Pensiones

Los 1,95 millones de partícipes que se concentran en los planes de empleo consiguen rentabilidades superiores, de media, a las que obtienen los 7,42 millones que hay en planes de pensiones del sistema individual. Aunque la diferencia a favor de los primeros se observa en todos los plazos, se agudiza especialmente cuando se observan los resultados de ambos vehículos de ahorro en el largo plazo. Según datos de Inverco, a cierre del primer semestre, los planes de empleo han ofrecido de media 1,3 puntos de rentabilidad extra al año durante los últimos 25.

Cuando los trabajadores llegan a la edad ordinaria de jubilación es el momento de que reflexionen acerca de la pensión que les queda. Si no satisface sus deseos, pueden ampliar la carrera profesional un poco más...incluso mientras cobran la propia pensión de jubilación.

Cotizar por la mínima durante toda la carrera profesional es uno de los mayores problemas del colectivo de autónomos. Existe una creencia extendida de que cotizando por la mínima aumentan los beneficios lo suficiente como para guardar una parte para la etapa de jubilación. Sin embargo, llegado este momento, el trabajador se da cuenta de que la cuantía que cobra mensualmente es realmente baja.

La gran mayoría de trabajadores que deciden prejubilarse lo hacen asumiendo que su pensión se verá reducida por la aplicación de determinados coeficientes reductores que varían en función de la modalidad de prejubilación. Aunque existen ciertas excepciones.

La percepción de una pensión por parte de un contribuyente no le exime de tener que declararla en la Renta. Estas prestaciones son consideradas rentas del trabajo (al fin y al cabo, proceden de una vida laboral) con norma general, aunque existen algunas excepciones.

El ministro José Luis Escrivá no se expresa, sino que realiza afirmaciones y luego se pasa días enteros teniendo que matizarlas posteriormente ante los medios, afirmando haber sido malinterpretado. Desde que asumió el cargo como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha entrado en esta dinámica, con la consecuente generación de ruido en torno a un asunto tan delicado como es la reforma de las pensiones, que nos ha tenido en vilo a toda la industria a lo largo del último año y medio.

El Gobierno refuerza su plan de fomentar el ahorro complementario para la jubilación dando absoluta prioridad a los planes de empresa.

La obtención de una incapacidad permanente que nos otorgue el derecho a una pensión sigue un proceso muy concreto que puede prolongarse por varios meses. Cada una de las fases son importantes, pero algunas están rodeadas de una trascendencia extra. Es el caso del tribunal médico.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto sobre la mesa un borrador del anteproyecto de ley de fondos de pensiones de promoción pública y planes simplificados, al que ha tenido acceso elEconomista, que describe el marco que regulará la entrada de distintos planes colectivos de empleo de promoción pública, alejando, así, la idea de un macrofondo de pensiones. Editorial | La industria tradicional está abocada a rebajar las comisiones.

El sistema de pensiones público en España está basado en un sistema de reparto que ha demostrado ser un tanto vulnerable a los cambios en la pirámide demográfica. El auge de la esperanza de vida ha generado un desequilibrio importante que ha roto todas las previsiones (y obliga al Estado a realizar inyecciones constantes al sistema). Ahora, una de las soluciones pasa por elevar la edad efectiva de jubilación a la vez que se incrementa la edad legal hasta los 67 años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El Proyecto de Ley de garantías del poder adquisitivo de las pensiones no supone una verdadera reforma. La razón principal es que las medidas que contempla no impedirán que el déficit en las pensiones siga aumentando, debido a la jubilación de la generación del babyboom y a la revaloración. En realidad, estos cambios sólo afectarán a los actuales cotizantes, tratando de retrasar su edad de jubilación e incrementando la presión sobre las empresas para la gestión de la renovación natural de sus plantillas.

La jubilación anticipada con carácter voluntaria es tan solo dos años antes de la edad de jubilación ordinaria, pero en otros casos el trabajador puede adelantar aún más el momento del retiro profesional, siempre que cumpla con una serie de requisitos. Incluso hasta los 61 años de edad.

El año 2022 será uno de cambios en el sistema de pensiones español. A las novedades de la reforma ideada por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se añaden modificaciones que atañen a aspectos tan importantes como el cálculo de las pensiones de jubilación.

Uno de los obstáculos más importantes que un trabajador puede encontrarse en su objetivo de conseguir una pensión de jubilación es contar con un periodo de cotización insuficiente para satisfacer sus demandas, como aumentar la cuantía de esta prestación.

La primera parte de la reforma de las pensiones diseñada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha sido aprobada como proyecto de ley por el Consejo de Ministros y solo está pendiente del 'sí' parlamentario para su puesta en marcha a finales de 2021. Un ramillete de cambios dentro de los cuales la jubilación anticipada se ve claramente afectada.

Llueve sobre mojado. El nuevo golpe fiscal a los planes de pensiones del sistema individual llega en un momento en el que estos productos de ahorro finalista han visto salir 231 millones de euros entre enero y septiembre, según los últimos datos publicados ayer por Inverco -es decir, el dato ni siquiera recoge el impacto que tendrá la nueva bajada en la cantidad deducible en IRPF, de 2.000 euros anuales a 1.500, que el Gobierno recoge en los Presupuestos Generales del Estado para 2022-. Por lo pronto, la anterior reducción, de 8.000 a 2.000 euros, anunciada el año pasado y que ha entrado en vigor en éste, ya ha provocado que los planes de pensiones del sistema individual vivan su peor año hasta la fecha desde 2016, cuando en el mismo periodo salieron 313 millones.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, puso cifras a la compensación económica que recibirán los pensionistas en febrero del próximo año por el desvío de la inflación de este año en comparación con la subida aplicada por el Gobierno a principios de 2021. Concretamente, el Ejecutivo aplicó entonces un actualización del 0,9% y según las últimas estimaciones confirmadas hoy por el ministro Escrivá, el IPC medio anual a mes de noviembre será del 2,3%. Es precisamente es 1,4% de desfase el que deberá compensar la Seguridad Social para que el colectivo de pensionistas y jubilados conserven el poder adquisitivo de este año 2021, y el Gobierno calcula que el coste de esta paguilla ascenderá a 1.900 millones de euros.

Acabamos de asistir a la puesta de largo de los PGE 2022 donde se pinta y colorea un mundo de fantasía y de los que podríamos extraer una conclusión evidente, que no se puede sorber y soplar a la misma vez como parecen pretender estas cuentas a las que se les llama de transición justa, aunque nadie tenga muy claro el término. Y aunque el ejercicio presupuestario se parezca a Netflix porque tiene varias series, la roja, verde, amarilla, gris y azul, el “trailer” adelanta la trama de una película que podría ser de ciencia ficción, novela dramática o comedia. Si hay dudas sobre el guion y el reparto de actores, no hay más que echar un vistazo al libro amarillo, lleno de grandilocuentes frases que cuestan leer y entender sin hacer un alto en el camino para respirar y que no son más que una colección secuenciada de palabras vacías de contenido real pero que suenan bien como no podía ser de otra forma. ¿A quién no le gusta que avancemos hacia una transformación económica más justa, verde, digital, cohesionada e igualitaria mientras se afianza la recuperación para un desarrollo más sostenible y resiliente?

La reforma de las pensiones que ha ideado José Luis Escrivá sigue dando pasos en pos de su aprobación tras el visto bueno del Consejo de Ministros del proyecto de dicha reforma, que ha incluido en el redactado final un complemento para determinados pensionistas que se pagará en 2022.

El Estado acudirá al rescate de la Seguridad Social con una inyección en 2022 de hasta 43.000 millones de euros destinados a pagar pensiones contributivas y los denominados gastos impropios del Sistema, en consonancia con el mandato del Pacto de Toledo insertado en las medidas incluidas en el primer paquete de la reforma.

El capítulo dedicado a las pensiones en el proyecto de Presupuestos para 2022 bate todas las marcas. La transferencia de 36.200 millones que recibirá la Seguridad Social para afrontar este desembolso es por sí sola histórica; no obstante, ante la previsión de que esa partida se quede corta, resulta necesario provisionar otros 7.000 millones en concepto de un nuevo préstamo del Estado.

Uno de los objetivos de los autónomos, como el resto de los trabajadores, es conseguir el derecho a cobrar una pensión de jubilación en el futuro. Al margen de los casos en los que se puede ampliar dicha prestación y garantizarse una cuantía mayor, hay que reunir unos requisitos para, al menos, obtener la pensión mínima.

La Seguridad Social tiene en las pensiones contributivas aquellas que protegen al grueso de los trabajadores, pero no por ello descuida a las personas que no han logrado alcanzar los requisitos. Sucede en los casos de jubilación y también en los de invalidez.

La reforma de las pensiones está de actualidad. No es la primera vez. Se trata de un eterno ritornello en el que los Gobiernos protagonistas del cambio nunca han hecho la reforma que realmente era precisa sino reformas cortas y parciales. Incluso la actual, en lugar de ofrecer un debate científico sobre la sostenibilidad del sistema, celebra la ceremonia de la confusión. Porque está planteada de un modo insincero y contradictorio, moviéndose entre el castigo a los babyboomers, la supresión del factor de sostenibilidad y su sustitución por un mecanismo todavía desconocido, las dudas sobre el aumento de la edad y las confusas palabras del ministro, las correcciones severas de otros miembros del Gobierno a las palabras del ministro, las explicaciones del ministro negando que había dicho lo que sí había dicho.

Los tres Premios Nobel de este año (50% el profesor David Card, de Berkeley y el restante 50% repartido entre los profesores Joshua Angrist, del MIT, y Guido Imbens, de Stanford) continúan la línea de la Academia Sueca en los últimos años de premiar carreras académicas dedicadas a la Economía Aplicada. La mayor parte de estos análisis, contrastes y obtención de conclusiones prácticas, parte de un mismo hecho: el estudio de las consecuencias que tienen sobre la economía (más o menos segmentada, más o menos focalizada en un determinado colectivo o territorio) la instrumentación de políticas públicas: desde la política monetaria a la fiscal, pasando por el marco regulatorio de los mercados de bienes y servicios, el mercado laboral o el de la vivienda, entre otros.

Más de 118.000 trabajadores autónomos se beneficiaron en 2020 en España de una pensión de incapacidad permanente. Los profesionales por cuenta propia tienen derecho a estas prestaciones contributivas fruto de su cotización a la Seguridad Social, como sucede también en el caso de las pensiones de jubilación o viudedad.