Madrid
La reforma de pensiones continúa desplegando sus efectos sobre el sistema público. Para 2022, el Gobierno elevará en un 32% la transferencia que recibe la Seguridad Social procedente del Presupuesto General y nutrida con ingresos impositivos del Estado y que servirán principalmente para sufragar los denominados gastos impropios arrojados al Sistema y que el propio ministerio cifra en 23.000 millones de euros.
Según recoge el proyecto de Presupuestos Generales de 2022, la transferencia que recibirá la Seguridad Social del Estado pasará de los 13.929 millones de euros de este año a los 18.396 millones de euros. Como en años anteriores, el montante será liberado para el pago, además de los gastos impropios, para afrontar los momentos de mayor tensión financiera que experimenta el Sistema a lo largo del año, y más concretamente en los meses de junio y noviembre, cuando se abona la paga extra de las pensiones y donde la nómina de prestaciones contributivas alcanza los 20.000 millones cada mes.
La mayor partida ministerial
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se llevará la mayor partida de los Presupuesto para 2022, con 33.478 millones, teniendo en cuenta que se incluye la transferencia de 18.396 millones para garantizar el pago de las pensiones.
De acuerdo con el proyecto de ley de los Presupuestos aprobado este jueves por el Consejo de Ministros, el Ministerio que encabeza José Luis Escrivá recibirá una partida de 15.082 millones sin incluir esta transferencia a la Seguridad Social, lo que supone un 1,4% más respecto al año pasado.
Tras Inclusión, el siguiente Ministerio con mayor partida presupuestaria es el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con 13.330 millones, un 16,2% más. Tras él, se sitúa el de Defensa, con 10.152 millones, un 7,87% más respecto al año pasado, en el que se incluyen los programas especiales de Defensa. Ambos ministerios suelen ser los que mayores importes reciben por las inversiones que realizan.
Les siguen el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que aglutina un total de 9.742 millones de euros, incluidos 3.695 millones del sector eléctrico, y el Ministerio del Interior, con 9.362 millones, un 5,1% más.
Por su parte, el Ministerio de Educación y Formación Profesional percibirá 5.605 millones, un 2,6% más; seguido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con 4.859 millones, un 6,8% más; el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con 4.608 millones (+20,1%); el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con 4.382 millones (+82,9%) y el Ministerio de Ciencia e Innovación, con 3.843 millones (+18,9%).
Tras estos destacan los 3.130 millones del Ministerio de Hacienda, un 8,1% más; los 2.278 millones del Ministerio de Trabajo y Economía Social, incluyendo 672 millones de transferencia reequilibradora al Sepe, y los 2.828 millones para Sanidad, que ha visto reducir su partida un 17,3% por la menor incidencia de la pandemia prevista. Por su parte, el Ministerio de Justicia recibirá 2.247 millones, un 11,6% más.
Mejora del déficit
Con todo ello, a pesar de las dificultades financieras que ha atravesado la Seguridad Social durante el pasado año y medio de pandemia, siendo el principal organismo público a cargo del despliegue del denominado escudo social para soportar la crisis, las medidas aplicadas desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones parecen estar mejorando a marchas forzadas la salud financiera de la administración encargada del sistema público de pensiones en nuestro país. Concretamente, en términos de salud financiera, la mejora desde 2018 es del 80%, que es la rebaja de las necesidades de financiación previstas para la Seguridad Social en 2022, en comparación con el momento de la llegada del Gobierno socialista.
Según los autores de un estudio sobre las finanzas de la Seguridad Social elaborado por catedráticos del Grupo Investigación de Pensiones, en 2021 estas transferencias ya son ordinarias porque están incluidas en el presupuesto de la Seguridad Social como "transferencias para dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo 2020".
"Pero es muy posible que no sean suficientes y tengan que complementarse con transferencias adicionales", por los posibles desequilibrios en el plano de ingresos del Sistema y avance de los gastos en las nuevas prestaciones, señala el documento al cual ha tenido acceso elEconomista.
