El ahorro privado cubre como máximo el 10% del último salario del trabajador en la jubilación

La pensión pública española destaca en las economías desarrolladas por ser una de las más generosas, al cubrir algo más del 70% del último salario. Es lo que se denomina la tasa de reemplazo o de sustitución. Ante una cultura financiera y de ahorro en pensiones menos desarrollada, solo un 28,4% de las empresas realiza aportaciones para que sus trabajadores generen ingresos para cubrir las más de dos décadas que, de media, disfrutan los españoles tras su carrera laboral. Las aportaciones medias del 3,8% del salario se traducen un ahorro complementario para la jubilación de hasta el 10,6% del último salario, según cálculos facilitados por KPMG abogados para elEconomista.es.

La generosidad de la pensión pública dibuja un sistema que cubre la mayor parte de los ingresos respecto al salario previo del trabajador. Durante las próximas décadas, la última reforma Escrivá prevé subidas de cotizaciones bajo diversos mecanismos: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad, que no sirven para mejorar la base reguladora que cuantifica la prestación, además de la ampliación de las bases máximas de cotización. De forma paralela, la pensión pública subirá a un menor ritmo, provocando un aumento entre la brecha entre la aportación y la prestación máxima recibida.

En un contexto de menor renta disponible y con el objetivo de este Gobierno de potenciar los pilares complementarios, KPMG recoge varios ejemplos de ahorro para un perfil de trabajador de 30 años con el 3,8% de su salario en aportaciones, durante dos periodos diferentes -25 o 35 años- y con rentabilidades de la inversión durante toda la vida de la inversión (etapa activa o de constitución del capital y etapa de pensionista) que varían -2% o 4%-.

El resultado (véase gráfico) es una tasa de reemplazo del último salario que se mueve entre el 4% si se ahorra durante 25 años y la rentabilidad es del 2%, y hasta un 10,6% ahorrando 35 años con una rentabilidad del 4%. Son datos que se desprenden del informe de situación de pensiones de 2022 elaborado por KPMG, con una tasa de reemplazo calculada para este medio.

El ratio de sustitución de ingresos en la jubilación, medido en porcentaje de cobertura de la pensión respecto al último salario, puede ser muy variable, indican. "La pensión lógicamente variará en función de la cantidad que se aporte al plan. Además, hay otras variables que tienen un impacto decisivo en la pensión final de jubilación. Estas variables son el horizonte temporal o periodo de constitución del ahorro y la rentabilidad que se obtenga en la inversión tanto de las aportaciones como del capital acumulado en la fecha de jubilación", puntualizan.

Ingresos paralelos

"Un plan de jubilación debe asegurar que cumple el objetivo para el cual se ha creado: servir de complemento a la futura pensión de jubilación de la Seguridad Social", explica Álvaro Granado, responsable del área de Pensiones de KPMG Abogados. "Una planificación óptima de la jubilación debe considerar conjuntamente la cantidad a destinar como aportación al plan de jubilación, el horizonte temporal y una estrategia de inversión adecuada al perfil de riesgo del ahorrador y al objetivo de pensión que se pretenda alcanzar", precisa.

La tasa de reemplazo de la pensión pública ha caído unos diez puntos en la última década, y la brecha entre las aportaciones y su prestación máxima revelan que los empleados con salarios elevados deberán ahorrar en planes para complementar los ingresos del pilar público.

Respecto al ahorro, desde KPMG trasladan que sería recomendable analizar que "la pensión de jubilación objetivo que incluirá tanto la parte pública como privada. La comunicación y la transparencia en la información es clave para poder planificar la jubilación de manera adecuada", explica Granado.

Ahorro histórico

Desde hace más de 30 años, la previsión social ha ido aumentado su peso en relación al PIB. Sin embargo, tras un mayor desarrollo de los planes de empleo hasta 2005, este pilar de ahorro se ha estancado en el 3% del PIB, según datos faciliatados por WTW.

Los individuales han captado más inversión históricamente hasta acumular más del 7% del PIB en 2021. La decisión de Escrivá de reducir los incentivos fiscales ya impacta de forma negativa sobre este pilar.

En vista a potenciar este tipo de ahorro, la reforma que ha realizado Escrivá entre 2020 y 2023 incluye un fondo público de pensiones. Los expertos del sector aplazan la configuración completa de este fondo al menos hasta la segunda parte del año, cuando los planes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones era tenerlo listo justo antes de verano. 

Este fondo está en fase de perfeccionamiento. Hay un sandbox con aportaciones, proyectos e ideas de empresas y startups para realizar propuestas que mejoren las posibles rigideces regulatorias. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y el Tesoro Público están valorando estos proyectos. 

En la negociación colectiva

Las empresas sectoriales también se podrán acoger a los planes de empleo. El del sector de la construcción se está valorando y discutiendo con el Ministerio que dirige Escrivá y el año pasado ya pusieron cifras a su plan: aportarían unos 650 euros en los tres primeros años de plan, tras la subida pactada en 2022 (10% en total, 3,75% destinada a esta bolsa de ahorro). 

"Sería recomendable incluir, tanto en un plan que decida promover una empresa como en el marco de la negociación de los planes de pensiones que vayan a regularse en los convenios colectivos (planes de pensiones simplificados), un estudio del impacto que el porcentaje de aportación al plan de pensione tendrá en la futura pensión de jubilación", explica en este punto el responsable del área de pensiones de KPMG.

Estos planes de empleo apenas tienen presencia aún en la negociación colectiva. Son 529 convenios los que incluyen cláusulas de jubilación y cubren a más de 1,6 millones de trabajadores. Un total de 100 convenios fuerzan la jubilación, y 179 que estimulan la jubilación antes de los 65 años. El retiro parcial lo fuerzan 376 convenios que afectan a 1,2 millones de trabajadores. Pero, de cara a cubrir el bienestar financiero durante el retiro apenas incluyen previsión social el 11% de los convenios colectivos firmados hasta diciembre de 2022.

Los planes de empleo son la alternativa básica ante el desplome protagonizado por los planes individuales tras la minoración de beneficios fiscales.

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