La previsión social complementaria y la necesidad de alargar la vida laboral no cala, hasta la fecha, en los acuerdos por convenio colectivo firmados a cierre de 2022. A falta de conocer los datos del arranque del presente 2023, el año pasado terminó con bonificaciones a la jubilación antes de los 65 años para 459.000 trabajadores. De forma paralela, los acuerdos sectoriales apenas incluyen aportaciones a la previsión social para 183.000 empleados, el 12% de los convenios.
Las estadísticas revelan el doble problema que asume el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que son el de elevar la edad media de jubilación y fomentar el ahorro en el segundo pilar, aquel promovido por las empresas dentro de la propia negociación sectorial. Sin embargo, la edad media de las jubilaciones que se dieron de alta durante el pasado año fue de 64,8 años, aún un año y medio por debajo de la edad legal de jubilación que a partir de enero sube hasta 66,4 años y en 2027 llegará a 67 años.
Y, en parte, contribuyen los convenios colectivos. Son 529 convenios los que incluyen cláusulas de jubilación y cubren a más de 1,6 millones de trabajadores. Un total de 100 convenios fuerzan la jubilación, y 179 que estimulan la jubilación antes de los 65 años. El retiro parcial lo fuerzan 376 convenios que afectan a 1,2 millones de trabajadores. Pero, de cara a cubrir el bienestar financiero durante el retiro apenas incluyen previsión social el 11% de los convenios colectivos firmados hasta diciembre de 2022.

De forma paralela y en vista al ahorro, la Ley de Planes y Fondos de Pensiones de 2022 incluye un artículo, el 68, tras la reforma que cerró el departamento que dirige José Luis Escrivá, un artículo que prevé fomentar la inclusión de los planes de pensiones simplificados sectoriales en la negociación colectiva. Además de temas tan vitales como las mejoras salariales a medio plazo que busca potenciar el tratamiento de las aportaciones a planes de pensiones desde la propia negociación colectiva.
Sin embargo, encontrar la fórmula no está siendo tarea sencilla. Antonio Méndez Baiges, abogado de Mercer y miembro de Ocopen, valora las opciones que habría sobre la mesa. Para fomentar la previsión social en los acuerdos colectivos, Méndez Baiges valora que una opción "es introducir una disposición, normalmente en el Estatuto de los Trabajadores (ET), que prevea como parte necesaria de la negociación colectiva acuerdos sobre Previsión Social Complementaria en las empresas", ya que tradicionalmente este tipo de ahorro solo triunfa en el sector de la banca, las finanzas y la gran industria.
Las aportaciones, en el caso de modificar el Estatuto de los Trabajadores, irían más allá de lo redactado en el artículo 68 y se abriría a otros productos de previsión social. Otra opción, tal y como defiende Elisa Ricón, directora general de Inverco, sería introducir el 'auto enrolment' que obliga a las empresas a inscribir a sus trabajadores a planes de pensiones y que fomentaría el ahorro a través de la empresa.
La modificación del Estatuto de los Trabajadores es una opción que, según trasladan desde el sector, se ha tratado de manera informal pero no se ha propuesto en firme sobre la mesa, como así explican también fuentes del Gobierno. Actualmente, el ministerio que dirige Escrivá negocia con agentes sociales y profesionales del sector de la previsión social el plan sectorial de la Construcción que prevé cerrarse durante este primer trimestre, según explican desde Mercer.
En España apenas uno de cada 10 empleados tiene un plan de pensiones de empleo, cobertura inferior a la de otros países de nuestro entorno. En cuanto a volumen de activos bajo gestión de los fondos de pensiones en España, también está significativamente muy por debajo, al suponer el 3,2% sobre el PIB, por debajo del 35% de Irlanda o del 6,9% de Alemania.
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