La receta de la OCDE: revalorizar las pensiones más bajas y crear un IPC propio de jubilados

La inflación durante el presente 2022 ha registrado tasas inéditas en cuatro décadas en España, una tónica presente en el resto de economías desarrolladas. La OCDE analiza el impacto sobre la revalorización de las pensiones de este desvío del IPC que provoca un gasto extraordinario superior a 15.000 millones en España. Ante tal nivel inesperado de precios, la institución plantea una revalorización alternativa que otorgue una mayor protección a las prestaciones del primer pilar más bajas y, a la vez, alivie el impacto sobre las cuentas públicas.

El club de las economías desarrolladas plantea una válvula de escape como respuesta a una inflación inesperada. En línea con lo planteado previamente por Fedea (ver tabla), la OCDE plantearía dos modelos, más una cesta de la compra que revele específicamente los consumos de los jubilados. Esto, con el objetivo de cubrir realmente la pérdida de poder adquisitivo de las rentas más expuestas a cambio de aliviar el desembolso a costa de las pensiones más elevadas y evitar que las pensiones crezcan más que los propios salarios.

Una opción, recoge la nota, se asimila al modelo previo en España, que recogía una previsión a tanto alzado, más una compensación que cubre parte de la inflación. La OCDE valora cubrir entre el 50% y el 70% de la subida de precios, y en todo caso cubrir la totalidad de la inflación de las pensiones mínimas.

La opción B va más allá y propone una revalorización por rangos que acoge a un abanico mayor que las pensiones mínimas que resultaría en un impacto financiero neutro. La alternativa dentro de esta propia opción, una revalorización completa hasta la pensiones intermedias que genere un impacto neutral sobre las finanzas a costa de una menor revalorización en el rango superior de pensiones.

Es una medida que podría tener en consideración el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá y dos tercios de los miembros de la OCDE que ligan las pensiones públicas a la inflación. En el caso español, el aviso llega tarde, pues el Gobierno ha blindado la indexación pura de las prestaciones con una inflación del 8,5%.

IPC propio de los pensionistas

Todo esto, teniendo en cuenta que los patrones de consumo, el patrimonio y el peso de los gastos sobre el presupuesto de las personas no son homogéneos. Cambian por niveles de renta, tipos de hogares y también por tu situación. Intuyendo, por ejemplo, que los jubilados tienen más patrimonio inmobiliario que una persona joven; o que los gastos en cuidado personal y salud son superiores al resto de cohortes.

"Las diferencias en los patrones de consumo pueden ser mayores entre los distintos niveles de ingresos que entre los hogares en edad de trabajar y los hogares de la tercera edad. Si el objetivo de la indexación de precios fuera proteger mejor el poder adquisitivo de los pensionistas con bajos ingresos, esto sugeriría considerar un índice de precios que reflejara mejor la cesta de consumo de los individuos con bajos ingresos", defienden, para tratar de calcular un IPC para jubilados.

Además de la propia cesta de consumo calibrada a medida de los jubilados, la OCDE plantea un mayor ajuste a los países miembros. Tal y como explican, son dos tercios los países que indexan las pensiones a los precios. La institución hace un llamamiento a alejarse de mdidas populistas como la revalorización pura y dura. A cambio, propone "utilizar el deflactor del PIB como índice de precios, reflejando lo que produce la economía, captaría la presión inflacionista y sería más coherente con una protección que la economía puede permitirse".

"Será importante seguir los efectos netos de las medidas de apoyo en los distintos grupos, y ajustar en consecuencia la escala y los objetivos de las ayudas por el coste de la vida", reflexiona la OCDE.

Mejoras salariales

Desde la OCDE mantiene una postura cauta ante las mejoras salariales como consecuencia de la presión de los precios. Este presente ejercicio ha cosechado tasas de inflación inéditas en cuatro décadas, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los salarios y un mayor impacto en las rentas que son más vulnerables, es decir, la clase baja y los salarios mínimos.

"Los trabajadores no pueden absorberde la inflación por sí solos. Tampoco pueden hacerlo las empresas ni los gobiernos", explican en la OCDE, haciendo presión para alcanzar un pacto de rentas como medida ideal para repartir los costes de la crisis de precios y la incertidumbre económica a nivel global. 

En las economías desarrolladas, según este estudio, la subida del salario mínimo ha sido una medida efectiva para mejorar el poder de compra de las rentas bajas, si bien su efecto no ha sido tan certero sobre el mercado laboral. En España, por ejemplo, un informe encargado por el Ministerio de Trabajo revela que destruyó empleo y, a su vez, constata la mayor protección del trabajador. 

En las economías desarrolladas, el salario mínimo se encuentra en el 55% del salario medio, según las estadísticas facilitadas por la propia institución.

La coordinación eficaz de los ajustes del salario mínimo con las demás disposiciones fiscales y de prestaciones, incluidas las medidas extraordinarias adoptadas para amortiguar el efecto de la crisis, es clave para garantizar que los aumentos del salario mínimo se traduzcan en un aumento del sueldo neto al tiempo que se limita el aumento de los costes laborales para los empleadores y se mantiene bajo control el coste para los Presupuestos.

"Además de aumentar el salario mínimo, hay que movilizar otras herramientas para proteger los ingresos de los hogares vulnerables. los ingresos de los hogares vulnerables, desde negociaciones con y entre los interlocutores sociales primas energéticas específicas y temporales, prestaciones laborales y otras transferencias sociales".

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