Moncloa subirá las pensiones no contributivas un 15% para salvar su fondo público de empleo

El Gobierno ha pactado con EH-Bildu subir un 15% las pensiones no contributivas hasta el 31 de diciembre de 2022 y una garantía para impedir que el nuevo fondo público de pensiones se financie con fondos de la Seguridad Social, a cambio de su abstención en la votación de los planes de pensiones de empleo. La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso aprobó ayer la ponencia sobre el proyecto de ley de planes de pensiones de Empleo de José Luis Escrivá que salió adelante por 19 votos a favor, 12 en contra y seis abstenciones que abre la votación ante el pleno.

Así lo anunció la formación vasca a través de un comunicado, instantes antes de la votación de este proyecto de ley en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso este jueves. Fuentes parlamentarias ajenas al propio Bildu confirmaban la abstención de la formación de la izquierda vasca y apuntan a una cesión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

El acuerdo contempla que la subida del 15% se incluya en el próximo decreto ley para prorrogar las medidas de respuesta económica a la crisis provocada por la guerra en Ucrania hasta el 31 de diciembre de 2022. Con esta cesión, el Gobierno se asegura la abstención de EH Bildu. Las personas con derecho a las  pensiones no contributivas se beneficiarían de este importe extra sin carácter retroactivo. 

En total, las pensiones no contributivas, suman casi 450.000 retribuciones de pensionistas por invalidez y jubilación. Actualmente, el gasto destinado por la Seguridad Social a esta partida es de 83,4 millones en las de invalidez y casi 113 millones en las de jubilación. En total, algo más de 196 millones anuales. Según cálculos de eE, la subida sería de unos 64 euros para las de invalidez y de algo más de 69 euros de media al mes para las de jubilación.

Tras el terremoto que supuso la noticia de la cesión a la formación vasca, EH Bildu, y tras más de dos horas de votación en la Comisión, finalmente el Gobierno de coalición salvó el proyecto de ley de impulso de los planes de pensiones de empleo con el apoyo del PNV, de PdCAT y el PRC (Junts no estaba en la Comisión), además de la abstención de Vox y EH-Bildu. El PP, Esquerra Republicana, Ciudadanos y Compromís han votado en contra. 

El voto negativo del Partido Popular lo ha terminado de hacer efectivo su diputado, Tomás Cabezón, que ha venido reiterando que sin la enmienda 37 que mejora la transitoriedad del tercer pilar de ahorro (planes de pensiones individuales), el PP no iba a llegar a un acuerdo pese a las cesiones en fiscalidad.

Ciudadanos, en suspenso

Por su parte, en Ciudadanos, su diputada, María Muñoz, sorprendió a última hora con un cambio de voto. El esperado era una abstención, pues la formación naranja parecía contentarse con las deducciones del 10% de las aportaciones a planes de pensiones en Impuesto de Sociedades. Pero un error en la votación -a causa de las prisas según critican los grupos parlamentarios- ha provocado que entren enmiendas de Unidas Podemos, como el destope de las cotizaciones máximas, que el PSOE y el Ministerio de Escrivá no estaban dispuestos a dar el visto bueno.

Caso aparte merece la posición del PNV. La organización vasca se ha mostrado favorables a la ley desde el principio, especialmente al entender que respeta el actual modelo de previsión social complementario ligado a los planes de empleo del País Vasco. De hecho, el modelo de Escrivá se inspira en parte en la regulación de Euskadi.

Sin embargo, la irrupción de Bildu, con su abstención, ha descolocado al partido de Andoni Ortuzar especialmente que se produzca a cambio de una cesión cuando el PNV no ha pedido nada a cambio. Así, el diputado Iñigo Barandiarán explicó a eE que su pretensión es que el Gobierno dé marcha atrás en la cesión a Bildu.