Aunque lo habitual es finalizar la carrera laboral cuando a un trabajador le llega la edad ordinaria de jubilación (si antes no se ha acogido a alguna de las modalidades de jubilación anticipada), algunas personas prefieren alargar esa carrera para aumentar sus cotizaciones y conseguir una mayor pensión de jubilación. Sin embargo, no siempre es posible.
Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social hasta mayo registraron un aumento del 7,8%, lo que sitúa los ingresos por cotizaciones en 57.413 millones de euros, cifra que supera en 4.135 millones de euros la registrada en el mismo periodo de 2021 y que marca un nuevo máximo histórico hasta el mes de mayo. Sin embargo, esta cifra aún es insuficiente para cubrir el gasto en pensiones, en 59.000 millones.
Los últimos años previos a la jubilación son muy importantes para los trabajadores, dado que son los que determinan la base reguladora de acuerdo con las bases de cotización (y las respectivas cotizaciones) de ese periodo. Por eso, los tramos sin cotizar pueden penalizar a estas personas cercanas a la edad de jubilación.
Los trabajadores españoles tienen un nivel de confianza bajo en el sistema de pensiones del país. En concreto, al menos del 30% confía en recibir una pensión que le permita mantener su nivel de vida después de jubilarse, una cifra inferior a la de otros países del entorno que muestra el recelo a las futuras medidas que pueda adoptar la Seguridad Social en España, una incertidumbre para el 70% de la población. A su vez, parte de la población manifiesta gran interés en cubrir su jubilación con aportaciones a planes de pensiones.
Más de 1,3 millones de los 6,2 millones de jubilados españoles proceden del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el RETA. Estas personas tienen una pensión media por debajo de la media y de los trabajadores de otros regímenes de la Seguridad Social, dado que una gran parte de estos profesionales suelen cotizar en buena parte de su carrera por la base mínima.
El Estado ha abonado más de 7.837 millones de euros en pensiones de jubilación, según los datos de la Seguridad Social a 1 de junio. En total, se han pagado más de 6,24 millones de pensiones de jubilación (un 62% del cómputo general de prestaciones contributivas) que suponen el 72,7% de la nómina mensual de pensiones.
El cobro de una pensión de incapacidad permanente solo se consigue tras el paso por varias fases de un proceso que a veces se antoja complicado, con trámites tan temidos como el del tribunal médico y que en los peores casos puede llegar a durar casi medio año hasta que se salda con el resultado positivo para el trabajador: el cobro de esta pensión contributiva de la Seguridad Social.
El Gobierno ha lanzado la segunda batería de medidas ante el aumento de la inflación por la guerra de Ucrania y la subida del precio de la luz. Una de ellas afecta a los más de 440.000 pensionistas que cobran una pensión no contributiva de jubilación o invalidez, las que se otorgan a las personas que no han cotizado lo suficiente durante su vida laboral para cobrar una pensión contributiva.
Adelantar la jubilación y permanecer el menor tiempo posible en el trabajo parece un deseo más o menos extendido en el grueso de los trabajadores. En muchos casos esto se lleva a cabo de forma voluntaria, cuando el ciudadano se acerca a los años previos a la edad de jubilación y reúne los requisitos necesarios que exige la normativa de pensiones. En otros casos, sin embargo, la jubilación puede llegar de forma involuntaria...e incluso a partir de los 61 años.
La nueva ley del fondo público de pensiones para impulsar el segundo pilar ha culminado con un tope de aportaciones con deducción fiscal de 4.250 euros, más 1.500 euros extra que podrán aportar en el caso de no invertir en un plan de pensiones individual. Aún así, los mutualistas, a través de conversaciones con el presidente de la Confederación de Mutualidades, Enrique Sanz Fernández-Lomana, reclama aún una mejora en el trato fiscal de los nuevos planes y pide, una vez culminado el plan, separar la tributación de las rentas de trabajo aportadas y de los intereses generados.
La subida del 15% de las pensiones no contributivas dentro del decreto anti-crisis de este sábado abre la puerta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a subir las pensiones contributivas complementadas a mínimos. Según cálculos facilitados por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y de Extremadura, algo más de 57.000 jubilados con pensiones contributivas se podrían beneficiar de esta subida que podría darse de forma indirecta como efecto rebote del alza de las no contributivas.
Adelantar el momento de la jubilación y finalizar la vida laboral para disfrutar de un merecido descanso es un deseo extendido en la inmensa mayoría de los trabajadores. El problema para los empleados es que, debido a las exigencias de la normativa sobre pensiones, solo muy determinadas personas reúnen los requisitos adecuados para conseguirlo.
La base reguladora y la base de cotización son dos conceptos frecuentes cuando se habla de cualquier prestación y, cómo no, de la pensión de jubilación. De hecho, son dos elementos tan relacionados y confundidos entre sí como habituales, por lo que es recomendable saber qué significa cada uno de ellos y evitar así problemas de cara al cálculo de la pensión.
Cuando una persona se prepara para jubilarse de forma anticipada atiende (al igual que en las jubilaciones ordinarias) al tiempo cotizado durante su carrera laboral y a sus bases de cotización, aspectos fundamentales tanto para el acceso al adelanto de la jubilación como para conocer la futura pensión que cobrará, pero en algunos casos será también importante la profesión desde la que acceda a esa jubilación anticipada.
A a hora de pensar en una jubilación anticipada hay que tener en cuenta factores como la edad del trabajador y los años cotizados previamente en su vida laboral, pero en algunos casos la pensión del propio trabajador así como las condiciones en las que puede llevar a cabo la jubilación anticipada se pueden ver determinadas por la profesión que desempeña.
Resulta casi impensable, pero a veces puede suceder: conseguir una pensión sin necesidad de pedirla, pasando la responsabilidad precisamente al organismo que la concede, la Seguridad Social. Esto, no obstante, solo ocurre en una de las pensiones contributivas que paga el Estado, las de incapacidad permanente.
La prolongación de la vida activa es un objetivo clave para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Con todo, la puesta en marcha de esa política en un primer momento puede volverse en contra, como un bumerán, de sus impulsores. Así ocurre en España donde las jubilaciones demoradas experimentan incluso retrocesos. Actualmente las altas de retiro a partir de los 65 años mantienen una senda constante que ronda las 14.000 jubilaciones demoradas cada año. Este dato contrasta con 2013, cuando este tipo de nuevas jubilaciones fueron más de 21.200. Desde entonces, la comparativa con 2020, último año completo con estadísticas disponibles muestra una caída del 34%, unas 7.200 altas demoradas nuevas menos. Ante esta situación, el Ministerio planteó para este año incentivos que den la vuelta a la tendencia con resultados aún por determinar.
El porcentaje de las jubilaciones que en España se demoran más allá de los 65 años experimenta un marcado retroceso. El volumen total de ese tipo de retiros se sitúa ahora en 10.759, más de un 30% por debajo de su nivel de 2013, cuando rebasaba la cota de las 20.000. Se demuestra así que las cada vez más necesarias políticas que buscan la prolongación de la vida activa tienen un doble filo.
El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha afrontado el segundo golpe en forma de dimisión. Tras la renuncia del secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea, el lunes, este martes también confirmó su renuncia el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo número dos del ministro José Luis Escrivá en materia de pensiones.
La brecha entre los pensionistas y los trabajadores que llenan las arcas de la Seguridad Social amenaza con incrementarse de cara al próximo año. La inflación está haciendo mella en todas las rentas, y sólo los pensionistas cuentan en su totalidad con una ley que blinda su poder adquisitivo. Con una inflación esperada del 6% por el propio Ejecutivo, la comparativa entre los nuevos pensionistas del régimen general y el salario más frecuente en España muestra una brecha que puede incrementarse cinco puntos hasta el 17%.
La diputada de Podemos Isabel Franco ha sorpendido al anunciar un "acuerdo" con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para "destopar" las pensiones públicas, es decir, elevar el límite actual de las bases máximas. Sin embargo, lo que la formación morada anunciaba como un triunfo y una novedad en realidad ya estaba pactado con la Comisión Europea en el componente 30 del Plan de Recuperación, y así constata, a su vez, en el texto del Plan de Estabilidad 2022-2025; además está muy lejos de tratarse de un cambio inminente. No hubo por tanto ninguna novedad para las pensiones de mayor cuantía. Es más, el ministro José Luis Escrivá, tuvo que explicar una vez más que el incremento de esas cotizaciones se hará de forma acompasada a la subida de la pensión máxima. En paralelo, el PSOE corrigió el error que cometió en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social a través del voto particular.
El análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no se ha centrado únicamente en los grandes rasgos del PIB o la inflación. Su secretario general, Mathias Cormann, también avisa sobre la "necesaria" consolidación fiscal. De forma directa, el organismo internacional alude a la reforma de pensiones realizada por la cartera de José Luis Escrivá, que introdujo la indexación de las pensiones al IPC para mantener el poder adquisitivo.
Esta semana comenzará a abonarse a los pensionistas la paga extra de verano, la primera de las dos pagas extraordinarias que reciben a lo largo del año la gran mayoría de las personas que tienen una de las más de 9,9 millones de pensiones contributivas que se pagan mes a mes.
El deseo de todo trabajador (especialmente cuando se acerca a los últimos años de su carrera) es jubilarse y disfrutar de un merecido descanso. En España, aunque la edad ordinaria es de 65 o 66 años y dos meses, la edad real de jubilación se encuentra en los 64 años. Sin embargo, existen opciones para diferentes grupos de ciudadanos de jubilarse de forma anticipada incluso antes de esa edad real, como por ejemplo a los 63 años.
Pensar en el fin de nuestra vida laboral es un tema que nos inquieta, que nos hace pensar en las "seguridades" para el último ciclo de nuestras vidas y también en ese grado sentimental y psicológico que a nadie le importa, o quizás solo a aquellos que se aproximan o pasan a ese ciclo de vida.
Cuatro de cada cinco trabajadores en España pertenecen al Régimen General, por lo que en muchas ocasiones se tiende a pensar en sus integrantes como en los únicos miembros del mercado laboral. Nada más lejos de la realidad: existen otros regímenes igualmente importantes como el de los trabajadores autónomos, el de trabajadores del mar, del régimen del carbón...y no es nada descabellado pensar en que algunos trabajadores pasen de un régimen a otro con el paso de los años.
Sin duda alguna uno de los deseos de los trabajadores es poner fin a su carrera laboral lo antes posible pero garantizándose a la vez una pensión de jubilación que sea lo suficientemente cuantiosa. Si se pretende hacer antes de la edad ordinaria de jubilación, esto solo se conseguirá a través de la jubilación anticipada, un mecanismo que ha sufrido cambios recientes.
Es quizá el trámite más difícil para el solicitante y el que hace de las pensiones de incapacidad permanente las más particulares en cuanto a su proceso de concesión: el examen de los miembros del tribunal médico es un paso indispensable al que hay que acudir sin miedos, con una actitud constructiva y siendo conscientes de que no tiene por qué ser un quebradero de cabeza.
Cobrar una pensión de jubilación no evita al jubilado tener que rendir cuentas con Hacienda. Estas prestaciones contributivas son, a ojos de la Agencia Tributaria, rentas del trabajo como cualquier empleo, y por lo tanto obligan a su beneficiario a tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
La Seguridad Social cuenta con 157 centros de atención e información en riesgo de cierre por disponer de tres o menos efectivos en ellos. No obstante, tal y como aclara el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esto no implica un "cierre inminente" de estos centros.
