El mercado laboral es complicado para las personas más mayores. Actualmente, aquellos ciudadanos que se encuentran desempleados tienen serias dificultades para acceder de nuevo a un puesto de trabajo. Por este motivo, la Administración prevé una pensión para estos profesionales que todavía no cumplen los requisitos para jubilarse.
Comienza el año 2022 y en materia de pensiones se han producido y probablemente se producirán muchas noticias y novedades. Ahora bien, una de las ideas que desde hace tiempo ha ido calando y que cada vez tendrá más fuerza es que los trabajadores deben ahorrar para la jubilación. De esta forma podrán complementar la pensión pública con un esfuerzo de ahorro, con el objetivo de mantener su nivel de vida o el deseado por ellos.
La Seguridad Social ha destinado en el mes de diciembre la cifra récord de 10.309 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 3,2% más que en el mismo mes de 2020, según los últimos datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Así, de los 10.309 millones, casi tres cuartas partes se destinaron al pago de las pensiones de jubilación, que sumaron un importe de 7.438,4 millones de euros, casi un 3,8% más que en diciembre del año pasado.
Una de las muchas lecciones que ha dejado la crisis originada por la Covid-19 ha sido la necesidad de ahorrar. Sobre todo, en un país como España en el que como pone de manifiesto un informe de la Fundación Mutualidad Abogacía y Fundación IE, las familias no cuentan con una cultura de ahorro adecuada.
Gran parte del colectivo de autónomos recurre a una fórmula basada en una falacia. Es muy común escuchar a más de un trabajador por cuenta propia explicar que cotiza por la mínima para poder aumentar el nivel de beneficios y, así, aumentar la cantidad ahorrada para el final de la vida laboral. Esta estrategia es un grave error.
El momento de la jubilación a menudo es el más esperado por los trabajadores que desean retirarse definitivamente del mercado laboral y cobrar una pensión. Pero, ¿cuándo hacerlo? Si dicho trabajador tiene clara la fecha en la que desea jubilarse, también ha de saber de que ha de cumplir con ciertos plazos.
Cuando un trabajador pierde su empleo pero tiene derecho a percibir una prestación contributiva por desempleo (el paro) no deja de cotizar a la Seguridad Social. Lo mismo sucede con algunos subsidios durante cierto tiempo. En todas esas circunstancias, el ciudadano sigue cotizando para algo tan importante de cara a su futuro como es la jubilación.
A tan solo unas semanas de que comience 2022, las personas interesadas en jubilarse deben saber que para el próximo año habrá cambios en el cálculo de las pensiones de jubilación. Estas modificaciones harán que se tengan en cuenta variables más extensas a la hora de proceder a ese cálculo de la pensión.
La reforma de los sistemas de pensiones se ha convertido en una cuestión global que están abordando todos los países, en mayor o menor medida, en función del modelo que tienen vigente en la actualidad y su sostenibilidad económica a largo plazo.
El debate sobre la suficiencia de las pensiones está más vivo que nunca a raíz de las reformas impulsadas por el Gobierno y el escepticismo entre distintos operadores sobre su efectividad. El penúltimo en poner reparos ha sido la OCDE. La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, recuerda que su diagnóstico es viejo y censura la generosidad española porque "no valora el valor absoluto de las pensiones que se pagan sino el porcentaje que representa en los salarios", pero comparte la urgencia de adoptar una reforma que resuelva el problema a futuro al tiempo que lamenta que el fondo público de pensiones presentado por el ministro José Luis Escrivá no será la solución.
Aunque los planes de pensiones acaparan siempre todos los titulares cuando se habla de la planificación para la jubilación, la reducción de los topes en los planes individuales para la deducción fiscal (se rebajó hasta los 2.000 euros el año pasado y a partir del próximo será de 1.500 euros, frente a la subida en los planes de empleo hasta los 8.000 euros, que serán 8.500 euros en 2022, con determinadas condiciones) ha permitido que otros productos también destinados para el ahorro con esta finalidad hayan despegado.
Nadie cuestiona a estas alturas la necesidad de ahorrar a largo plazo para la jubilación. Los planes de pensiones son vehículos diseñados expresamente para ello, y con el fin de incentivar su uso se les dotó de ciertas ventajas fiscales que rápidamente se convirtieron en el principal atractivo de estos productos. "Siete de cada diez gestoras apuntan a la fiscalidad en las aportaciones como factor que más valoran los partícipes sobre los planes de pensiones como instrumento de ahorro, por delante de la rentabilidad, sobre todo en el largo plazo", según recoge la XII Encuesta de planes de pensiones elaborada por el Observatorio Inverco. Pero esta fiscalidad ha cambiado mucho en muy poco tiempo.
La pregunta más repetida por los trabajadores a lo largo de su vida es cuánto dinero les quedará al jubilarse, es decir, la cuantía de la pensión de jubilación. Y, aunque no hay una respuesta estándar, la Seguridad Social tiene la llave para desentrañar este misterio.
La reforma del sistema público de pensiones llevada a cabo por el Gobierno hará que a medio plazo se reduzca el gasto por al menos en dos vías: el endurecimiento de la jubilación anticipada en el supuesto más extremo y el eventual incremento de años cotizados para el cálculo de la cuantía, que podría extenderse de 25 años a 35 años. La primera de las medidas implicaría un ahorro en el medio plazo de casi medio punto del PIB, mientras que el aumento del periodo de cálculo rebajaría la factura anual en un 0,88% del PIB. Ambas medidas implicarán una reducción del gasto de hasta 15.000 millones (1,3 puntos porcentuales de PIB) de euros en el momento de mayor tensión financiera de la Seguridad Socia, previsto para la década entre 2040 y 2050, cuando la jubilación del baby boom amenaza con abrir una brecha entre ingresos y gastos de 50.000 millones de euros al año -según las estimaciones del Banco de España-.
Las pensiones de jubilación son las más numerosas de todas las que abona la Seguridad Social (dos de cada tres, aproximadamente), por lo que el organismo debe responder de forma eficiente a las solicitudes que van llegando todos los meses a sus oficinas.
La llegada a la edad ordinaria de jubilación conlleva, precisamente, la jubilación en buena parte de los trabajadores. Sin embargo, para algunos supone una jubilación diferente, ya que no es voluntaria, sino a través de un despido.
La población asalariada renuncia a 733 euros al mes al jubilarse, el 33% de su renta. Hasta octubre, las nuevas altas de la Seguridad Social contaron con una cuantía media mensual de 1.494 euros, según la última nómina de pensiones publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por su parte, la última generación previa al retiro, la cohorte comprendida entre los 60 y 64 años, recibió una remuneración media anual de 26.735 euros en 2019, traducido en 2.227 euros mensuales en 12 pagas, según la encuesta anual de estructura salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La gran parte de los trabajadores asiste al final de su vida laboral con la esperanza de poder acortar su paso a la jubilación, lo que se puede hacer acumulando años de cotización y acogiéndose a las modalidades de jubilación anticipada. Sin embargo, en algunos casos eso no es posible.
El próximo año traerá cambios sustanciales en el sistema de pensiones español. Entre los más afectados estarán los pensionistas de jubilación, que verán modifcados el método de cálculo de la pensión, la reducción de sus pensiones en las jubilaciones anticipadas...y la edad de acceso a la jubilación.
La reforma de pensiones incluirá en su segundo paquete de medidas, que negociará durante los próximos meses el Gobierno y los agentes sociales, un incremento de los años cotizados necesarios para el cálculo de la base reguladora de la pensión. De elevarse hasta 35 años cotizados este periodo, tal y como apuntó el Ejecutivo en sus primeras comunicaciones con Bruselas sobre el plan de reformas a abordar para poder recibir los fondos de la reconstrucción, -y pese a los aspectos que mitigarán el impacto a la baja en las futuras prestaciones por la medida- los nuevos jubilados autónomos perderían de golpe el 60% de la mejora de las prestaciones experimentada por el colectivo en los últimos 10 años.
La Seguridad Social informa de forma periódica sobre los datos de las pensiones que abona mensualmente a los españoles. Cerca de 10 millones de prestaciones (9,9 millones) que en este mes de noviembre, con el añadido de la paga extra de Navidad, han supuesto un gasto de más de 10.183 millones de euros.
Una de las preocupaciones de los trabajadores, especialmente en los años previos a la jubilación, es acumular los periodos de cotización necesarios para disponer de una pensión en el futuro o ampliar la cuantía de esa pensión.
La reforma del sistema público de pensiones será determinante para que España pueda acceder a los fondos europeos para la reconstrucción Next Generation. Un hecho que quedó constatado en el envío de los componentes de reformas a comienzos de este año que compromete nuestro país con Bruselas como contraparte a la recepción de ese dinero y donde se detallaban los aspectos concretos a modificar. Ahora, la Comisión Europea pone precio a estas reformas y al menos dos tramos de las ayudas por un valor de 16.000 millones de euros estarán altamente condicionados al éxito de las reformas previstas en el segundo paquete que se negociará a partir de 2022.
El Gobierno dio este martes un paso clave para el impulso del ahorro financiero entre la población trabajadora de nuestro país al aprobar el anteproyecto de ley del fondo público de pensiones destinado facilitar el ahorro de asalariados y de autónomos, así como de los funcionarios y trabajadores de las administraciones públicas. Con este pliego de actuaciones, donde se incluye el desplazamiento de incentivos fiscales del sistema individual al colectivo, el Gobierno pretende mejorar y elevar el ahorro en planes de empresa, y prevé que los 1,2 millones de autónomos con un plan individual incrementen en 9.000 euros el dinero de su plan de jubilación al ahorrar en el fondo público de pensiones.
Finalizado el periodo de enmiendas para incorporar al proyecto de reforma del sistema público de pensiones, el Gobierno incluirá finalmente un complemento para aquellos jubilados que se hayan visto afectados por un retiro anticipado involuntario, y que perciban una paga mensual inferior a 900 euros.
Durante esta semana hemos conocido los planes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MEI) sobre la reforma proyectada del sistema de pensiones español. Dos han sido las medidas que más han acaparado la atención de la misma. La primera es el destope de la base máxima de cotización, actualmente en algo más de 48.000 euros, por debajo de otros países de nuestro entorno y la segunda el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI, el cual viene a sustituir al nunca aplicado factor de sostenibilidad diseñado durante el Gobierno de Rajoy.
Muchas personas se hacen la misma pregunta: "He cotizado en varios regímenes de la Seguridad Social, ¿con cuál me jubilo?". Cuando un trabajador realiza su actividad tanto como autónomo como asalariado, genera el derecho a percibir una pensión de jubilación por ambas. Sin embargo, no siempre es posible recibir una cuantía de ambas, por lo que por lo general se reducirá a un solo derecho.
Para muchos trabajadores, el objetivo detrás de una vida laboral es conseguir una pensión de jubilación con la que seguir adelante cuando decidan retirarse. El primer hito es tener derecho a la pensión mínima, para lo cual hay que cumplir con una serie de requisitos. Esto es válido para los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social y también para los autónomos.
La reforma de las pensiones que ha diseñado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha dado a luz su primera pata, aquella que afecta a la modificación de la jubilación anticipada (además de la revalorización de las pensiones por el IPC, la jubilación demorada o la jubilación forzosa), dando lugar a nuevas reducciones de las pensiones de los jubilados que anticipan su retiro profesional.
