
Los ministros de Finanzas de la UE llegaron este viernes a Kranj (Eslovenia) con toda la artillería lista para la batalla de la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Bajo el buen tono de las declaraciones se adivinan ya avisos y líneas rojas, algunas puestas por escrito, como las del grupo de los 'halcones' avisando contra cualquier reforma que agriete la estabilidad fiscal.
El choque es tal que los 27 socios discrepan no solo por los elementos a modificar, o la ambición de las reformas, sino también por el calendario. Entre unos y otros, aunque más cerca de quienes piden ajustes más suaves y más hueco para la inversión, la Comisión sugirió ayer que todavía dará algo de oxígeno a los socios a partir de 2023, cuando se reactivará el Pacto de Estabilidad.
El hercúleo esfuerzo realizado por los Estados miembros para hacer frente a la pandemia del covid-19 disparó la deuda pública a niveles sin precedentes en la UE, rondando el 95% del PIB este año.
Esta cifra está muy por encima del límite del 60% del PIB establecido en el Pacto de Estabilidad, ahora suspendido para permitir el gasto adicional que han necesitado las economías europeas frente a la pandemia. El marco también establece que los déficits públicos se mantendrán por debajo del 3% del PIB.
Aunque se espera que la economía europea alcance su nivel previo a la crisis a finales de este año, el BCE ya ha advertido de que la velocidad de la recuperación dependerá de cómo evolucione la pandemia.
En este contexto, los ministros de Finanzas de la UE han comenzado a discutir este fin de semana cómo mejorar las reglas fiscales, una decisión que potencialmente determinará la severidad de los ajustes fiscales y las subidas de impuestos que deberán adoptar para controlar sus finanzas públicas.
El grupo pro-estabilidad fiscal, compuesto mayoritariamente por Estados miembros del Norte, y los países del Sur, a favor de un marco que haga hueco a la inversión, coinciden en que las reglas deben simplificarse, tras años de enmiendas y reinterpretaciones que han complicado su aplicación.
Pero ambos bloques discrepan sobre si las reglas deberían dejar más espacio al gasto en algunas áreas prioritarias, como las políticas verdes.
Además, países como España y Francia, y también la Comisión Europea, defienden que la revisión debería relajar los esfuerzos para reducir los elevados niveles de deuda pública, ya que la metodología actual obligaría a aprobar draconianos recortes de austeridad en las economías afectadas por la pandemia.
"Necesitaremos un camino de reducción de la deuda que sea realista para todos los Estados miembros. Necesitamos equilibrar la sostenibilidad fiscal con la necesidad de apoyar la recuperación económica", avisó el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en su llegada a la reunión de ministros.
Ambición y velocidad
Los países que piden insertar mejoras más ambiciosas en el marco fiscal también quieren que las nuevas reglas estén en vigor antes de que se restablezca el Pacto de Estabilidad, lo que está previsto que suceda a principios de 2023.
Pero los cambios de gran alcance que defienden podrían llevar al menos dos años, ya que requerirían la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo.
Por esa razón, el Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, sugirió que la Comisión podría presentar una nueva interpretación de las reglas actuales el próximo año como una solución rápida.
"Podemos encontrar instrumentos, si no es posible concluir esta transformación [de las reglas fiscales] antes de finales del próximo año", dijo Gentiloni en Kranj.
La nueva interpretación de la Comisión del Pacto tendría en cuenta el impacto de la pandemia en las economías nacionales, por lo que probablemente suavizaría el ritmo de los ajustes reajustando la aplicación de la metodología actual.
La propuesta llegaría alrededor de la primavera del próximo año, a tiempo para la preparación de los planes fiscales de los Estados miembros para 2023.
Fuentes comunitarias comentaron a elEconomista que "está claro que una propuesta legislativa no estaría en vigor en enero de 2023, incluso si se presenta a finales de este año, por lo que tendríamos que aclarar cómo vamos a interpretar las normas actuales".
Una segunda fuente de la UE no excluyó que la Comisión podría proponer cambios más sustanciales a las reglas fiscales en una propuesta legislativa, en paralelo con la nueva interpretación.
La última reinterpretación del Pacto de Estabilidad llegó en 2015, y también nació del intento de dar más alas a la inversión, estrangulada por el exceso de austeridad tras la pasada crisis.
La solución dependerá de los resultados de la consulta pública que la Comisión lanzará en las próximas semanas, probablemente a principios de octubre, y de las discusiones con los Estados miembros este otoño para tratar de reducir las diferencias en torno a la reforma.
Gentiloni reconoció que "sabemos que existe necesidad de construir un consenso".
Los Estados miembros no solo discrepan sobre hasta dónde deberían llegar los cambios, sino también sobre la rapidez con la que deberían producirse.
Un grupo de ocho estados miembros, entre ellos Austria, los Países Bajos y los socios nórdicos, indicaron en una carta compartida con los ministros antes del Ecofin que "el debate sobre la mejora del actual marco de gobernanza económica necesitan mucho tiempo y debe basarse en amplias consultas de la Comisión". " La calidad es más importante que la velocidad ", agregan en la carta.
No obstante, la ministra de Economía, Nadia Calviño, defendió que la reforma de la normativa fiscal debería estar lista "antes de que salgamos de esta situación excepcional", refiriéndose a la suspensión del Pacto de Estabilidad.
El grupo de países del Norte se abrieron en su misiva a "discutir las simplificaciones y adaptaciones [de las reglas] que favorezcan una aplicación consistente, transparente y mejor, así como el cumplimiento de las normas, pero solo si las nuevas propuestas no comprometen la sostenibilidad fiscal".
Pero resulta insuficiente en Madrid, París o Roma. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, defendió que las inversiones para reducir la huella de carbono de las economías europeas deben recibir un trato especial a los ojos de los limites al déficit y la deuda.
Los resultados de las elecciones alemanas del 26 de septiembre influirán en la velocidad de los ajustes y el espacio adicional para el gasto en el resto de los socios. El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, convertido en el nuevo favorito para suceder a Angela Merkel, no está a favor de grandes cambios en el Pacto de Estabilidad, ya que considera que las reglas actuales permiten suficiente flexibilidad, como se ha visto durante la pandemia. Pero los Verdes defienden la flexibilización de los umbrales de deuda para invertir en prioridades verdes.
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