La cuantía de la pensión de jubilación es, junto a la posibilidad de adelantar dicha jubilación, la preocupación más importante del trabajador de cara a su retiro profesional. Y no es para menos: en la mayoría de los casos será su principal fuente de ingresos cuando deje de trabajar y se convierta en pensionista.
El título del artículo de hoy alude a la invariable respuesta que, por parte de los departamentos jurídicos de muchas compañías aseguradoras, se recibe cada vez que se les propone hacer algo que se salga mínimamente de su rutina habitual. Con una mezcla de ignorancia e incomprensión desconfiadas y de temor reverencial a qué dirán la Agencia Tributaria, la Inspección de Tributos, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y/o las administraciones públicas en general, la respuesta a la menor duda sobre cualquier acción u operación novedosa es, por defecto y sin mayor investigación, siempre la misma: "No se puede" o "Sí o sí se tiene que hacer de esta manera".
De sobra es conocido que la cultura financiera española no basa sus ahorros en la previsión social complementaria a la pensión pública. De hecho, los expertos consideran que el bienestar financiero se consigue dedicando un 20% del colchón económico personal para el retiro. Sin embargo, según el Financial Wellness Index (FWI) que elabora Advantere School of Management para el banco online N26, el 65% de los españoles suspende este objetivo y destina menos del 16% para su jubilación. En este examen, hay una generación claramente ganadora.
Aunque es visto por el grueso de los trabajadores como el requisito fundamental para cobrar una pensión y poder jubilarse, el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación no es la única condición que exige la Seguridad Social para poder cobrar una pensión contributiva, de entre los cuales por encima de todo la acreditación de un periodo concreto de cotización.
La reforma de pensiones introduce una serie de medidas para tratar de garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social. Uno de los grandes pilares so
La cotización es un elemento importante para la jubilación del trabajador porque determina tanto el acceso a la propia jubilación como la cuantía de la pensión que cobrará el pensionista. Pero si es especialmente importante es en los últimos años, los previos a esa jubilación
La pensión de jubilación es una pensión contributiva y, por eso, obliga a los trabajadores que deseen percibirla una vez se jubilen a ciertos niveles de cotización a la Seguridad Social. Esto tiene el objetivo de sufragar, precisamente, el sistema de pensiones. En el mes de marzo, este gasto en pensiones ha sido del 11,7% del Producto Interior Bruto, muy cerca de los 12.000 millones de euros.
Todas las prestaciones contributivas (las que dependen, al menos en parte, de las aportaciones de los trabajadores a través de las cotizaciones) están determinadas por un concepto del que se habla mucha pero no siempre se conoce toda la verdad: la base reguladora. Un factor clave del que depende la cuantía de esas prestaciones, entre las que destaca la pensión de jubilación, que al fin y al cabo es la más numerosa.
La Seguridad Social destinó en el presente mes de marzo la cifra récord de 11.945,6 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 10,8% más que en igual mes de 2022, tras su revalorización en un 8,5% para este año, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Una de las principales preocupaciones del trabajador a lo largo de su vida laboral es la de la cotización que va acumulando con el paso de los años. Y no es para menos, ya que de ella dependerá la cuantía de su futura pensión de jubilación.
Cualquier interrupción en la cotización que tenga lugar durante los últimos años de la carrera del trabajador, que son los que tiene en cuenta la Seguridad Social a la hora de calcular la cuantía de la pensión, tiene un impacto perjudicial para la futura prestación.
El goteo de dinero que sale de los planes de pensiones del sistema individual es constante desde que el Gobierno redujo los incentivos fiscales de estos productos en dos ocasiones. Desde 2020 hasta ahora, las prestaciones netas en el sistema individual ascienden a 1.000 millones de euros.
Las pensiones contributivas suelen ser incompatibles entre sí, por lo que no es habitual conocer a una persona que cobre dos pensiones a la vez. Sucede en algunos casos de trabajadores que han cotizado en dos regímenes de la Seguridad Social o, por ejemplo, cuando una persona tiene derecho a una pensión de viudedad y después se jubila, o viceversa.
La segunda parte de la reforma del sistema español de pensiones, presentada el viernes pasado, destaca por la ausencia de medidas de contención del gasto en estas prestaciones, que ya se encuentra en un nivel récord equivalente a casi 12.000 millones mensuales (dato de febrero de 2023). La ausencia de frenos de ese tipo provocará que el desembolso continúe al alza, no solo por factores como la jubilación masiva de la generación del baby-boom. Además, los expertos consultados por elEconomista.es, alertan de que hay características intrínsecas a la propia reforma que contribuyen a espolear al alza el gasto.
No suele ser el deseo más común de los trabajadores, pero en muchos casos resulta una opción útil de cara a jubilaciones con pensiones de escasa cuantía. Retrasar la jubilación puede convertirse en una vía a tener en cuenta si el trabajador quiere aprovechar al máximo económicamente las alternativas que le ofrece el sistema de pensiones.
Los planes de pensiones cada vez invierten más en activos alternativos. Según el último estudio elaborado por Thinking Ahead Institute, de WTW, el peso de la bolsa y renta fija ha caído en la última década, mientras que el de los activos alternativos se ha incrementado del 9% en 2002 al 23% en 2022.
Es una de las preguntas más comunes cuando una persona está cerca de la edad ordinaria de jubilación: ¿con cuánta pensión podré jubilarme? La respuesta será clave para el trabajador, ya que la cuantía de esa pensión a la que tiene derecho será su principal fuente de recursos, mes a mes hasta el final de su vida.
Es la pensión contributiva por antonomasia, la que todo el mundo aspira a cobrar en el futuro y, por lo tanto, la que más se abona de las de todo el sistema de pensiones español: la pensión de jubilación llega a 6,20 millones de pensionistas (según los datos oficiales de la nómina de febrero) y forma parte de un engranado sistema de gestión que maneja la Seguridad Social desde su concesión hasta su pago.
Como el protagonista de la comedia dramática dirigida por Peter Weir en 1998, Ramón Tamames se va a convertir, a punto de cumplir 90 años, en el protagonista de un show parlamentario y televisivo de realidad simulada disfrazado de moción de censura, con guion de Santiago Abascal y Vox que aportan la puesta en escena y el protagonista, para mayor gloria de Sánchez&Cia Producciones que será quien finalmente rentabilizará los beneficios de una ficción improcedente que no se le hubiera ocurrido ni al más espabilado de los estrategas de Moncloa, si es que alguno queda.
El cobro de una pensión de jubilación parece una especie de trámite que tiene lugar cuando el trabajador cumple la edad de jubilación, pero lo cierto es que al tratarse de una pensión contributiva (que exige periodos de cotización) existen determinadas personas que no son capaces de generar el derecho a estas prestaciones y tienen que buscar otras alternativas.
Cambio de caras en la cúpula de Sanofi España. La hasta ahora directora general de la compañía, Margarita López-Acosta, ha anunciado su jubilación y esto comportará una serie de cambios en los principales puestos ejecutivo de la farmacéutica de origen francés.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha establecido en una sentencia conocida este martes que no constituyó una discriminación por razón de edad el acuerdo sobre despido colectivo alcanzado en sede judicial entre una empresa privada y los representantes de los trabajadores que pactó una menor indemnización para los afectados de edad igual o superior a 60 años, teniendo en cuenta que, con independencia de su edad, las indemnizaciones pactadas para todos los trabajadores mejoraban el mínimo legal aplicable.
El deseo de una inmensa mayoría de trabajadores es adelantar lo máximo posible la jubilación para dejar de trabajar y disfrutar de lo que seguro que consideran un más que merecido descanso. Sin embargo, en ocasiones no es una decisión que dependa de ellos mismos.
La jubilación de un trabajador cuando llega a la edad ordinaria suele obedecer a una decisión voluntaria: una vez que cumple dicha edad pasa a disfrutar del descanso que ha añorado durante muchos años. En otras ocasiones, no obstante, esta decisión no es precisamente voluntaria e incluso procede de un despido.
Las pensiones de jubilación en España sufren cambios de forma periódica debido a las reformas del sistema que se han producido en la última década. Es por eso que algunos requisitos o condiciones clave van cambiando con el paso del tiempo (las reformas impusieron calendarios progresivos para implantar sus cambios), aunque en otros aspectos no se dan modificaciones.
El Movimiento FIRE (siglas en inglés de Independencia Financiera, Jubilación Temprana), es una opción atractiva que consiste en ahorrar e invertir parte de los ingresos desde una etapa temprana de la trayectoria profesional. El objetivo de sus partidarios sería acumular la cantidad de dinero suficiente como para jubilarse varias décadas antes de los 65.
Cuando una persona pierde un empleo en muchos casos pierde a la vez la cotización a la Seguridad Social. Son esas situaciones las que los trabajadores tratan de evitar a toda costa, dado que la ausencia de ingresos se le suma la interrupción en la cotización y su más que probable impacto negativo en la futura cuantía de su pensión de jubilación.
Una de las claves para determinar la cuantía de una pensión de jubilación es la base reguladora del trabajador. Se trata de un valor clave no solo para estas prestaciones, sino para todas aquellas de tipo contributivo como las pensiones de viudedad o incapacidad permanente y la prestación contributiva por desempleo, el paro.
El Tribunal Supremo anula que el cuerpo de bomberos pueda recibir una gratificación por jubilación anticipada cuando los funcionarios de este gremio alcancen los 60 años de edad porque, según el Real Decreto 383/2008 sobre coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, es la edad legal para recibir una pensión.
El colapso en la Seguridad Social golpea a los jubilados. El tiempo medio para formalizar las pensiones casi se ha quintuplicado en tan solo dos años, pasando de apenas una semana a tener que esperar más de un mes para poder gestionar el cobro. El Gobierno reconoce que el tiempo medio para cobrar la jubilación asciende ya a 33,35 días desde que se inicia la solicitud hasta que se resuelven todos los trámites, según la información aportada por la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social a través del Portal de Transparencia.
