Economía

La Ley de Vivienda, el último gran escollo antes de la luz verde a los Presupuestos

  • La negociación continuará aunque el Consejo de Ministros apruebe el plan
  • Quiere el límite a los alquileres y que Sareb pase a ser un gestor de inmuebles públicos
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE).
Madrid

Al igual que ha ocurrido en los dos últimos años, la Ley de Vivienda ha estado una vez más en el centro del pulso que Unidas Podemos plantea al Gobierno para dar su apoyo a unos Presupuestos Generales del Estado. Esta vez, la diferencia radica en que la norma no es un mero boceto; muy al contrario está ya tramitándose en el Congreso. Sin embargo, el bloqueo que aún sufre en la Cámara Baja, en gran parte debido a las numerosas enmiendas (casi 60) planteadas por el propio partido morado, hizo que esa misma formación quiera que dicha ley volviera a servir de moneda de cambio.

En Podemos eran muy conscientes de que el ala socialista del Gobierno tiene prisa a la hora de que las Cuentas de 2023 echen a andar, hasta el punto de que el objetivo era que su proyecto de ley se apruebe en el Consejo de Ministros de hoy mismo.

Por su parte, en Podemos están convencidos de que la Ley de Vivienda tiene que ser "más de izquierdas" y se han mostrado dispuestos a aprovecharse de la urgencia que sobrevuela las filas socialistas para hacerles dar su brazo a torcer en los importantes cambios que el partido morado quiere incluir en la futura normativa

Desde Podemos trataban de asegurar que habrá límites a los precios del alquiler residencial en todas las autonomías cuyo mercado se consideren "tensionados", y que los topes afectarán a todos los propietarios, con independencia de su tamaño.

No obstante, también perseguían otra modificación de tanto calado como es la completa reforma de la Sareb, el banco malo creado para absorber los activos inmobiliarios tóxicos que dejaron en herencia las cajas de ahorros, tras desaparecer con motivo de la crisis financiera de 2008-2013.

Acuerdos con autonomías

Podemos ha buscado que los activos que todavía están en manos de Sareb se consideren de propiedad pública y se destinen a alquiler social a través de acuerdos firmados con las comunidades autónomas. Se trataría de una finalidad que nada tendría que ver con el propósito para el que el banco malo fue diseñado originalmente.

Por otro lado, Podemos también ha pedido reiteradamente la prohibición de los desahucios de familias que se consideren vulnerables si no cuentan con otro alojamiento al que poder dirigirse tras producirse la expulsión del primer inmueble.

Todos ellos son cambios de calado y, en consecuencia, no puede extrañar que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, asegurara ayer que las negociaciones que incumben a la Ley de Vivienda seguirán siendo "arduas e intensas".

Por ello, todo apuntaba a que la hoja de ruta que seguirá el Gobierno se resumen en aprobar el proyecto de Presupuestos aun cuando sea necesario atar este cabo con Podemos en una negociación posterior.

Otros debates pendientes

Hay visos de que habrá que abordar posteriormente otros debates, relacionados con políticas sociales y laborales, que Podemos quiere igualmente vincular a la aprobación de los Presupuestos de 2023.

Es el caso de la revisión al alza del método de cálculo de las prestaciones por desempleo. El primer Gobierno de Mariano Rajoy, en plena crisis económica, estableció que la cuantía de esas ayudas bajaría del 60 al 50% de la base reguladora del salario a partir del séptimo mes de cobro. Ahora Podemos quiere acabar con esa reducción de diez puntos porcentuales. Continuando con el capítulo de prestaciones, el partido morado persigue igualmente un incremento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Este índice es la referencia para determinar la cuantía de las pensiones no contributivas o el Ingreso Mínimo Vital. El objetivo de máximos de Podemos pasa por vincular el Iprem a la evolución del IPC.

Por último hay mucho retales por abordar en lo que respecta a la llamada Ley de Familias. Se plantean en este ámbito tres aspectos en los que PSOE y Podemos no acaban de ponerse de acuerdo sobre cómo articularlos.

Son la ampliación de la prestación de 100 euros por crianza de hijos; el incremento de los permisos de paternidad y maternidad a 24 semanas y la consideración de familia numerosa a hogares monomarentales con dos hijos.

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