Era sabido que la Comisión Europea contrataba de vez en cuando a consultores para algunos informes que requerían un conocimiento más específico. Pero nadie podía imaginar el enorme gasto dedicado a firmas externas, sobre todo a las cuatro grandes: PwC, KPMG, Deloitte y EY. Solo entre 2016 y 2019, la Comisión Europea gastó más de 462 millones de euros en estas multinacionales, tal y como publicó elEconomista el pasado 18 de marzo, tras analizar información del Sistema de Transparencia Financiera de la UE y otros documentos de la Comisión.

Tiempo de crisis. Un nuevo instrumento europeo con un complicado nacimiento. Gobiernos que esperan la ayuda europea. Y una decisión del Tribunal Constitucional alemán que dispara las alarmas en toda Europa. Sucedió en el verano de 2012, cuando los jueces de Karlsruhe pusieron en jaque la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), en el peor momento de la crisis de la eurozona, un par de semanas después de que Chipre y España hubieran solicitado un rescate, y con Grecia, Irlanda y Portugal manteniéndose a flote con la asistencia del predecesor del MEDE. Y ha vuelto a ocurrir ahora, con la pandemia apretando en Europa, una nueva recesión en cocción, y toda la Unión poniendo velas para que lleguen ya las transferencias del fondo de recuperación, esperadas para algún momento del segundo semestre, si no se tuercen demasiado las cosas.

El impacto del Covid-19 y las medidas de restricción para contenerlo no han dejado la misma cuenta en cada Estado miembro o sector económico. Entre las grandes economías de la zona euro, España es la que ha pagado un coste mayor cada vez que se apretaban las medidas de contención, según recoge un estudio del BCE publicado este jueves.

España ya tiene casi listo su plan de inversiones y reformas con el que acceder a los 140.000 millones de euros del fondo de recuperación. Fuentes de Moncloa señalan que ya se ha entrado en el tramo final, y solo queda por pulir con la Comisión Europea aspectos técnicos más que discusiones políticas sobre el contenido del plan. Por eso, desde el Gobierno mantienen el compromiso de enviarlo a finales del primer trimestre, y confían en que lo podrán remitir a Bruselas para su evaluación antes de que concluya este mes.

La reforma de la Política Agrícola Común se ha convertido en una de las batallas más arduas en la UE. Los Estados miembros (el Consejo) y el Parlamento Europeo intentan ahora consensuar una posición común, con una nueva ronda negociadora este viernes.