Bruselas
El estado de nuestras cuentas públicas, la reforma del mercado laboral y la sostenibilidad de las pensiones son las grandes preocupaciones de la Comisión Europea cada vez que pasa revista a España. En la lista de Bruselas además siempre se cuela la Ley de Garanti?a de la Unidad de Mercado, una petición comunitaria que apenas logra sobresalir en el debate político nacional, pero que en la capital comunitaria sirve como indicador de la irregular aplicación de las recomendaciones dirigidas a los Gobiernos españoles durante los últimos años.
Tal y como recogió en el último informe en profundad sobre nuestro país el pasado febrero, la Comisión subraya que la Ley de Garanti?a de la Unidad de Mercado "sigue siendo un instrumento importante para fomentar la mejora de la legislacio?n y subsanar la fragmentacio?n del mercado, pero su aplicacio?n avanza con lentitud."
Como adelantó elEconomista el pasado mes, este es uno principales temas que está discutiendo el Ejecutivo comunitario con el Gobierno español, junto con el mercado laboral y las pensiones, en el contexto del plan de inversiones y reformas que tiene que enviar Madrid antes de abril para acceder a los 140.000 millones de euros que le tocan del fondo de recuperación europeo.
En una entrevista con este diario, el vicepresidente de la Comisión Europea al cargo de Economía, Valdis Dombrovskis, señaló que están discutiendo con el Gobierno "cuestiones importantes" sobre el entorno empresarial, incluida la fragmentación regulatoria, además de la reforma del mercado laboral, y cuestiones relacionadas con la sostenibilidad a medio y largo plazo de la reforma de las pensiones. El objetivo de la norma de unidad de mercado, aprobada en 2013, es eliminar las restricciones al establecimiento de empresas y a la libre circulacio?n de bienes y servicios en el territorio, luchando contra la fragmentación regulatoria. Entre los casos ti?picos figuran las restricciones a las actividades profesionales, el comercio, el transporte y las telecomunicaciones.
Administraciones públicas
La Ley además permite a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recurrir ante los tribunales actuaciones de las Administraciones Públicas que limiten el ejercicio de la actividad económica de empresas y particulares.
En marzo de 2019, con motivo de los cinco años en vigor, la CNMC indicó que había llevado a cabo 381 actuaciones, de las cuales unas 220 fueron por limitación a la actividad económica. Sin embargo, el análisis de la Comisión concluye que la falta de cooperacio?n efectiva a varios niveles y la limitada concienciacio?n sobre sus beneficios entre los usuarios potenciales retrasan la aplicacio?n de la Ley.
Lamenta que no se aprovechan instrumentos de cooperación entre Administraciones
Bruselas lamenta que Madrid no está aprovechando instrumentos de cooperación entre los varios niveles administrativos que se podrían utilizar.
Por ejemplo, las conferencias sectoriales, que reu?nen a representantes de los Gobiernos central y autono?micos para discutir y definir enfoques para mejorar la normativa y evitar la fragmentacio?n en una serie de a?mbitos.
Además, el Ejecutivo comunitario señala que la norma "sería más eficaz si esta fuese ma?s conocida". En este sentido, Bruselas reconoce los esfuerzos.
