Cuando usamos alguno de los billetes que tenemos en la cartera o en una tienda o restaurante nos dan cambio tras hacer un pago en efectivo es muy poco frecuente comprobar si ese dinero es verdadero o, por el contrario, resulta falso. De hecho, el método para conocer si esos billetes son falsos o no a menudo es desconocido.
El ajuste monetario del Banco Central Europeo (BCE) ha devuelto el atractivo a las letras del Tesoro, hasta el punto colapsar la web del organismo. Este escenario dista mucho de lo que ocurría hace unos meses, cuando la deuda española a más corto plazo era ignorada por los inversores. Entonces, estos tenían que pagar por prestar con los tipos de interés en negativo. Pero ahora la fotografía financiera ha cambiado mucho y el retorno de las letras, también.
Las familias españolas han reducido la demanda de préstamos ante el endurecimiento en las condiciones de concesión y un euríbor que se ha aupado a cotas no vistas desde 2008. Se trata de una situación generalizada en la eurozona, según revelan el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España en la encuesta de préstamos bancarios publicada ayer.
Las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) ya se están reflejando en el mercado crediticio español. La demanda de financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) -es decir, casi la totalidad de las compañías nacionales- ha caído a su nivel más bajo desde 2009, coincidiendo con la crisis financiera y desde que hay registros, hasta el 21%, según el Banco de España (BdE). Ese descenso de las peticiones de crédito se ha observado en los últimos meses, entre abril y septiembre del año pasado.
El Ministerio de Hacienda ha abierto a consulta pública la elaboración de un Proyecto de Ley para modificar la actual normativa de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de 2013, que entró en vigor en 2014. El texto de la consulta apunta a los principales aspectos a cambiar en la actual Ley que pasan por ampliar las entidades que tienen que someterse a la misma, además de las ya existentes que implican a las Administraciones públicas y a todo el sector público estatal, entre otras instituciones.
Quedan unos pocos días para que finalice el mes de enero y será en ese momento cuando termine el plazo para que las entidades bancarias cumplan con una obligación que se repite año tras año y sobre la cual ha advertido el Banco de España.
Desde la entrada en vigor del euro como moneda en España, en un ya lejano 2002, el billete de 500 euros se ha convertido en una figura objeto de muchas bromas por la dificultad para tener uno en nuestras manos, pero lo que no sabe tanta gente es que en la actualidad, dos décadas después, se trata de un papel moneda 'en horas bajas'.
La banca endurece las condiciones del crédito a pymes por primera vez desde el año 2013 y exigen más garantías. Esta es la conclusión que se obtiene del informe Evolución económica reciente de las pymes españolas y de su acceso a la financiación externa elaborado por el Banco de España que señala que la percepción de las pymes españolas sobre la accesibilidad a préstamos bancarios reflejó, por primera vez desde 2013, un deterioro en términos netos, entre abril y septiembre de 2022.
El incremento que los precios experimentan en enero es uno de los factores que más interesan a los consumidores en cada final de año. En 2022 esa curiosidad se convierte en franca preocupación considerando el recorrido que el IPC ha presentado en el último ejercicio. Atrás quedan doce meses en los que la inflación llegó a superar el 10%, lo que sitúa la media anual en la marca histórica del 8,4%. Es cierto que la tasa ha descendido en el tramo final del año, pero aún se sitúa, según el dato preliminar de diciembre publicado ayer, en el entorno del 6%, con la subyacente casi en el 7%. Ahora bien, pese a lo alarmante de estas cifras, lo cierto es que el encarecimiento de los productos y servicios cuyos precios se revisan cada enero se situará en un nivel mucho más moderado, entre el 3% y el 4%. Se trata de porcentajes asumibles por los consumidores considerando que el incremento salarial promedio por convenio de 2022 se encuentra en el 2,7%. Es cierto que, una vez conocido el último plan anticrisis del Gobierno, se esperan próximos encarecimientos de productos como los combustibles, cuya bonificación se limita a ciertos sectores profesionales. Ahora bien, en el cómputo general esa subida se verá compensado por el abaratamiento de los alimentos tras la rebaja del IVA en varias categorías básicas. No hay razón, por tanto, para quebrar en 2023 la adecuada contención salarial que ha caracterizado al año que hoy termina. Si ése fuera el caso, surgirían los temidos efectos de segunda ronda, sobre los que el Banco de España, tanto ha advertido. Se daría así la paradoja de una retroalimentación del IPC que truncaría todas las esperanzas de que el próximo ejercicio sea aquél en el que la inflación empiece a normalizarse.
El Banco de España presentó sus proyecciones macroeconómicas hasta 2025. Destaca una ligera revisión del PIB, que crecerá este año un 4,6% -una décima más de lo esperado previamente- y un 1,3% -una décima más de lo esperado en octubre-. El organismo supervisor aprovecha para hacer una análisis de la política fiscal y las ayudas que el Gobierno de coalición ha desplegado frente a la inflación. Sus conclusiones son firmes: rebaja el pesimismo con la tasa general, pero alerta de un enquistamiento de la tasa subyacente, con los alimentos aún por impactar más. Además, los gravámenes temporales suponen un parche para las cuentas públicas y provocarán un repunte del déficit hasta el 4,5% en 2025, una vez se borren los ingresos coyunturales.
Cada vez falta menos tiempo para uno de los eventos de la Navidad, la celebración del tradicional sorteo de Lotería de Navidad. En este sorteo los ciudadanos españoles gastan tradicionalmente mucho dinero, ya que se trata de una costumbre participar, ya sea de forma individual o con décimos compartidos. Y, por supuesto, da lugar a diferentes afortunados que ganan el 'Gordo' u otros premios de valor inferior.
La subida de los tipos de interés y las consecuencias de la actual situación macrofinanciera están provocando un cambio en la financiación empresarial y las fuentes donde fondean liquidez las compañías españolas. Por vez primera en dos décadas se reduce el recurso a las emisiones de deuda corporativa mientras que la financiación bancaria tradicional vía entidades de crédito nacionales se mantiene plana desde el cierre de 2021 y las empresas buscan con mayor asiduidad el préstamo exterior, entendido como tal la provisión a través de bancos foránea y todo tipo de alternativas como el capital riesgo, vehículos de aseguradoras, los fondos de deuda o los de inversión.
El Banco de España teme que la tasa de 250 euros que deberán pagar las entidades cada vez que un cliente ponga una reclamación en su contra frente a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero aliente un abono injustificado al usuarios si su cuantía resulta inferior.
La empinada subida de los tipos de interés y la previsión de un freno económico en unos meses ha creado el escenario idóneo para que la banca recomponga su inversión en deuda pública. La cartera en manos de las entidades financieras ha aumentado desde los 140.107 millones de euros a cierre de 2021 a 166.012 millones el pasado agosto (últimos datos divulgados por el Tesoro), con un incremento del 18,5% y que restablece la exposición que abandonaron en el año 2020.
La banca ha pasado en pocas horas de mostrar una posición de incertidumbre ante el nuevo paquete de ayudas para hipotecados aprobado por el Gobierno a un convencimiento de que su adhesión será masiva. El catalizador ha sido la "tranquilidad" y "confort" de comprobar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que se han reflejado las medidas que llevaban semanas negociando, sin grandes sorpresas negativas y, sobre todo, que la calibración ha sido lo suficientemente fina como para no tener que contabilizar como morosas las nuevas operaciones y limitar así el impacto en provisiones, indican fuentes del sector.
La empinada escalada del euríbor está tardando en trasladarse al precio de los créditos a pesar del fuerte encarecimiento observado en el escaparate de las entidades financieras. Según el Banco de España, los préstamos firmados entre enero y septiembre para adquisición de vivienda apenas habían repercutido un 34% del aumento registrado por el euríbor para entonces y el impacto se limita al 16% en el conjunto de la cartera o saldo vivo hipotecario (este último dato sube apenas al 25% en el stock financiado a las empresas).
El Banco de España (BdE) habilitó a finales de 2021 un registro obligatorio para cualquier persona física o jurídica que busque ofrecer servicios relacionados con las criptomonedas en España. En caso de que una entidad no supere la prueba de la máxima autoridad bancaria (o no se someta a ella), y decida igualmente operar en el país, se podría enfrentar a multas de hasta 10 millones de euros.
El gobernador del Banco de España sostuvo ayer que la economía española ya está en disposición de acometer una consolidación fiscal, pues "contamos con instrumentos" para ello, y debemos reducir el déficit estructural.
Los créditos en riesgo de la banca aumentaron en casi 12.000 millones euros durante el tercer trimestre del año por una combinación de prudencia de las entidades y el primer repunte en los impagos en mucho tiempo. Detrás de esa cifra se esconde un avance de 1.903 millones en la financiación dudosa o calificada en el argot financiero como stage 3 y que pasó desde los 69.995 millones de junio a 71.898 millones el pasado septiembre en los seis bancos cotizados españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja), según datos compilados por la consultora Accuracy en su informe bancario trimestral.
El Gobierno y la banca tienen sobre la mesa diferentes rutas de alivio financiero para los ciudadanos que encaren apuros en el pago de su hipoteca a raíz del empinado avance del euríbor. En el catálogo en negociación hay soluciones específicas para los llamados colectivos vulnerables, que reúnan un perfil socioeconómico muy tasado; otras alternativas para ciudadanos de rentas medias o bajas y la intención de facilitar a la generalidad de ciudadanos el cambio de un préstamo variable a otro fijo para que puedan blindar la cuota de amortización frente a subidas futuras de los tipos.
Siempre se ha bromeado sobre ellos al ser los billetes de mayor cuantía, pero lo cierto es que la leyenda urbana que rodea a los billetes de 500 euros en realidad tiene mucha base real: cada vez es más complicado conseguir uno de ellos, y no solo por razones económicas. Simplemente, con el paso de los años existen menos de estos billetes en circulación.
Los mediadores de seguros repudian la tasa de 250 euros que les cobrará la futura Autoridad de Defensa del Cliente financiero por cada reclamación que reciban y avisan que la puesta en marcha del nuevo mecanismo para resolver controversias elevará la ligitiosidad. Es "un nuevo despropósito que perjudica a los pequeños negocios y disparará las quejas al margen de su veracidad", avisó hoy el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, corporación que aglutina a 50 colegios profesionales, con más de 7.000 agentes y corredores asociados.
ElEconomista entregará el miércoles de la próxima semana, día 2 de noviembre y a partir de las 19.30 horas, el Premio José Echegaray a Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España y una de las principales autoridades financieras en organismos internacionales. En esta cuarta edición el periódico ha querido distinguir la trayectoria y la figura del responsable de supervisión financiera.
La escarpada escala de la inflación exige alinear la política fiscal y el gasto público con la política monetaria o el Banco Central Europeo (BCE) tendrá que subir más los tipos de lo necesario, en perjuicio de la economía. Se trata del principal mensaje lanzado por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante el acto de entrega del IV Premio José Echegaray otorgado por Editorial Ecoprensa al banquero en atención a su sobresaliente trayectoria y vocación profesional.
El Consejo Económico y Social (CES) entra de lleno en la creación de la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero y cuestiona el límite fijado para determinar si una resolución del nuevo organismo será o no vinculante. Con la redacción actual, la banca tendrá que acatar sin oposición alguna los dictámenes cuyo importe reclamado sea de 19.999 euros o inferior, un umbral que para el órgano consultivo "no queda justificado suficientemente" en el Anteproyecto de Ley y, "además, puede impedir el ejercicio de sus derechos a todas las personas consumidoras y usuarias".
Juan Carlos Escotet, el banquero venezolano fundador de Banesco y presidente de Abanca, ha advertido hoy durante la celebración del congreso anual de Aecoc en Santiago de Compostela que la espirar de inflación puede ir a más. "Si la guerra, tal y como parece, se alarga es previsible que las previsiones de inflación hechas por el Banco de España se hayan quedado cortas", ha asegurado.
Las competencias de la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero han salido ampliadas en el penúltimo trámite antes de que su regulación llegue al Consejo de Estado. La última versión del anteproyecto de ley que regula la creación de este organismo, llamado a erradicar décadas de alta litigiosidad entre usuarios y entidades financieras, extiende su espectro a cualquier entidad que comercialice productos o servicios financieros aunque no esté vigilada por los supervisores financieros, y le capacita para dirimir sobre controversias tanto económicas como no económicas.
Algunas personas pueden poseer un tarro o algún tipo de hucha para guardar las pequeñas monedas que resultan del pago en efectivo, tras innumerables transacciones. Los que se encuentren en esta situación podrán cambiar todas esas monedas por billetes, de manera gratuita, en el Banco de España.
La empinada subida de los tipos, junto a la desbocada inflación y el miedo a la recesión económica hacen temer por la futura capacidad de los hogares para encarar su hipoteca. Las entidades, lideradas por sus patronales (AEB y CECA), y el Ministerio de Asuntos Económicos llevan semanas de conversaciones buscando arbitrar soluciones para aquellas familias que se vean incapacitadas para hacer frente a su pago y parece haber sintonía en reeditar el Código de Buenas Prácticas aprobado en la anterior crisis para establecer esos auxilios, pero ampliando el espectro y perfil socioeconómico para que llegue a un mayor número de ciudadanos.
