La revalorización de las pensiones siempre es una cuestión controvertida, dado el elevado peso de esta partida dentro del Presupuesto General del Estado. Sin embargo, la inflación desbocada que estamos sufriendo este año ha recrudecido aún más este debate, puesto que revalorizar todas las pensiones con el IPC supone un desembolso 'monstruoso' para las arcas públicas. El Gobierno parece dispuesto a implementar esta medida (los pensionistas son cada vez una mayor porción de los votantes), mientras que algunos think tanks y organismos están buscando fórmulas menos dañinas para las finanzas públicas y que a la vez preserven el poder adquisitivo de los más vulnerables. En esta dirección va el nuevo análisis publicado por Fedea.
En el debate de la revalorización de las pensiones se están mezclando dos cuestiones que habría que tratar por separado. Por un lado, la sostenibilidad de las pensiones que es un problema estructural aun no resuelto y, por otro, la revalorización de las pensiones con el IPC en un momento tan excepcional como el actual, con la inflación disparada. El primero requerirá una reforma en profundidad de nuestro sistema de pensiones para adaptarlo a la nueva realidad demográfica. El segundo hay que analizarlo atendiendo a la excepcionalidad del momento.
Fedea ha publicado este lunes un trabajo de José Ignacio Conde-Ruiz (FEDEA y UCM) y Manuel Diaz Mendoza (FEDEA) en el que, dada la situación económica actual, se propone un esquema de revalorización de las pensiones más justo que el actualmente previsto para los mayores más vulnerables y para los jóvenes.
Una situación económica excepcional
Los autores defienden que, en condiciones normales, debe evitarse la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. No obstante, en una situación económica tan excepcional como la que estamos atravesando, donde la economía aun sin haberse recuperado de los efectos de la pandemia, está siendo golpeada por una subida de los precios de la energía generada por la guerra de Ucrania, consideran que es necesario que el sistema cuente con válvulas de escape que permitan repartir la revalorización de las pensiones en varios años.
Esta recuperación gradual de la pérdida de poder adquisitivo se está pidiendo también a los trabajadores, para evitar los efectos de segunda ronda de la inflación y, en consecuencia, se debería exigir a los jubilados con pensiones más altas. La inflación media del año 2022 es excepcional, una tasa superior al 8,5% no se había visto en España desde el año 1983.
Revalorizaciones selectivas
Los autores proponen, de forma excepcional, sustituir la revalorización generalizada de todas las pensiones con el IPC por una subida en función de la cuantía de la pensión.
En concreto, la propuesta sería: i) las pensiones mínimas (inferiores a 800 euros) suben más que la inflación, un 11%; ii) una revalorización gradual desde este 11% hasta al 2,5% a las pensiones entre 800 y 1.400 euros mensuales; y iii) una subida del 2,5%, la misma que se ha establecido para los funcionarios públicos, para las pensiones que superen los 1.400 euros. En su opinión, esta propuesta no solo es más eficiente, sino más justa por los siguientes motivos. Así será el método para calcular tu pensión en 2023.
Primero, esta propuesta es más solidaria con los pensionistas más vulnerables. Todos los pensionistas con pensión inferior a 1.000 euros mensuales, verán incrementada su pensión en una cantidad superior al 8,5%. Más del 52% de los pensionistas van a ver revalorizada su pensión en una mayor cuantía que la subida propuesta por el Gobierno. De este modo, se estarían concentrando los recursos fiscales escasos en los pensionistas más necesitados.
Pacto de rentas para algunos
Segundo, parece razonable que las pensiones más altas participen en el Pacto de Rentas. Cabe señalar que la pensión máxima (39.500 euros) supera en casi 15.000 euros el salario medio en España (25.125 euros) y en más de 5.000 euros el salario medio de los empleados públicos (34.608 euros). Una subida generalizada y automática de todas las pensiones en una situación económica tan complicada, resulta menos progresiva.
La pensión mínima asciende a 10.100 euros al año y la pensión máxima a 39.500 euros al año. Por lo tanto, una subida generalizada del 8,5%, supone un aumento de 860 euros para los que perciben una pensión mínima, pero un aumento de 3.350 euros, para los que perciben la pensión máxima. Es decir, con la subida generalizada, los que tienen la máxima pensión perciben prácticamente cuatro veces más que los que tienen la pensión mínima.
Tercero, subir las pensiones máximas un 8,5% obliga a subir las bases máximas de cotización un 8,5%. Esto es una medida claramente en contra del Pacto de Rentas, pues eleva el coste salarial de muchos trabajadores cualificados, lo que tendrá un efecto pernicioso sobre la inflación.
Cuarto, la asimetría del nuevo Mecanismo de Revalorización de las pensiones de la Reforma de 2021, que impide bajar las pensiones si los precios caen es un motivo adicional para ser prudentes a la hora de proponer subidas generalizadas y automáticas del 8,5%. No es descartable que, tras la resolución del conflicto bélico, caigan los precios de la energía, y con ellos, experimentemos bajadas de precios que, dada la asimetría del sistema de revalorización, no se verán reflejadas en las pensiones.
Un ahorro de 6.000 millones
Quinto, la propuesta supone un ahorro fiscal de 6.225 millones en el año 2023, pero como sabemos que las subidas de pensiones se consolidan en el tiempo, el ahorro será mucho mayor en el medio plazo.
Sexto, el ahorro permitirá un uso más racional de los recursos y su utilización en medidas que beneficien a los jóvenes. Se puede usar para reducir el nivel de Deuda Pública, que no es otra cosa que facturas impagadas que se han pasado al futuro, es decir, a los jóvenes.
Es importante señalar que, de mantenerse el aumento de tipos de interés registrado en 2022 en los próximos años, el gasto en intereses se incrementará en más de 20.000 millones en 2025, respecto al registrado a cierre de 2021, por lo que debe ser prioritario reducir a una velocidad mayor el déficit público. Y esto es más prioritario, si cabe, dado que solo el Tesoro, con la deuda pública que hoy ya tiene emitida, tendrá que refinanciar en los próximos 4 años (2023-2026) más de 500.000 millones de euros. O, alternativamente, estos recursos se podrían utilizar en otras políticas que favorezcan a los jóvenes, como, por ejemplo, incrementar el presupuesto en educación pública para situarlo en la media de los países industrializados.