Madrid
La suspensión durante un año más de los límites de deuda y déficit públicos que Bruselas exige a los Estados miembros no implica que las cuentas de estos últimos estén libre de toda supervisión. Aún está en pie el tope al gasto corriente, una especie de regla de gasto como la que en España se aplica a las comunidades autónomas, monitorizada anualmente y que establece que ese desembolso no debe superar el crecimiento del PIB potencial a medio plazo.
En el caso español esa última variable equivale a un 3%, lo que limitaría el gasto extra en 2023 a 14.500 millones. La citada cifra se verá completamente pulverizada sólo teniendo en cuenta las obligaciones que se derivarán del pago de las pensiones y del incremento del gasto en Defensa al que el Gobierno se ha comprometido con la OTAN, motivado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
No en vano la revinculación de las pensiones al IPC ha llegado en el peor momento, cuando la inflación promedio de 2022 se situará en el 6%y será esa cifra la que guíe la revalorización en el próximo ejercicio. Esa acción exigirá un desembolso extra de 13.000 millones a la que se unirán otras obligaciones como remunerar a los nuevos jubilados, quienes tienen derecho a unas prestaciones más altas que las de sus predecesores.
En total, la Seguridad Social tendrá que liberar cerca de 15.200 millones, según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y de Fedea, lo que ya borra de un plumazo el límite de 14.500 millones para incrementar el gasto corriente al que España debería someterse el año próximo según la normativa comunitaria. Pero aún hay más extraordinarios relativos a ese ejercicio, en especial el compromiso de Pedro Sánchez de elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB en 10 años, lo que obliga a empezar desde ya a hacer esfuerzos. En concreto, en 2023 el desembolso militar debería ser 2.500 millones superior a la partida presupuestada en este año.
Si esa cifra se suma al desembolso extra de 15.200 millones en pensiones ya mencionados, el resultado es un aumento del gasto corriente de 17.700 millones ya asegurado en 2023, cuando el límite que Bruselas establece es de 14.500 millones.
Medidas inevitables
Está por verse hasta qué punto Bruselas será rígida en la exigencia del cumplimiento de esta regla de gasto, pero lo que ya está claro es que el Gobierno se halla abocado a su flagrante infringimiento si no toma medidas con la mayor antelación.
Y las opciones a su alcance son limitadas. Si se descartan las subidas de impuestos, una opción que resultaría suicida en un momento de crisis como el actual, sólo queda el recorte de los desembolsos en otros apartados.
Esta última es una opción muy impopular considerando que, tras las elecciones andaluzas de esta semana, España está a punto de entrar en otro super-año electoral, con comicios generales, además de autonómicos y municipales en muchas regiones.
Pero, además, debe tenerse en cuenta la peligrosa inercia en la que está sumido el gasto público en España.
En concreto, está enquistado por primera vez por encima del 50% del PIB. El país acumula así dos años consecutivos -2020 y 2021- en los que el desembolso medio alcanza el 51,5%, tras rebasar todos los hitos históricos de gasto. Sin embargo, las cifras de ingresos no acompañan a los gastos y ahondan en el déficit público. En 2021, con récord de presión fiscal y de recaudación del Estado, los ingresos no han logrado superar el 43,7% del PIB.
La única vía para Sánchez, por tanto, si no quiere desobedecer por completo la regla de gasto europea tendrá que pasar por limitar los desembolsos en varios capítulos del Presupuesto.
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