Las mutuas reclaman mejoras en la fiscalidad del fondo público de empleo

La nueva ley del fondo público de pensiones para impulsar el segundo pilar ha culminado con un tope de aportaciones con deducción fiscal de 4.250 euros, más 1.500 euros extra que podrán aportar en el caso de no invertir en un plan de pensiones individual. Aún así, los mutualistas, a través de conversaciones con el presidente de la Confederación de Mutualidades, Enrique Sanz Fernández-Lomana, reclama aún una mejora en el trato fiscal de los nuevos planes y pide, una vez culminado el plan, separar la tributación de las rentas de trabajo aportadas y de los intereses generados.

En conversaciones con este medio, Sanz Fernández-Lomana considera una "injusticia terrible" y un "auténtico dislate" la tributación homogénea de estos dos tipos de rentas. Considera que sería necesario fomentar la aportación de los autónomos a través de la diferenciación de los intereses generados en favor del partícipe, que conllevaría una presión fiscal más suave.

Este "dislate" que supone no diferenciar la tributación de las rentas aportadas y la de los rendimientos extra generados a lo largo de la participación del trabajador en el plan, explica, "ha ocurrido históricamente en los fondos de pensiones".

PdeCat y Junts consiguieron incluir dentro de la ley de planes de pensiones de empleo una mayor deducción fiscal para autónomos en la modificación del artículo 52 de la ley, teniendo en cuenta también a las Mutualidades. Aún así, las deducciones fiscales de los autónomos quedan a la mitad del máximo permitido a los trabajadores por cuenta ajena (8.500 en aportación conjunta, más los 1.500 euros que podrán aportar si no invierten en un plan individual, frente a los 4.250 más 1.500 de los trabajadores por cuenta propia).

Desde el principio, explica el también presidente de Mutualidad de la Abogacía, las Mutualidades han estado contempladas en la ley. Eso sí, a raíz de la enmienda elaborada por los grupos catalanes, las Mutualidades forman parte de la nueva ley como posibilidad de ser una entidad gestora sin ánimo de lucro. La ley contempla a este actor bien como promotor en un plan simplificado, o bien ofreciendo sus productos. Es aquí donde las mutualidades profesionales podrán ofrecer a los autónomos una inversión en planes de pensiones de empleo con sus productos de ahorro.

Este puerta de inversión se abre tras estar vetadas las mutualidades en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 a causa de un "error técnico". Técnicamente las imposibilitaba por obligarlas a ser tanto el partícipe como el promotor de los planes.

Recuerda, además, que incluir a las mutualidades sin ánimo de lucro va en línea con la recomendación del Pacto de Toledo. En concreto, el punto 15 recalca la preferencia por estos planes a partir de la negociación colectiva, prioritariamente sin ánimo de lucro.

"De alguna manera mejora la oportunidad de inversión que ofrecen los planes individuales", explica Sanz Fernández-Lomana a eE. La limitación a los autónomos, como al resto de trabajadores, "asemeja la función del producto a los propios planes individuales", cuya deducción fiscal queda topada en 1.500 euros.

Preguntado por las previsiones de captar a un colectivo formado por más de 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia, el representante confederal de las mutualidades entiende que no habrá mucho más movimiento que el que sean capaces de generar las propias Mutualidades. Hace hincapié en los trabajadores jóvenes, que tienen aún una larga carrera por delante para generar rendimientos a través de los nuevos planes.

Dudas ante la ley

En todo caso, esta inestabilidad legislativa ha provocado una desconfianza generalizada en la previsión social. Tal y como recogía en mayo el Banco de España en su informe anual, según datos de Inverco las aportaciones totales a planes (tanto individuales como de empleo) pasaron de 5.561,66 millones de euros a 3.833,35 millones de euros entre 2020 y 2021 (-31,1%) en un año en que bajaron hasta 1.500 las deducciones fiscales máximas en los planes individuales y los de empleo aún eran un proyecto. En el arranque de 2022, además, el tercer pilar acumula una pérdida de 5.300 millones.

Dentro de todo este embrollo legislativo que supone la reforma de la ley, el presidente de Mutualidad de la Abogacía se muestra dubitativo ante la acogida del nuevo fondo público de Escrivá. "Habrá que ver qué trato fiscal ofrecen los planes de pensiones de empleo porque suponen un coste más para la empresa", explica.