Tras una negociación apurada hasta el último minuto, el Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 después de que los socios del Ejecutivo cerraran un acuerdo en la madrugada de este martes.
La Secretaría de Estado de Comunicación informaba poco antes de las 7:00 horas del acuerdo, que se formalizó en una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, antes de ser sometido a Consejo de Ministros para su aprobación.
Tras el pacto en materia fiscal cerrado la semana pasada, también tras una negociación de meses, PSOE y Unidas Podemos debatieron algunos flecos de la ley de Presupuestos hasta horas antes de la cita entre ministros.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, llevará los PGE previsiblemente la próxima semana ante el Congreso de los Diputados en busca del apoyo parlamentario para que antes del 31 de diciembre la Ley de Presupuestos esté aprobada y pueda entrar en vigor el 1 de enero.
Cuadro 'macro' base
La vicepresidenta primera y ministra económica, Nadia Calviño, ha presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el cuadro macroeconómico, las previsiones sobre las que el Gobierno ha planteado los próximos PGE. El crecimiento económico se mantiene este año pese al contexto global gracias al mercado laboral y al plan de recuperación, aunque de cara a 2023 el Gobierno revisará de nuevo a la baja la previsión del Producto Interior Bruto (PIB), al 2,1%. "El principal reto de nuestra economía es la inflación", ha indicado la vicepresidenta.
El panorama 'macro' está condicionado por una previsión de precios altos en el petróleo, una ralentización del crecimiento de la zona euro o el aumento de tipos de interés.
El Gobierno también revisa al alza el deflactor del consumo privado, un indicador similar al IPC, del 2,9% al 4,1%. En empleo, la previsión del crecimiento varía solo dos décimas (baja del 0,8 % al 0,6 %), al igual que la de la tasa media anual de paro (sube del 12% al 12,2%). Según ha detallado Calviño, el Gobierno trabaja con la estimación de 21 millones de personas ocupadas a finales de 2023 y de que el próximo año se cierre con una tasa de paro por debajo del 12 % (11,7%).
El consumo privado baja 1,2 puntos respecto a las previsiones de julio, del 2,5 % al 1,3%, y el público crecerá en 2023 un 0,4%, al tiempo que se disparan las inversiones en bienes de equipos (9,5%) y también en construcción (8,4%). Respecto a las exportaciones, se prevé un incremento del 7,3% el próximo año y un 8,2% más en el caso de las importaciones.
Más inversiones sociales y una ley de familias en marcha
En los que pueden ser los últimos Presupuestos, la coalición busca consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo sin olvidar el complejo panorama económico actual que deriva de la guerra en Ucrania y la escalada de precios. La partida de gasto social ascenderá en 266.719 millones, la mayor hasta la fecha.
En un hilo de mensajes publicado en Twitter, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo desgranó a primera hora parte del acuerdo que más tarde sería presentado por Calviño y Montero. "Todas las políticas que impulsamos están pensadas para mejorar la posición de la clase media y para proteger a los más vulnerables", ha indicado la ministra de Hacienda.
El pacto incluye el despliegue de una futura ley de familias con nuevos permisos de conciliación en la que Montero no ha entrado en detalles porque irá aparte y que será aprobada en Consejo de Ministros "en los próximos días".
Se trata de una de las condiciones del ala de Podemos para sacar adelante los PGE. Según explicó Díaz, el acuerdo muestra "el compromiso" de tramitar urgentemente una Ley de familias, con nuevos permisos de conciliación: para cuidadores, para atender circunstancias familiares imprevistas o un nuevo permiso parental de ocho semanas.
El Gobierno ha acordado extender la prestación de crianza de 100 euros al mes para mujeres -no necesariamente trabajadoras como hasta ahora- con menores de 0 a 3 años y se asimilarán las familias monomarentales, con dos hijos, a la actual categoría de familias numerosas. La extensión de permisos de maternidad y paternidad, que era una de las demandas del socio minoritario del Gobierno, parece que tampoco entran en las cuentas públicas del próximo año.
En materia de empleo, se recuperará el 60% de la base reguladora desde los seis meses de prestación, una medida que, según calcula, beneficiará a unas 300.000 personas, "un gran avance que llegará a miles de hogares". Desde el Ministerio de Trabajo estiman que esta medida supondrá una mejora de en torno a 100 euros de media.
El Gobierno también ha acordado dotar de 600 millones de euros a un plan de choque en dependencia con el objetivo de reducir las listas de espera, implementando nuevas prestaciones y servicios.
Asimismo, el IMV aumentará en los mismos términos que las pensiones y el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), se situará en 600 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2023, 20,98 euros más que actualmente. De este indicador dependen las cuantías de ayudas sociales, prestaciones y becas (desde el ingreso mínimo al subsidio de desempleo). El año pasado Unidas Podemos logró una revalorización del 2,5% para 2022, hasta los 579,02 euros.
La ley de vivienda sigue atascada
Sin novedades sobre la Ley de Vivienda, uno de los últimos escollos y línea roja de Unidas Podemos. La tramitación de esta ley no está incluida en las negociaciones de los PGE -"no puede formar parte nuevamente de la ley de presupuestos, ya lo hizo en los pasados", ha zanjado Montero, que ha 'culpado' la tardanza en su aprobación en las enmiendas que los grupos "en su autonomía propia" han decidido añadir a la ley aprobada el año pasado.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha tildado de "inadmisible" desde el punto social que la ley se paralizase más tiempo y ha criticado que al PSOE le cueste "tener mano dura" con los especuladores del mercado inmobiliario cuando la factura de la vivienda la que más parte de los ingresos de las familias absorbe. Insiste en intervenir en las hipotecas y en los alquileres.
En materia de vivienda, Montero ha indicado un aumento del 5,4% en esta partida, hasta los 3.472 millones de euros, y ha avanzado que se consolidará el bono alquiler el próximo año. Además, el Gobierno invertirá 260 millones de eros un un plan de alquiler asequible.
La bonificación en los trenes se mantiene
Las cuentas también despliegan de la agenda verde del Gobierno, consolidando el programa de renaturalización de las ciudades y reforzando las zonas de bajas emisiones, las de gestión forestal y protección del medio natural, con un impulso a los carriles bici.
De igual modo, Montero ha anunciado que el Gobierno extenderá en 2023 la bonificación y la gratuidad de Cercanías, Rodalíes y trenes de media distancia de titularidad estatal.
En Sanidad, donde la inversión crecerá un 1,4%, destaca el refuerzo del sistema nacional de salud en tres áreas: atención primaria, salud mental (aumentando el 67% del presupuesto) y salud bucodental. La ley de Presupuestos incrementa las partidas destinadas a las políticas de igualdad y promoverá 1.000 nuevas plazas de Medicina para alumnos de primer año para reforzar el sistema de salud "tras lo aprendido en la pandemia".
La revalorización de las pensiones, en torno al 8,5%
Las cuentas públicas incluyen también la subida de los sueldos de funcionarios. Hacienda ha ofrecido a los sindicatos una mejora del 9,5% entre 2022 y 2024. Esta oferta ya ha sido aceptada por UGT y CCOO, que han cerrado un principio de acuerdo con Moncloa.
Los funcionarios ya han recibido este 2022 un aumento salarial del 2%, al que se sumará ese 1,5% retroactivo propuesto por Hacienda, lo que suma un 3,5% para este ejercicio. Para 2023, el Ejecutivo fija un incremento del 2,5%, al que se suman dos variables del 0,5% (un 0,5% adicional si el IPC acumulado de 2022 y 2023 supera el 6% y otro 0,5% si el PIB de 2023 supera el 5,9%). El gasto en personal asciende un 6,6% como consecuencia de estas mejoras salariales.
En 2024 el alza será del 2% y contará de nuevo con un cláusula para incrementar el sueldo un 0,5% en caso de que el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supere el 8%.
Los PGE del próximo año también afrontarán la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC interanual del mes de noviembre: "Está garantizado" -ha dicho Montero -"gracias a la aportación al fondo y a la buena gestión de la Seguridad Social- en respuesta las dudas que suscita este punto" y ha cifrado el alza en trono al 8,5%.
La ministra ha afirmado que este incremento de la partida de pensiones será compatible con la aportación, por primera vez en 13 años, de una dotación al Fondo de Reserva de las pensiones por importe de 2.957 millones de euros procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este instrumento, que sustituyó al factor de sostenibiliad, establece una sobrecotización del 0,6% durante un periodo de diez años para engordar la llamada 'hucha de las pensiones' ante las tensiones de gasto que afrontará el sistema de la Seguridad Social con la jubilación de los 'baby boomers'.
En cuanto al 'techo de gasto', el pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó el límite de gasto no financiero para 2023, que asciende a 198.221 millones de euros, un nuevo récord, superior en un 1,1% al de 2022, incluyendo 25.156 millones de fondos europeos y una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1% más que el año pasado. Sin contar con los fondos europeos, el montante asciende a 173.065 millones de euros, ha señalado Montero.
El déficit público se reduciría hasta el 3,9% del PIB, según las últimas previsiones del Gobierno, aunque recientemente Hacienda ha presentado un nuevo paquete fiscal para hacer frente a la situación actual, con el que pretende recaudar 3.144 millones de euros adicionales.
Cabe recordar que, al igual que en 2020, 2021 y 2022, la Comisión Europea propuso que las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2023 y el Congreso de los Diputados certificó la existencia de una situación de excepcionalidad que justifica la necesidad de suspender estas reglas.
"Más esfuerzo de quienes más tienen"
"Los ingresos para poder llevar a cabo estos Presupuestos deben venir de quienes más tienen", ha dicho la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. Del plan fiscal que acompañará a los Presupuestos, destaca el nuevo impuesto a las grandes fortunas a partir de un patrimonio neto de 3 millones de euros, la rebaja del Impuesto sobre la Rentas de las Personas Físicas (IRPF) para las rentas del trabajo por debajo de 21.000 euros. También se elevará un punto, hasta el 27%, la tributación de las rentas del capital en el IRPF superiores a 200.000 euros, y para las plusvalías superiores a 300.000 euros, se elevará hasta el 28%, dos puntos más.
En cuanto a las rentas del trabajo a partir de 15.000 euros (1.000 euros más que ahora), estarán exentas del pago del IRPF, mientras que en el IVA, se bajará el tipo del 10% al 4% para los productos de higiene femenina, de los preservativos y los anticonceptivos no medicinales.
Los socios de la coalición pactaron un 5% el rendimiento neto de módulos para los autónomos y se incrementa del 5% al 7% la reducción para gastos deducibles de difícil justificación en la tributación en régimen de estimación directa simplificada.
El paquete fiscal también incluye cambios en el Impuesto sobre Sociedades. En concreto, se rebaja el tipo nominal del 25% al 23% para las pequeñas empresas con una cifra de negocios inferior a 1 millón de euros.
Igualmente, en este tributo se limitará al 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en los grupos consolidados, que afectará a 3.609 grandes empresas y tendrá un carácter temporal.
Desencuentro por el gasto en Defensa
El gasto en Defensa se elevará el próximo año un 25,8%, de 9.791 millones de euros a 12.317 millones, según el cuadro facilitado el Ministerio de Hacienda tras el Consejo de Ministros. Echenique ha acusado al PSOE de "deslealtad" tras cerrar el acuerdo sobre presupuestos y denuncia que el ala socialista les ha ocultado un "aumento unilateral" en el gasto de Defensa y que es una "vergüenza". Eso sí, su formación "no va a romper el Gobierno" porque sería "muy irresponsable" cuando los líderes de PP y Vox "afilando los cuchillos".
Desde Unidas Podemos se han mostrado durante los últimos meses contrarios a elevar el gasto armamentístico mientras el ala socialista defendía alcanzar una inversión en Defensa del 2% sobre el PIB de cara a 2029, acorde con el compromiso adquirido ante la OTAN.
Montero, sin embargo, insiste en que el presupuesto solo aumenta un 6,5%, un 8,4% si se incluyen los fondos europeos. La ministra deja fuera del cómputo del Ministerio los "programas especiales de modernización" de las Fuerzas Armadas porque "no computan en el límite del gasto no financiero" aunque los fondos estén en Defensa.
Estos programas especiales se computan en distintas anualidades y ascienden a 4.900 millones, frente a los 3.011 millones del ejercicio en curso. La mayor parte de esta cifra se corresponde a contratos para la industria nacional 8Navantia, Airbus o Indra) con los que se esperan crear 22.667 empleos de forma directa o indirecta.