, la empresa española asumía en 2020 ya el 29,9% del salario bruto del trabajador en cotizaciones a la Seguridad Social, lo que supone 8 puntos porcentuales más que la media de los países de la UE, si bien cuenta con un límite superior de cotizaciones más bajo que el resto de grandes economías del euro.
La jubilación exige a los trabajadores ciertos requisitos relacionados con la cotización o su situación de alta en la Seguridad Social, pero si hay uno que destaca por encima del resto es el de la edad ordinaria de jubilación, aquella que hay que cumplir de forma obligatoria para poder proceder al retiro definitivo de la carrera profesional.
La administración de la Seguridad Social de Estados Unidos ha anunciado este jueves que las pensiones subirán el 8,7 % en 2023, el mayor incremento en casi cuatro décadas, después de que se diera a conocer que la inflación interanual bajó al 8,2 % en septiembre.
La jubilación anticipada permite a los trabajadores dejar su trayectoria profesional antes de la edad de jubilación ordinaria que le corresponde. Es una práctica desarrollada detalladamente por la normativa y que obliga a las personas que se acogen a ella a, salvo excepciones, asumir recortes en la cuantía de la pensión de jubilación.
El gasto social que abandera los Presupuestos Generales del gobierno de coalición para el próximo 2023 está cubierto en su mayor parte por el gasto dedicado a las pensiones. En una nota del director de Fedea, Ángel de la Fuente, sobre las cuentas presupuestarias alerta del incremento del gasto en pensiones sobre el PIB. Esta partida "ha crecido a un ritmo medio anual de cuatro décimas de PIB durante el último lustro, pese a que todavía no ha comenzado la jubilación de los baby boomers", alertan desde Fedea.
Gregorio Izquierdo, ex presidente del INE y actual director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), repasa una coyuntura macroeconómica que ofrece un cierto tambaleo de cara al último trimestre de un año lleno de incertidumbre del que únicamente se prevé una moderación de la presión de los precios. Carga contra la estrategia fiscal del Gobierno por el nuevo impuesto a las grandes fortunas que perjudicará incluso al empleo.
Un sueño común de la gran mayoría de los trabajadores es jubilarse antes de tiempo, es decir, antes de la edad ordinaria de jubilación. No siempre es posible, aunque si se dan una serie de circunstancias será posible para el ciudadano adelantar el retiro profesional y disfrutar de un más que merecido descanso...incluso a partir de los 61 años.
La concesión de una pensión de incapacidad permanente tiene sus cauces, sus tiempos y sus procesos. No se ciñe a la gran mayoría de requisitos menos interpretativos como las de jubilación o viudedad (la llegada a una determinada edad, un fallecimiento...) y, por lo tanto, todo lo que rodea a esta prestación suele estar cargado de incertidumbre.
El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado los Presupuestos relativos a su cartera, la que mayor peso tiene en la partida del gasto social. Ante la espada de la sostenibilidad por un gasto en pensiones que suma 190.000 millones, el departamento encargado de las pensiones que dirige el ministro José Luis Escrivá y el secretario de Estado, Borja Suárez, fían dos puntos porcentuales de la mejora de ingresos del 8,4% al esfuerzo extra que supondrá el Mecanismo de Equidad que suma un 0,6% a las cotizaciones sociales y otros 3,8 puntos a la mejora de las bases medias impulsada por las mejoras salariales, la subida del SMI y el destope de las bases máximas de cotización.
El sistema de pensiones español basa su cobertura en las cotizaciones de los trabajadores a lo largo de su vida laboral (las denominadas pensiones contributivas), pero no deja desprotegidos a los ciudadanos que, por cualquier motivo, no llegan a los requisitos de cotización suficientes.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año han terminado por confirmar el blindaje de la recuperación del poder adquisitivo de los jubilados como escudo frente a la inflación. El Gobierno espera que el IPC medio entre diciembre de 2021 y el próximo mes de noviembre, meses observados para indexar las pensiones según marca la ley, marque un 8,5%. En el caso de los jubilados, su retribución mensual se incrementará algo más de 100 euros de media y en la comparativa anual con el sueldo más frecuente lo superará y saldrá ganando por más de 600 euros.
La principal obsesión de un trabajador a lo largo de su vida laboral es la de conseguir derecho a una pensión de jubilación y, una vez conseguido ese derecho, garantizarse la mayor cuantía posible de dicha pensión para poder disfrutar de un retiro profesional lo suficientemente seguro a nivel económico. Para ello es indispensable conocer cómo se calculan las pensiones y qué elementos son determinantes en el cálculo.
El Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado el aumento del 8,6% de las bases máximas de cotización, una medida que supone cargar con casi 1.600 euros anuales extra en cotizaciones a la Seguridad Social a los salarios que superan los 49.000 euros en los que está limitada la actual base máxima. Esta medida, tal y como confirman fuentes internas de la patronal CEOE-Cepyme y de la asociación de autónomos ATA, se presentó a espaldas del diálogo social y no fue consultada durante la reunión por la reforma de pensiones celebrada esta misma semana, antes de la presentación de los PGE. Públicamente, ayer el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, calificó de "inadmisible e impresentable" la decisión.
Cuando una persona inicia un expediente de solicitud de pensión de incapacidad permanente es porque la iniciativa parte de uno mismo. Sucede en buena parte de los casos y es lo que todo el mundo tiene en la cabeza cuando piensa en un trámite de este tipo. Sin embargo, existen casos en los que, sin comenzar este trámite, el ciudadano también consigue la prestación.
El Estado recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 una transferencia récord para "garantizar la sostenibilidad" del sistema público de pensiones que roza los 39.000 millones de euros tras crecer un 7,2%. De esta inyección, que forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la transferencia para cubrir gastos no contributivas (los conocidos como gastos impropios) suma 19.888 millones, casi 1.500 más que el año previo.
La pensión de jubilación contributiva es la más abonada en España (se pagan más de 6,25 millones al mes, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social) y, al tratarse de una prestación contributiva, obliga a sus beneficiarios a acumular ciertos periodos de cotización para tener derecho a su cobro.
El volumen de gasto social que el Gobierno liberará en 2023 no sólo resulta histórico en términos globales, al acumular un monto nunca antes visto en España de casi 270.000 millones. Más interesante aún resulta analizar el desglose al detalle de su impacto, en términos de millones de personas, que el Ejecutivo espera para el año que viene. Son, según sus propios cálculos, más de 17 millones de individuos los que el año próximo tendrán un claro denominador común: la posibilidad de que les beneficie una (o varias a la vez) de las medidas que Moncloa clasifica como propias de la "justicia social".
Aunque todavía quedan varios meses para la entrada del nuevo año, la ciudadanía ya conoce algunos de los cambios que 2023 traerá consigo en cuanto al sistema de pensiones. No serán los únicos, puesto que otros todavía se están cociendo a fuego lento y dependen de las negociaciones con los agentes sociales y de la política del Gobierno.
El equipo económico del Gobierno, liderado por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y Función Pública, ha presentado el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año. Las próximas cuentas del Estado recogen un incremento extra de gasto público de unos 20.000 millones al sumar la subida salarial del 2,5% de los trabajadores del sector público y la revalorización de los pensionistas con un IPC medio preliminar de un 8,5%, según Montero. Las pensiones cargan gran parte de esta subida, unos 15.000 millones siguiendo las previsiones del Banco de España, y el aumento salarial de los funcionarios otros 5.000 millones extra.
Es probablemente el paso más delicado de todos los del proceso y sobre el que más leyendas urbanas se ciernen. La visita al tribunal médico y el examen del solicitante de una pensión de incapacidad permanente por parte de sus miembros suponen en muchos casos un motivo de ansiedad para las personas que piden una de estas prestaciones contributivas.
Uno de los grandes objetivos de la 'reforma Escrivá' de las pensiones ha sido retrasar la edad real de jubilación y alinearla con la edad ordinaria lo máximo posible para hacer sostenible el sistema de pensiones español, que se verá enormemente exigido con el comienzo de las jubilaciones de los trabajadores de la generación del 'baby boom'.
Es una pregunta recurrente no solo entre las personas que están cerca de ello, ya que también aparece en la mente de los trabajadores a los que todavía les queda bastante tiempo. ¿Cuándo podré jubilarme? Lo cierto es que la respuesta tiene muchos matices, pero al menos hay una más o menos genérica.
En el momento de la visita del solicitante de una pensión de incapacidad permanente a un tribunal médico, los miembros del mismo no solo han de escribir un dictamen sobre la denegación o aprobación de la prestación, ya que al tratarse de una pensión bastante particular también han de recomendar un grado concreto de pensión.
Los trabajadores autónomos pertenecen al segundo régimen de la Seguridad Social más numeroso. Con sus más de 3,3 millones de trabajadores (según los datos del Ministerio de Trabajo), solo el Régimen General acumula más que ellos. Sin embargo, se rigen por una serie de normas muy particulares que hacen que su vida laboral sea diferente en cuanto a las cotizaciones y, por lo tanto, en sus pensiones de jubilación.
El Estado abona cada mes más de 6,2 millones de pensiones de jubilación, las más numerosas dentro del abanico de prestaciones contributivas. La gran mayoría está sujeta a retenciones de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) por parte de la Agencia Tributaria.
Las pensiones de jubilación son las pensiones contributivas más abonadas en España. Estas prestaciones superan claramente en número a las de viudedad e incapacidad permanente y son las que suponen, por lo tanto, la mayor partida de la nómina mensual de pensiones que paga la Seguridad Social.
Un vistazo a nuestra nómina nos enfrenta a dos datos que son vitales en nuestro presente y en nuestro futuro. En primer lugar, el salario neto que cobramos mes a mes y que nos permite cubrir gastos y necesidades. Por último, la base de cotización que constituye nuestro salario bruto mensual y a la que se le descuentan las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes.
La edad real de jubilación es de 64,8 años, según los datos acumulados de 2022 recogidos por la Seguridad Social. Aunque se trata de una edad por debajo de la edad ordinaria de jubilación, es cierto que los trabajadores tienen derecho a hacerlo incluso antes de esa fecha. Así, es posible, por ejemplo, jubilarse de forma anticipada a los 64 años.
La jubilación anticipada es una de las opciones que tiene el trabajador para finalizar su vida laboral y retirarse definitivamente. Sin embargo, para poder acceder a cualquiera de sus modalidades el ciudadano ha de cumplir con una serie de requisitos y condiciones que dependerán de esa modalidad seleccionada.
