Madrid
El porcentaje de las jubilaciones que en España se demoran más allá de los 65 años experimenta un marcado retroceso. El volumen total de ese tipo de retiros se sitúa ahora en 10.759, más de un 30% por debajo de su nivel de 2013, cuando rebasaba la cota de las 20.000. Se demuestra así que las cada vez más necesarias políticas que buscan la prolongación de la vida activa tienen un doble filo.
Medidas como la penalización de las jubilaciones anticipadas provocan un efecto bumerán que se vuelve contra las autoridades que las impulsan en cuanto a sus efectos finales. En concreto, los futuros jubilados prefieren adelantar su salida del mercado laboral para así evitar someterse a la nueva legislación. La única solución fiable para contrarrestar esta tendencia pasa por combinar las penalizaciones al retiro prematuro con incentivos realmente eficaces para alargar la vida laboral. Ha sido éste un aspecto muy descuidado durante los últimos años, que el actual Ministerio de Seguridad Social busca subsanar con la introducción de nuevas medidas desde este año. Sus resultados aún están por verse, y pueden ser lentos en un contexto en el que las jubilaciones anticipadas han mostrado incrementos superiores al 60%.
En consecuencia, todo apunta a que el sistema de pensiones seguirá afrontando a corto plazo un elevado coste extra de más de 37.000 millones, el equivalente a cerca del 26% del total del gasto en este tipo de remuneraciones. Esa situación se revela especialmente grave en un momento como el actual, en el que la Seguridad Social está abocada a esfuerzos de gran envergadura, que comprometen su sostenibilidad misma, como el derivado de su revinculación al IPC sin un factor de sostenibilidad que lo mitigue.
