Aunque todavía quedan varios meses para la entrada del nuevo año, la ciudadanía ya conoce algunos de los cambios que 2023 traerá consigo en cuanto al sistema de pensiones. No serán los únicos, puesto que otros todavía se están cociendo a fuego lento y dependen de las negociaciones con los agentes sociales y de la política del Gobierno.
De hecho, los cambios confirmados no proceden de la acción legislativa del Ejecutivo actual, sino de la reforma de las pensiones de 2011 que se ideó para retrasar la edad de jubilación y aumentar los requisitos exigibles a los ciudadanos para poder jubilarse en un contexto de crisis económica galopante. Esta reforma planteó los cambios en un sistema progresivo por el que, de año a año, se van aumentando los objetivos de la reforma hasta su implantación de forma definitiva.
Si echamos un vistazo a la Ley 27/2011, de 1 de agosto que articuló la reforma (puede consultarse en este enlace del Boletín Oficial del Estado), podemos comprobar que en 2023 aumentará la edad de jubilación, que pasará a los 66 años y cuatro meses para todas aquellas personas que no lleguen a 37 años y nueve meses cotizados, dos meses más que en 2022. Este requisito que de cotización que marca la criba eentre pensionistas también aumenta tres meses respecto a 2022.
La que no cambia es la edad de jubilación si se cumple con el requisito de cotización, ya que se mantiene en los 65 años. Esto no se modificará en ningún momento de la reforma, que se implementará de forma definitiva a partir de 2027, 14 años después de su entrada en vigor, en 2013.
El segundo gran cambio previsto para 2023 pero con origen en la reforma de 2011 afecta al método de cálculo de las pensiones. La Seguridad Social obliga a una cantidad determinada de años cotizados para tener derecho al 100% de la base reguladora (lo que se denomina en lenguaje coloquial tener derecho 'al 100% de la pensión') y esa cifra va aumentando de forma progresiva.
Para 2023 será necesario acreditar 36 años y medio cotizados para tener derecho al 100% de la base reguladora, medio año más que en el periodo 2020-2022. Esto durará hasta 2026 y corresponde a las siguientes aportaciones a la base reguladora durante estos tramos de cotización:
-Los primeros 15 años cotizados dan derecho a un 50% de la base reguladora.
-Por cada uno de los 49 meses siguientes se consigue un 0,21% extra de la base reguladora.
-Por cada uno de los 109 meses siguientes se consige un 0,19% extra de la base reguladora.
Los siguientes cambios en las pensiones a partir de 2023
Con todo, a partir de 2023 también se dejarán notar algunos cambios relacionados con el sistema de pensiones y que proceden de la 'reforma Escrivá' que ya alumbró para 2022 varias modificaciones importantes y que sigue retocando diversos aspectos de la normativa.
Una modificación clave será la que tenga que ver con el número de años a tener en cuenta para el cálculo de la base reguladora. Aunque en un primer momento se especuló con un aumento del periodo de cómputo de 25 a 35 años que ha sido descartado por José Luis Escrivá, todavía no se conoce el aumento exacto: se han planteado alternativas como la libre elección de los años (o al menos una parte) por parte del trabajador o la mejora de la integración de lagunas (que permite rellenar con bases ficticias los periodos sin cotizar).
Sea como fuere, se trata de una reforma que tendrá validez a partir de 2023. El compromiso del Gobierno es claro, ya que lo anunció en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia propuesto a la Comisión Europea para la recepción de las ayudas a raíz de la pandemia de coronavirus ("adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación", rezaba el texto, que se puede consultar en este enlace).
De hecho, en el calendario de las reformas (se puede comprobar en este enlace, en inglés) a las que se vincula la recepción de los fondos se estableció de forma clara que "la legislación para la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación" era un hito marcado para el último trimestre de 2022 (y su aplicación a partir de 2023).
Otras dos medidas quedan también pendientes de aprobación y van de la mano: el destope de las cotizaciones y el aumento de la cuantía máxima de las pensiones. Estas dos modificaciones también se han de negociar con los agentes sociales y, como el resto de cambios, se dirigen a hacer más sostenible el sistema de pensiones.
A estos cambios se unirán dos que ya han sido aprobados y que también entrarán en vigor en 2023 fruto de la 'reforma Escrivá'. Por un lado, el aumento de la cotización por contingencias comunes, que pasan de un 28,3 a un 28,9% de la base de cotización y serán asumidas en gran parte por la aportación empresarial (un 0,5%). Por otro, la reforma del sistema de cotizaciones de los autónomos, que pasan a un sistema de tramos por ingresos reales que tratará de ajustar las cotizaciones de estos profesionales por cuenta propia para que reflejen de forma más fidedigna su nivel de ingresos.
Además, hay que sumar un último cambio que llegará en 2023 gracias a los Presupuestos Generales del Estado. Se trata de la subida de las pensiones no contributivas al mismo nivel que las contributivas, es decir, tomando en cuenta el dato medio anual de inflación existente en el mes de noviembre. De esta forma, las personas que cobran estas prestaciones (las que no tienen derecho a las contributivas por razones de cotización) recibirán este apoyo para no perder su poder adquisitivo.
Las razones de los cambios en las pensiones
La explicación para todos los cambios anteriormente detallados es la intención de fortalecer el sistema de pensiones, que se va a ver muy exigido con dos factores concretos. Por un lado, la inflación, ya que las pensiones se incrementan en base al Índice de Precios al Consumo (IPC) gracias al nuevo método de revalorización de las mismas aprobado en la primera pata de la 'reforma Escrivá'.
En segundo lugar está la llegada de las jubilaciones de los trabajadores de la generación del 'baby boom', lo que aumentará el número de pensionistas y, por lo tanto, el importe a pagar en estas prestaciones, que es del 11,8% del Producto Interior Bruto de España, de acuerdo con los últimos datos aportados por la Seguridad Social.
