Madrid
El volumen de gasto social que el Gobierno liberará en 2023 no sólo resulta histórico en términos globales, al acumular un monto nunca antes visto en España de casi 270.000 millones. Más interesante aún resulta analizar el desglose al detalle de su impacto, en términos de millones de personas, que el Ejecutivo espera para el año que viene. Son, según sus propios cálculos, más de 17 millones de individuos los que el año próximo tendrán un claro denominador común: la posibilidad de que les beneficie una (o varias a la vez) de las medidas que Moncloa clasifica como propias de la "justicia social".
El Gobierno se afana a la hora de defender que sus Cuentas para 2023 no son "electoralistas", pero lo cierto es que un colectivo tan nutrido de personas acumulan una importancia de primer orden desde ese punto de vista. No en vano equivalen al 46% del censo actual de votantes, situado actualmente en 36,9 millones de ciudadanos.
La cifra de beneficiarios directos de las medidas del Gobierno puede ser todavía mayor considerando el alcance, aún difícil de cuantificar, que tendrá la generalización de la ayuda de 100 euros por crianza de hijos (limitada a las mujeres trabajadoras).
Se trata de un dato de la máxima importancia teniendo en cuenta que el próximo será un super-año electoral en toda regla. La primera gran cita con las urnas llegará en mayo, con unos comicios autonómicos y municipales n los que el PSOE se juega mucho tras el revés sufrido en Andalucía en junio.
Pero será poco después, cuando llegará la verdadera reválida, con las elecciones generales de finales de año.
Nicho clave de votos
En un contexto así, resulta muy significativo que uno de los nichos de electores más cuidado por todos los partidos, el propio de los pensionistas, sea el mencionado en primer lugar por el Gobierno a la hora de hacer gala de los beneficios de las nuevas Cuentas del Estado.
En concreto, no se ha previsto ningún mecanismo que matice la vinculación de sus remuneraciones al IPC récord de 2022, lo que provocará que las pensiones se incrementen un 8,5% en el próximo ejercicio. La revalorización tendrá efectos para cerca de 10 millones de personas con derecho a pensiones contributivas o no contributivas.
En paralelo, la pretensión de firmar un Pacto de Rentas que limite la evolución de los salarios tanto en el sector público como en el privado se queda en el tintero, una vez que ya está garantizado que los empleados de las Administraciones (2,7 millones) verán sus sueldos incrementados entre un 2,5 y un 3,5% el año próximo.
Continuando con remuneraciones, la actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) por la que tanto abogó Podemos, tendrá un efecto directo en el Ingreso Mínimo Vital. Esta ayuda se incrementará a 600 euros mensuales en catorce pagas para 1,2 millones de personas, de acuerdo con los cálculos del Gobierno.
Objetivo: los jóvenes
El colectivo de jóvenes, siempre importante desde el punto de vista electoral, tampoco queda descuidado en los futuros Presupuestos Generales. Los ciudadanos con edades entre 18 y 35 años verán cómo se prorroga en el año próximo la ayuda para el alquiler de vivienda de 250 euros.
Además, son muchas las personas en esa franja de edad que son usuarias habituales del transporte público y está ya garantiza la prórroga de los abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia de Renfe durante todo 2023.
Otras medidas propias el paquete anti-crisis, aprobado en este año, están sin embargo a la espera de una extensión de esa naturaleza, que posiblemente se decida en el próximo mes de noviembre.
En último lugar, es notable igualmente el impacto de la extensión del bono social térmico, aquella ayuda que permite cubrir los costes de calefacción, cocina y agua caliente para los colectivos especialmente vulnerables.
De acuerdo con el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el año próximo serán los titulares de 1,2 millones de hogares los que se beneficiarán de esa bonificación pensada para combatir la crisis energética.
