Una cuarta parte del empleo ya es público en la mitad de las autonomías

El empleo público vive un auge a escala nacional que se hace especialmente evidente cuando se analizan los datos de empleo a escala de las comunidades autónomas. Este análisis refleja cómo ocho de los 17 regiones españolas cuentan en su territorio con un porcentaje de empleados en las tres Administraciones que ronda, o incluso supera, el 25% del conjunto de sus asalariados, una cuarta parte de este colectivo.

El mayor porcentaje lo arroja Extremadura donde la proporción llega prácticamente a un tercio del total (33%). Le siguen en la clasificación Castilla y León, con un 25,4%; Asturias (25,2%) Cantabria (24,4%); Aragón (23,2); Castilla La Mancha (23,2%) Canarias (22,6%); Andalucía (22,5%). En todos los casos se tiene en cuenta tanto a quienes ocupan su plaza como funcionarios como a aquéllos que están vinculados por un contrato laboral a las Administraciones.

Todos los datos provienen de la Encuesta de Población Activa (EPA) más reciente, que corresponde al primer trimestre de este ejercicio y engloba a los empleados en cualquiera de las tres Administraciones (estatal, autonómica y municipal) dentro de cada territorio. Fue en ese periodo cuando la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 comenzó a descender, pero eso no significa que el empleo público pierda importancia.

Muy al contrario continúa figurando entre las opciones más destacadas de colocación en casi la mitad de las comunidades autónomas, especialmente en las más vinculadas a lo que se denomina España vaciada. De hecho, en los territorios que acaparan el mayor peso a escala nacional de los servicios y de la industria (Madrid y Cataluña), el porcentaje de asalariados públicos sobre el total, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística, se sitúa sensiblemente por debajo del 20%.

Ese porcentaje lo rozan Comunidad Valenciana, Navarra y Murcia, mientras que el País Vasco se sitúa siete décimas por encima y Baleares, nueve.

El efecto del turismo

De esta radiografía, es sencillo concluir que, con la excepción de Canarias, son las autonomías más turísticas las que pueden permitirse una mayor independencia de su mercado laboral con respecto al empleo público. Lo confirma un análisis más pormenorizado por provincias, elaborado en 2019, en el que se ponía de manifiesto cómo Cáceres y Teruel eran las demarcaciones en las que la proporción de asalariados de las Administraciones baten todos los récords.

En el caso de la ciudad extremeña, el 36,2% de los ocupados, más de 100.000 personas, trabaja para alguna Administración. Ese porcentaje se encuentra en el 30% en lo que a Teruel respecta, donde existen en torno a 45.000 asalariados.

En el extremo contrario, la provincia de Barcelona cuenta con un mayor número de funcionarios que las dos anteriormente mencionadas. Ahora bien, en este caso, su peso sobre el total de personas que perciben un sueldo se encuentra por debajo del 15%, una proporción semejante a la que es propia de Almería, donde una vez más se aprecia la influencia de la actividad turística a la hora de mostrar una menor dependencia de las Administraciones como empleadoras.

Dentro de estas últimas, lo cierto es que las propias autonomías destacan por su gran capacidad para aumentar sus plantillas en los últimos años y, una vez más, lo demuestran los datos de la Encuesta de Población Activa.

El rol de las propias CCAA

Al cierre del año pasado, el conjunto de dichas Administraciones regionales acumuló un total de 2,08 millones de asalariados. Lograron así un hito del que no hay precedentes en los 20 años que acumula la serie estadística en vigor del exhaustivo sondeo que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística.

Es más, ese récord se está consolidando, dado que la EPA más reciente, la relativa al primer trimestre de este año, mostró una cifra prácticamente idéntica (2,075 millones) de personas al servicio de los Gobiernos autonómicos y de las instituciones ligadas a esos Ejecutivos. Y los expertos auguran que el actual contexto anima a que se mantenga esta tendencia.

No en vano gran parte de las regiones de régimen general están a punto de celebrar elecciones a sus respectivos Parlamentos, una vez que Castilla y León inauguró el nuevo periplo electoral el pasado febrero y Andalucía lo continuará la semana próxima

Volviendo a las cifras del INE, se trata de un incremento de los asalariados públicos de cerca de un 12% con respecto al volumen de personal propio del último trimestre de 2019. Para poner en contexto estos números, conviene tener en cuenta que un avance de esta envergadura no se da en ningún otro ámbito del sector público en ese mismo periodo.

Incluso en la Administración central se observa la tendencia contraria, con un leve retroceso, del 2%, en sus efectivos.

Ante esta comparación, resulta inevitable volver a invocar el argumento de que que las autonomías soportan la mayor parte de los servicios sanitarios y, por tanto, resultaría lógico pensar que el incremento de sus plantillas lo debe todo a la lucha contra la epidemia.

Ahora bien, existen otros datos que demuestran que la realidad es más compleja para lo que es preciso recurrir a fuentes de otra índole.

En concreto, las cifras de la Intervención General del Estado muestran cómo la masa salarial ha crecido casi un 7% en el caso de los profesionales que trabajan en servicios sanitarios autonómicos, pero hay incrementos muy semejantes, del 5%, en otras áreas no relacionadas con la salud. Es el caso de los llamados Servicios Generales, en los que se incluye a los cargos de carácter político y discrecional.

Un fenómeno con recorrido

Además, debe tenerse en cuenta que el actual auge de las nóminas de asalariados públicos de las regiones no es un fenómeno nuevo que la pandemia haya traído consigo. Muy al contrario, se trata de una tendencia que muestra una llamativa resistencia a las crisis económicas, sin importar la virulencia de estas últimas.

Especialmente intensas fueron las turbulencias desencadenadas entre 2008 y 2013; sin embargo, el número de efectivos públicos de las regiones españolas no sólo mantuvo el tipo en ese periodo, sino que en 2013 mostraba un incremento del 2% con respecto a las cotas que le eran propias en los años en que España crecía sistemáticamente a tasas en torno al 4%.

Pero la mejor prueba de que estamos ante una tendencia persistente, y no frente a una excepción que la pandemia fomentó, se encuentra en el gasto consolidado que varios Presupuestos Generales autonómicos arrastran desde hace años. Como resultado de esa herencia, que las Cuentas de cada año perpetúan, hay ya cinco autonomías (Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, Andalucía y Aragón) que tienen que destinar anualmente el 50% de esos recursos presupuestados al abono de nóminas públicas.

En términos absolutos, son casi 92.000 millones los que el conjunto de los Gobiernos autonómicos destinan a sueldos del personal de su Administración, lo que en términos relativos supone más de diez puntos porcentuales por encima del nivel propio de 2019.

Gasto ya consolidado

Y la contención de todo ese gasto corriente no resulta en absoluto una tarea sencilla y tendrá unas cosnecuencias que se extenderán durante largo tiempo. En la situación actual, el catedrático y colaborador de Funcas Santiago Lago, junto a los economistas Manuel Díaz y Carmen Marín, estimaron recientemente que el 60% del desembolso extra acometido por estas Administraciones quedará consolidado en sus cuentas, es decir, no se revocará cuando la crisis quede atrás.

Se trata de un promedio, equivalente en términos absolutos a 8.200 millones, capaces de sumar casi un punto de PIB (un 0,7% en concreto) al déficit público estructural que arrastra el conjunto de las Administraciones españolas.

La evolución de estos números rojos presupuestarios tiene una importancia decisiva, en la que medida en que su comportamiento es independiente de la influencia de los ciclos económicos positivos o adversos.

Es por ello la variable que la Comisión Europea vigilará más de cerca a la hora de volver a exigir el cumplimiento de las reglas comunitarias de estabilidad presupuestaria, aun cuando los límites de deuda y de déficit, según los establece el Pacto de Estabilidad hayan quedado de nuevo anulados en el año 2023.

Desequilibrio aún mayor

El daño, en términos de desequilibrio de las cuentas, puede ser aún mayor a escala de las propias autonomías. Las proyecciones de los citados economistas revelan cómo el porcentaje de gasto que, pese a estar destinado inicialmente a combatir la crisis, se perpetuará incluso después de que la emergencia esté superada, puede llegar al 68% de ese desembolso extraordinario en casos como el propio de las Islas Baleares, o del 47% en lo que respecta al archipiélago canario.

Sin duda, los expertos son los primeros en reconocer la dificultad que este tipo de cálculos entrañan en una situación tan cambiante como la que la epidemia plantea.

Ahora bien, insisten en la necesidad de lanzar la voz de alarma ante un riesgo capaz de incrementar el déficit estructural propio de la Comunidad Valenciana, situado ahora en el equivalente al 2% de su PIB regional.

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