La reforma de las pensiones está de actualidad. No es la primera vez. Se trata de un eterno ritornello en el que los Gobiernos protagonistas del cambio nunca han hecho la reforma que realmente era precisa sino reformas cortas y parciales. Incluso la actual, en lugar de ofrecer un debate científico sobre la sostenibilidad del sistema, celebra la ceremonia de la confusión. Porque está planteada de un modo insincero y contradictorio, moviéndose entre el castigo a los babyboomers, la supresión del factor de sostenibilidad y su sustitución por un mecanismo todavía desconocido, las dudas sobre el aumento de la edad y las confusas palabras del ministro, las correcciones severas de otros miembros del Gobierno a las palabras del ministro, las explicaciones del ministro negando que había dicho lo que sí había dicho.
Una feria de desmentidos donde se advierte que cuando un político tiene que explicar lo que ha dicho, es porque ha sido demasiado claro.
El problema mayor no está en el gasto que efectivamente va a los pensionistas, sino en la disfuncionalidad del sistema, en su falta de racionalidad interior y en su progresiva descomposición jurídica que tiene, lógicamente, una elevada traducción en coste económico.
Durante muchos años se han producido reformas confusas, parciales, coyunturales, institucionalmente desfiguradoras y destructivas de la coherencia interna del sistema, combinadas con las muy españolas contrarreformas.
Impera el cortoplacismo
En la Seguridad Social se ha impuesto desde hace muchos años y con todos los Gobiernos, un modo de dirección política que pierde en racionalidad a largo plazo lo que busca ganar en oportunidad a corto plazo. Porque la Seguridad Social de mañana importa a nuestros políticos mucho menos que los votos de hoy.
Se debe insistir en que con recesión económica o sin ella, incluso en un escenario de crecimiento, es absolutamente precisa una reforma profunda del sistema de Seguridad Social. Ese sistema evidencia en todo momento -antes de ahora también- una característica muy propia del esquema de protección social español, esto es, que su construcción se ha realizado siempre con improvisaciones y fragmentaciones prácticas, sin coherencia ni sistemática, manteniendo sus elementos en un relativo y precario equilibrio que parece suficiente, mientras que no hay que probar la resistencia de materiales, pero que se convierte en un castillo de naipes que se viene abajo en cuanto la adversidad aparece en el horizonte.
Es evidente que las crisis económicas y de financiación suelen enfrentar a los poderes públicos con este ejercicio de esquizofrenia: corregir las desigualdades y atribuir prestaciones sociales de seguridad social pero, simultáneamente, vigilar que el sistema, en su conjunto, sea sostenible, reduciendo al mismo tiempo el gasto o limitando el acceso a esas mismas prestaciones.
En un contexto así es fácil advertir la perversa paradoja de que el Estado conserva un poder normativo que le obliga a ser al mismo tiempo el policía y el defensor del Estado de Bienestar, en un juego patético en el que se arruina incluso cuando remedia los efectos de su propia legislación expansiva. Sólo una reforma científica que subordine la voluntad normativa a adecuados estabilizadores automáticos romperá esa paradoja.
La Seguridad Social debe ser el espacio de más amplio consenso político pero… la política de partido lo invade todo. Y la propaganda. Y el eslogan. Con un Gobierno que solo genera problemas, la reforma de las pensiones solo supondrá recortes y penalizaciones. Con disfraz de progresismo de salón. Es el camino fácil.
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