Las pensiones de jubilación son, de largo, las más numerosas de las casi diez millones de prestaciones contributivas que se abonan mensualmente en nuestro país. De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, son más de 6,28 millones de pensiones las que se pagan en este concepto, y todas ellas experimentarán cambios a partir de 2023.
En la cercana llegada del nuevo año el sistema de pensiones experimentará diferentes cambios. La razón es que dicho sistema sigue sometido a dos reformas distintas que tienen un solo objetivo: hacer más sostenible el sistema para afrontar esfuerzos a las arcas públicas como el que supondrá la jubilación de la generación más numerosa de población, la de los 'baby boomers'.
Así, a partir de 2023 se sentirán los efectos de dos reformas de pensiones. Por un lado, la reforma de 2011 que aumentó los requisitos para jubilarse y la edad de jubilación. Por otro lado, la 'reforma Escrivá' que ha modificado diferentes aspectos de las jubilaciones (la anticipada, la demorada...) y que tiene pendientes varias modificaciones antes de final de año.
Aumento de la edad ordinaria de jubilación
El punto más importante corresponde a la reforma de 2011 es el aumento de la edad de jubilación ordinaria, que pasará a 66 años y cuatro meses (ahora son 66 años y dos meses) para las personas con menos de 37 años y nueve meses (ahora la fecha de referencia es de 37 años y seis meses) de cotización. La edad de jubilación para las personas que sí han llegado a ese nivel cotizado es de 65 años.
Esto hará que, a su vez, se retrase ligeramente la edad de jubilación anticipada: la de la jubilación anticipada voluntaria será de entre 63 y 64 años y cuatro meses y la jubilación anticipada involuntaria será de entre 61 y 62 años y cuatro meses.
Aumento de las cotizaciones para cobrar el 100% de la pensión
Otro de los cambios que derivan de la reforma de las pensiones de 2011 es el aumento de la cotización necesaria para alcanzar el 100% de la base reguladora, lo que se conoce de forma coloquial como 'el 100% de la pensión'. A partir de 2023 se necesitará medio año más: se pasa de 36 años a 36 años y seis meses, respecto a los 36 años exactos que todavía se necesitan en 2022.
Esto se debe a que también cambian los porcentajes de base reguladora que se consiguen a través de la cotización. Se mantiene el 50% de la misma con 15 años (el mínimo exigible para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación) y por cada uno de los siguientes 49 meses se obtiene un 0,21% extra, mientras que por cada uno de los 149 meses siguientes se obtiene un 0,19%.
El resto de cambios en pensiones aprobados para 2023
En paralelo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha llevado a cabo otras reformas durante 2022 que entrarán en vigor en 2023:
-La entrada en vigor del nuevo sistema de cotización de autómos por tramos de ingresos reales, que pretende ajustar la cotización de los más de 3,3 millones de estos trabajadores en base a unos ingresos más fieles a la realidad.
-El aumento de las cotizaciones por contingencias comunes, que pasarán de un 28,3% a un 28,9% de la base de cotización, aunque ese 0,5% impactará en la aportación empresarial por el 0,1% extra que cotizarán los trabajadores. Estos incrementos vienen dados por la necesidad de sostener al sistema de pensiones ante las jubilaciones del 'baby boom'.
-Un incremento que no afecta a las pensiones contributivas, pero igualmente importante: el aumento de las pensiones no contributivas de la misma forma que las contributivas, basándose en el dato de inflación media anual del mes de noviembre. Estas pensiones tendrán, además, un incremento del 15% como ayuda contra los efectos de la inflación, tras el acuerdo llegado entre el Gobierno y Bildu.
Los cambios en las pensiones pendientes de aprobarse para 2023
De cara a lo poco que resta de 2022, José Luis Escrivá está negociando a contrarreloj nuevas modificaciones que han de aprobarse con los agentes sociales antes de final de año para que entren en vigor a partir de 2023. Una de las más importantes es la que afectaría al periodo de años tomados en cuenta para el cálculo de la pensión. Actualmente son los últimos 25 años, y aunque se ha descartado la subida a 35, podrían darse aumentos en menor escala.
Se trata de un compromiso adquirido con la Comisión Europea como parte de las reformas vinculadas a la recepción de los fondos europeos por la pandemia de coronavirus. En el calendario de reformas enviado al organismo el Gobierno ya anunciaba la puesta en marcha de una "legislación para la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación" estimada para el último trimestre de 2022.
Para compensar esa subida de años se han planteado dos alternativas: la mejora de la integración de lagunas (que permite rellenar con bases ficticias los periodos sin cotizar) y la selección de los años por parte del trabajador, sin necesidad de que sean los anteriores a la edad de jubilación.
Además, el Gobierno tiene pendiente pactar un aumento en las bases máximas de cotización (el llamado destope de las cotizaciones) que tendrá que ir acompañado de un aumento en las pensiones máximas. Estas medidas tienen el objetivo de aumentar la contributividad y sostenibilidad del sistema de pensiones, pero todavía están pendientes de aprobación.
La última propuesta del Ejecutivo es la de destopar las cotizaciones 10 puntos más que las pensiones máximas para ir ganando recursos para el sistema de pensiones, pero en un calendario progresivo que podría finalizar en 2050.
