
El debate sobre la suficiencia de las pensiones está más vivo que nunca a raíz de las reformas impulsadas por el Gobierno y el escepticismo entre distintos operadores sobre su efectividad. El penúltimo en poner reparos ha sido la OCDE. La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, recuerda que su diagnóstico es viejo y censura la generosidad española porque "no valora el valor absoluto de las pensiones que se pagan sino el porcentaje que representa en los salarios", pero comparte la urgencia de adoptar una reforma que resuelva el problema a futuro al tiempo que lamenta que el fondo público de pensiones presentado por el ministro José Luis Escrivá no será la solución.
¿Qué se debe hacer para resolver el problema de suficiencia que denuncia la OCDE por su 'generosidad' y tendencia demográfica?
No quedan grandes recetas: o limitamos gastos o incrementamos ingresos o ambas cosas a la vez. Es cierto que la reforma que en este momento está en el debate parlamentario tiende a incrementar ingresos y, de una forma indirecta, ha podido incidir también en el volumen de gasto al favorecer la continuidad en el mercado laboral para los mayores: penaliza las jubilaciones anticipadas. Pero esas medidas se ven más que neutralizadas con la revisión de las pensiones en torno del IPC. Sinceramente, son insuficientes para garantizar la sostenibilidad a medio plazo.
El ministro Escrivá es muy optimista con su plan. Confía en llegar a un ahorro de medio billón de euros en planes de pensiones, aunque en las últimas décadas solamente hemos sido capaces de construir 100.000 millones. ¿Comparte sus previsiones?
"un gobierno socialista promovió los sistemas complementarios y otro se empeña en cargárselos"
No, yo no tengo optimismo en relación con ese tema, más bien todo lo contrario. En una situación demográfica como la que tiene España deberíamos luchar con todo y disparar con toda la munición y no es esa la vía que está adoptando este Gobierno. Debería existir una clara apuesta que pasa por el desarrollo de incentivos para los trabajadores y para los empresarios, y en los proyectos que está tramitando el ministro Escrivá no existe absolutamente ningún incentivo ni para unos ni para otros. Si en épocas con más incentivos no fuimos capaces de avanzar más, sin ellos mucho menos y más cuando las empresas están sometidas a una fuerte presión porque estamos en una recuperación económica no consolidada, un problema de suministros, una inflación bastante elevada, salarios incrementándose en muchos casos por razones directamente de decisiones de Gobierno como la revisión del salario mínimo interprofesional, un anunciado incremento de cotizaciones a la Seguridad Social y una reforma impositiva para el año que viene.
¿Su sensación es que lejos de hacer crecer esa cifra de 100.000 millones puede hacerla decrecer el 'pilar Escrivá'?
Sin duda. Nos hemos quedado ya con el efecto directo inmediato de lo negativo y lo pretendidamente bueno de desarrollo desde luego no se ha producido y yo dudo mucho que se vaya a producir.
¿El modelo ideal sería el británico, con aportación conjunta del empresario, el propio trabajador con su salario y una parte pública?
Claramente la creación de ahorro de segundo pilar [pensiones en el seno de las empresa] es al que se está refiriendo el señor Escrivá y que, por cierto, dice que para impulsar el segundo tiene que ser a costa del tercero [ahorro individual privado], algo que no entendemos nadie porque es justo el camino contrario al que se ha seguido en todos los países de nuestro entorno. Los modelos que están vigentes por Europa son de tres pilares: el público, el colectivo vinculado al empleo y el individual con decisiones de los ahorradores. En el colectivo vinculado al empleo hay varios modelos. Uno de ellos es el inglés, que es obligatorio para los trabajadores y empresas. Esa obligatoriedad, según nos dicen los expertos en derecho constitucional, no tiene fácil encaje en nueva Constitución. De ahí que ese modelo inglés tenga que ser adaptado. Pero, aunque sea con carácter voluntario, tendría que estar constituido por las aportaciones de empresarios, trabajadores y una aportación directa o indirecta del Estado. Hay modelos, como por ejemplo en Alemania, que para rentas bajas el Estado no hace una reducción de la renta con un tratamiento fiscal de diferimiento como tenemos aquí, sino que lo que hace es una subvención directa, pone dinero en la cuenta del trabajador. Es mucho más efectivo para determinados niveles de renta, les obliga más a esa generación de ahorro. Y todas las aportaciones estarían condicionadas a que el otro lo haga: el trabajador pone si pone el empresario, pero el empresario pone si pone el trabajador, y el Estado pone si ponen los otros dos.
¿Ve peligro de trasvase de los planes de pensiones individuales a los de empresa?
La previsión social que tenemos en este momento mayoritariamente está en el tercer pilar, en las decisiones individuales. Una parte importante corresponde a trabajadores por cuenta propia que no pueden acceder hoy, en el estado actual de la norma, al segundo pilar, pero un objetivo del señor Escrivá es trasladarles al fondo de promoción pública. Otra parte son trabajadores por cuenta ajena que no pueden ir al segundo pilar porque su empresa no ha puesto en marcha un sistema de empleo. Adicionalmente, todos aquellos que veníamos aportando a un sistema de pensiones individual, al dejarnos con unos límites tan bajos de aportación, nos están impidiendo mantener un nivel de ahorro que necesitaremos para complementar la pensión si nuestras empresas no promueven un sistema colectivo y no hay ninguna razón para que esa dinámica cambie. Por tanto, no solo es que no va a ser posible alcanzar esos objetivos de llegar a 10 millones de partícipes en sistemas de pensiones de colectivos, es que además se ha perjudicado ya a los 8 millones de partícipes que estamos en sistemas individuales y a los que se nos ha limitado nuestra capacidad de ahorro.
¿Tendremos el plan de promoción público de empleo el próximo ejercicio?
La ley puede estar concluida antes de junio y confío en que el propio Gobierno, en paralelo, esté trabajando en las normas de desarrollo que hagan posible que al final del 2022 el Plan de Pensiones de Promoción Pública exista y exista ya una selección de gestoras para ponerlo en marcha. No será posible que haya cogido una gran velocidad de crucero, pero habrá empezado a dar sus primeros pasos. Lo que me parece mal, muy mal, es condenar al ahorro individual en pretendido beneficio del segundo pilar. Porque en la memoria del Presupuesto del Estado del pasado año se estimó que la reducción en las aportaciones que se podían aportar a sistemas individuales supondrían 580 millones de euros menos de gasto fiscal [por reducir sus desgravaciones]. Esos 580 millones se habrán dedicado a otra cosa porque al segundo pilar no han ido. Y lo mismo puede llegar a pasar en el 2021, que habrá otra vez cierto ahorro ya que bajamos de 2.000 a 1.500 euros los límites en aportaciones individuales.
¿Temen que los límites en aportaciones tengan fecha de caducidad y en tres años que no haya ningún tipo de cifra desgravable?
Creo que lo ha declarado algún miembro del Gobierno así, en esos términos. No deja de ser incongruente que fuera un Gobierno socialista el que hace unos años recomendaba vivamente la creación de sistemas complementarios de pensiones y sea ahora un Gobierno socialista el que se empeñe en cargárselo. La misma contradicción existe cuando se habla de que se pretende favorecer los sistemas del segundo pilar y luego al plan de pensiones para los funcionarios se hace aportación 0 por parte del propio Estado.
Dice que la inexistencia de incentivos para que las empresas hagan aportaciones a los planes de pensiones no es la vía. ¿Qué hay que hacer para que funcione?
Para que funcione el segundo pilar es imprescindible que los empresarios y los sindicatos como representantes de los trabajadores apuesten por ello cuando se sientan en una mesa para fijar cuáles son las condiciones laborales de un colectivo, de un sector o territorio. Incluir en el ámbito de esa negociación colectiva el tema de la previsión social complementaria como un salario diferido igual que se incluye la jornada laboral, los permisos, el salario inmediato u otro beneficio social. Clamar que vamos a tener 10 millones de trabajadores en un sistema colectivo en un país donde esos 10 millones están en pymes es muy ilusorio si nos limitamos simplemente a proclamarlo. Vamos a necesitar que haya auténtica conciencia de la necesidad de este ahorro complementario. Conciencia que el Gobierno no está colaborando nada a crear, sino más bien lo contrario porque el mensaje que nos está dando es que no es bueno ahorrar en un sistema del tercer pilar.
¿Y en ámbito fiscal?
Hubo una época en la que las aportaciones que las empresas hacían a los sistemas complementarios daban lugar a una deducción del 10% en el impuesto de sociedades. Tuvimos también una exclusión de las aportaciones que hacían los empresarios de la base de cotización a la Seguridad Social. Ambas cosas las hemos perdido y hoy no hay ninguna deducción. Creo que esas medidas, junto con la información que hace 10 años que el Gobierno incumple la obligación que tiene por ley de comunicar a los cotizantes cuál es la pensión esperada, podrían crear una un ambiente mucho más favorable.