El Gobierno ha anunciado una batería de medidas para aliviar la carga hipotecaria tras la subida del euríbor (y sin contar con el sí de la banca) que afectará al 20% de las familias, a pesar de que el Ejecutivo insiste que estas ayudas serán tanto para hogares vulnerables como para los de clase media. La razón es que el Ministerio de Asuntos Económicos, que ha liderado las negociaciones con el sector financiero para sacar adelante estas medidas, ha limitado a la clase media en aquellas familias que cobran por debajo de 3,5 veces el Iprem, o lo que es lo mismo, 29.400 euros al año, dejando fuera de estos alivios a hogares con rentas superiores.
La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró este martes que estas medidas afectarán a un millón de hipotecados. En la actualidad, hay casi cinco millones de hipotecados en nuestro país, con un saldo vivo total de casi 500.000 millones de euros, de los que el 75% corresponden a préstamos a tipo variable. Las medidas anunciadas afectarán a unos 106.400 millones de crédito hipotecario.
El Gobierno ha dado un paso adelante por su cuenta anunciando las medidas a pesar de que estuvo hasta última hora de la noche del lunes en negociaciones con las patronales bancarias sin llegar a un acuerdo. Las entidades financieras piden que los alivios no le supongan más provisiones en su balance, puesto que tendrán que reclasificar más préstamos como morosos, mientras que el Ejecutivo asegura que las medidas no supondrán reclasificación alguna, no moverán el texto y esperan que poco a poco se vayan adhiriendo.
Líneas de actuación
Concretamente el Ejecutivo ha actuado sobre tres líneas para ayudar a los hogares que vean incrementada su hipoteca por la escalada del euríbor. De un lado hace propuestas para las familias más vulnerables (con una renta inferior a los 24.300 euros anuales), de otro, para las familias de clase media (renta de menos de 29.400 euros al año) y para el resto de hogares.
Del lado de aquellos con menores rentas, cambia el Código de Buenas Prácticas aprobado en 2012. Podrán acogerse a las ayudas aquellas familias con rentas de menos de 24.300 euros al año y que el pago de la hipoteca les suponga el 50% de la renta, eliminando el requisito previo de que la cuota debía haberse encarecido un 50% o más. Así, para este colectivo, permitirán pedir carencias de pago del principal de la hipoteca por cinco años (con opción a solicitar otros cinco años), y rebaja el interés de dicho principal de un diferencial sobre euríbor del 0,25% al -0,10%. Además, también permite alargar el plazo de vida del préstamo hasta siete años y en el caso de que no pueda hacer frente y solicite la dación de pago (entrega de la vivienda para saldar la deuda), amplía de 12 a 24 meses el plazo para entregar la casa desde su solicitud. Según Economía, estas medidas permitirán rebajar a estos hogares la cuota hipotecaria hasta un 36%.
Para las familias de renta media, crea un nuevo Código de Buenas Prácticas por el que podrán acogerse a los alivios los hogares con rentas inferiores a 29.400 euros, que se le haya encarecido un 20% la hipoteca y que la misma suponga al menos el 30% de sus ingresos. Para éstos, permiten carencias de un año y alargar la vida del préstamo hasta siete años. De manera adicional, para el resto de hogares independientemente de su nivel de renta favorece la conversión de hipotecas variables a fijas y también la amortización anticipada, eliminando las comisiones durante todo 2023. Además, encarga al Banco de España una guía de estas medidas para informar a los clientes. El Gobierno ha asegurado que CaixaBank (controlada en un 16,11% por el Estado tras la fusión con Bankia) ya se ha adherido a estas medidas.
Sin embargo, el resto de bancos pide analizar antes todos los aspectos técnicos. La presidenta de la patronal bancaria AEB, Alejandra Kindelán, calificó este martes de "tema complejo" llegar a un acuerdo con el Gobierno ya que se "tiene que cuadrar otras muchas cosas" que deben tratarse "en un marco de regulación y supervisión muy exigente". En el mismo encuentro del sector financiero organizado en Madrid por Deloitte, Sociedad de Tasación y ABC, el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, señaló que algunas de las medidas impactan en las provisiones ya que hay que reclasificar el crédito como moroso y recordó que los clientes declarados así, a futuro, luego tienen dificultades para acceder a más financiación. Álvarez aseveró que la voluntad del Santander es trabajar para que el mercado hipotecario sea sano y sólido y dejó entrever que, a falta de matizar algunas cuestiones, se firmará el acuerdo. Por su parte, el consejero delegado de Unicaja, Manuel Menéndez, quien también se pronunció sobre el tema, dijo que hay temas técnicos a discutir y analizar aunque confió en llegar a un acuerdo. "Lógicamente, nosotros tenemos la obligación de invertir y dar préstamos, y también de recuperar y que se paguen, y llegar a buen fin", matizó al respecto.