El sistema de pensiones público en España está basado en un sistema de reparto que ha demostrado ser un tanto vulnerable a los cambios en la pirámide demográfica. El auge de la esperanza de vida ha generado un desequilibrio importante que ha roto todas las previsiones (y obliga al Estado a realizar inyecciones constantes al sistema). Ahora, una de las soluciones pasa por elevar la edad efectiva de jubilación a la vez que se incrementa la edad legal hasta los 67 años, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En el informe publicado por la OCDE destaca que un conjunto de países entre los que se encuentra España existe una diferencia demasiado grande entre la edad de jubilación legal y la edad efectiva. Es decir, aunque la edad de jubilación legal esté en los 65 años, los trabajadores en España, de media, se están jubilando mucho antes.
"En un grupo de países, incluidos Bélgica, Francia, Italia y España, las edades medias de jubilación efectiva están sustancialmente por debajo de las edades de jubilación legales normales", señala el documento de la institución.
Por ello, el organismo destaca en un pequeño recuadro de su informe que "las reformas políticas para cerrar las vías de jubilación anticipada y mantener una edad de jubilación efectiva que aumente (en dos tercios o dos años) respecto a las ganancias futuras en la esperanza de vida podrían elevar el nivel de vida en un 3% de media y hasta un 5-6% en Bélgica, Francia y España. Tales reformas también producirían dividendos fiscales: una reducción de 1,5 puntos porcentuales del PIB en la presión fiscal de media y entre 4 a 5 puntos porcentuales en los países más afectados".
Vuelta al factor sostenibilidad
Una vez solventado el problema de la edad efectiva de jubilación, también habría que pensar en elevar la edad legal. La OCDE cree que el llamado factor de sostenibilidad que eleva la edad de jubilación conforme crece la esperanza de vida es una de las mejores formas de afrontar el aumento del gasto público por el envejecimiento de la población que en los próximas 40 años afectará de forma muy particular a España.
En su informe de proyecciones para el horizonte de 2060, la OCDE calcula que, si la deuda pública se mantuviera estable de aquí a entonces, la presión fiscal en sus países aumentaría globalmente en 8 puntos de producto interior bruto (PIB).
Hasta 13,23 puntos en España
Ese incremento, que se explica sobre todo por las necesidades por el envejecimiento de la población en términos de cuidados, de sanidad y de pensiones, sería mucho más elevado en España, de 13,23 puntos del PIB, una cifra que solo superarían Eslovaquia (17,21) y Polonia (13,95).
Teóricamente esa mayor presión fiscal se puede absorber de tres formas: con más impuestos, con más deuda pública o con reformas estructurales. Yvan Guillemette, uno de los autores del informe, explica a Efe que hay países donde la presión fiscal es tan alta que hay poco margen por esa vía.
En España -añade- "la deuda ya es bastante elevada" (superó el 117% del PIB al finalizar 2020) y hay que esperar en los próximos años una "normalización de los tipos de interés", que encarecerá los pagos recurrentes del Estado por esa carga.
Reforma laboral y pensiones
Por eso, la OCDE privilegia las reformas estructurales. En el caso de España, cambios para una menor dualidad del mercado laboral, para combatir el paro juvenil y aumentar la flexibilidad, pero sobre todo para hacer más sostenible el sistema de pensiones.
En España, el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-1018) instauró ese factor de sostenibilidad en 2013 para que entrara en vigor a partir de 2019, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió derogar su reforma para instaurar un "mecanismo de equidad intergeneracional" que está por definir.
La regla que propugna la organización es la aplicada en Portugal: subir la edad de jubilación dos tercios del alza de la esperanza de vida. Por ejemplo, si la esperanza de vida mejora en tres años, retrasar en dos años la jubilación.
Reformas insuficientes en España
En España, las reformas ya adoptadas apenas permitirán un aumento de esa renta por habitante del 0,5% en cuatro décadas. Uno de sus problemas es la gran diferencia entre la edad de jubilación legal (65 años) y la real o efectiva (62 para los hombres y 61,2 para las mujeres), una de las mayores de los Estados miembros.
La OCDE considera que con los dos grandes cambios que propone (equiparar la edad de jubilación real a la legal y el criterio de sostenibilidad) la ganancia en términos de PIB per cápita sería del 5,47%, un potencial de mejora que únicamente superan Bélgica (6,29%), Turquía (6,19%), Francia (5,81%) y Polonia (5,71%).
El informe recuerda que la pandemia tendrá un impacto fiscal negativo importante, con una progresión de la deuda pública de entre 20 y 25 puntos de PIB entre 2019 y 2022.
Por espectaculares que parezcan esas cifras, a largo plazo "palidecen" si se las compara con la presión fiscal derivada de las tendencias del envejecimiento de la población y del encarecimiento relativo de los servicios.
De ahí su apuesta por las reformas estructurales, máxime teniendo en cuenta que el crecimiento de la economía en el conjunto que forman la OCDE y el G20 se espera que pase de alrededor del 3% anual tras la crisis de la covid-19 a apenas un 1,5% en el horizonte de 2060.
