Economía

El Gobierno carga 1.600 euros extra en cotizaciones a los salarios altos a espaldas del diálogo social

  • Sube un 8,6% la base máxima de cotización, según revelan los Presupuestos
  • La patronal CEOE-Cepyme afea que ni siquiera consulten la medida
  • Garamendi califica de "inadmisible e impresentable" este alza sin consenso
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. EE
Madrid

El Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado el aumento del 8,6% de las bases máximas de cotización, una medida que supone cargar con casi 1.600 euros anuales extra en cotizaciones a la Seguridad Social a los salarios que superan los 49.000 euros en los que está limitada la actual base máxima. Esta medida, tal y como confirman fuentes internas de la patronal CEOE-Cepyme y de la asociación de autónomos ATA, se presentó a espaldas del diálogo social y no fue consultada durante la reunión por la reforma de pensiones celebrada esta misma semana, antes de la presentación de los PGE. Públicamente, ayer el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, calificó de "inadmisible e impresentable" la decisión.

El conocido como destope es la ampliación del límite de aportación de cuotas a la Seguridad Social, una medida que se debe negociar en la reforma de pensiones en el seno del diálogo social. El destope de las bases máximas, junto con el incremento de la pensión más alta del sistema, forma parte de los compromisos pactados con la Comisión Europea para recibir los fondos europeos. Bajo este pretexto y con la medida que ha introducido el Ejecutivo en el libro amarillo, fuentes empresariales afean una decisión que se ha hecho a espaldas del diálogo social y confirman que en la reunión de la pasada semana en la que se podría haber tratado no se puso sobre la mesa.

En un duro mensaje, los representantes de los empresarios reprocharon la medida tomada por el Ejecutivo "de manera unilateral y a espaldas del diálogo social", donde actualmente se está negociando la segunda pata de la reforma de pensiones, que entre otras cuestiones trata la pensión máxima y la base máxima de cotización.

"Existe una mesa específica con los interlocutores sociales para tratar este tema y se reunió por última vez el pasado lunes sin que se nos trasladase nada sobre este asunto, con lo que la decisión adoptada es impresentable y devalúa el diálogo social", subrayó la CEOE. A su vez, desde Cepyme piden revisar las últimas medidas que comprometen la sostenibilidad del sistema de pensiones. 

Más subidas

La subida del 8,6% es, según las previsiones del Gobierno en los Presupuestos del próximo año, ligeramente superior a la previsión de revalorización de las pensiones con el IPC, del 8,5%. El incremento de 1.574 euros anuales, según cálculos facilitados por el economista Javier Santacruz, lo asumirán algo más de 1,4 millones de rentas del último percentil de renta que verán incrementada su base máxima de cotización hasta casi 54.000 euros anuales.

Así con todo, además de la inclusión de esta medida a través de los Presupuestos, el departamento de José Luis Escrivá aún tendrá que sentarse para reformar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión y la propia subida de las bases máximas de cotización acompasada a la de las pensiones más elevadas del sistema, lo que implicaría más subidas en este sentido.

Coincide, además, con el primer año de sobrecotización en el que entrará el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que carga con un 0,6% extra las cotizaciones a repartir entre los empresarios (0,5%) y los empleados (0,1%). Entonces la patronal ya se descologó del acuerdo y dijo no a una medida que consideraba "insuficiente" para cubrir el desembolso extra que debe asumir la Seguridad Social.

Según la patronal empresarial, elevar las cotizaciones sociales y depositar una carga "aún mayor" sobre las empresas supone un "grave error", pues considera que tendrá "efectos nocivos sobre el empleo". Calculan que, sumando a esta medida la sobrecotización incluida en el Mecanismo de Equidad, los costes asociados al factor trabajo aumentarán más de un 9% "en un contexto de deterioro económico e incertidumbre generalizada". Califica estas medidas como un "golpe al tejido productivo" en un momento en el que, achacan, las arcas del Estado presentan una recaudación récord.

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