La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, gratuita para los usuarios y cuyas resoluciones serán vinculantes para la entidad financiera cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros.
Esta autoridad supondrá para los consumidores un mecanismo alternativo a la vía judicial en las controversias que puedan surgir con las entidades financieras, que según recordó Calviño, es el sector que "más quejas recibe" y además está sujeto "a muy alta litigiosidad". En este sentido, la vicepresidenta explicó que la nueva figura será financiada por las propias entidades financieras, que deberán abonar 250 euros por cada reclamación que acabe en este organismo y prospere.
La vicepresidenta, recoge EP, ha explicado que el anteproyecto, que se somete ahora a audiencia pública, supone la creación de la autoridad que se encargará de resolver las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de sus entidades financieras.
Según ha detallado Calviño, "salvo en casos excepcionales", la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero resolverá las reclamaciones en un periodo máximo de 90 días y su resolución será vinculante para la entidad financiera cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros. "Este es un cambio muy importante con respecto a la situación actual, en la que los servicios de reclamaciones de estos supervisores financieros no tenían carácter vinculante para las entidades", ha destacado la ministra.
El sistema de reclamaciones será gratuito para los clientes financieros, que podrán acceder a él de manera presencial o por medios electrónicos sin necesidad de abogado ni procurador. Las entidades que incumplan las resoluciones vinculantes serán sancionadas con una multa y el anteproyecto de ley incluye un elemento de desincentivo del recurso a los tribunales cuando la entidad financiera no esté de acuerdo con la resolución que acuerde la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
La nueva figura unificará los servicios de reclamaciones que existen del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) para aumentar la eficiencia en el funcionamiento de estas entidades de resolución de conflictos.
Así, en el ámbito de esta autoridad estarán incluidos no solo los productos bancarios, sino también los de seguros, los del mercado de valores o los nuevos productos financieros complejos como los criptoactivos. Para articular la colaboración con la supervisión de conducta de estas autoridades, el consejo rector de la nueva autoridad incorporará al Banco de España, la CNMV, la DGSFP y la Secretaría General del Tesoro.
La banca duda de su utilidad
En contrapartida, el presidente saliente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán, se ha mostrado más partidario de un modelo "dual" de supervisión del sector, en el que la CNMV se encargue de la conducta de las entidades y el BdE de su solvencia. De hecho ha recordado que este modelo, conocido como twin peaks es el preferido en Europa, frente a la apuesta del Gobierno de crear una autoridad independiente de protección al cliente.
Esta autoridad independiente es más propia de los sistemas anglosajones, pues existe en EEUU y en el Reino Unido, pero el todavía presidente de la patronal bancaria AEB se pregunta si tiene sentido en España y si "merece la pena" su creación. Además, recoge Efe, ha puesto en duda la eficacia de esta medida, más allá del aumento de gasto público, porque "cuantas más autoridades tengamos, es más necesaria la coordinación", al tiempo que ha recordado que en el pasado los dos principales partidos, el PSOE y el PP, apostaron por el modelo twin peaks.
Llega con años de retraso
La creación de una autoridad de protección de los clientes financieros es una medida incluida en el Plan Anual Normativo 2022 que arrastra años de retraso. Así, la iniciativa fue planteada por el anterior Gobierno del Partido Popular y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la recogió en 2018 con la intención de que el proyecto saliese adelante en 2019. Sin embargo, estos planes se retrasaron por la convocatoria de elecciones generales ese año y, después, por el estallido de la pandemia, que llevó al Ministerio de Asuntos Económicos a centrarse en las medidas de respuesta a la crisis.
Las organizaciones de consumidores llevaban tiempo reclamando que se acelerase la creación de esta autoridad para evitar posibles abusos desde el sector financiero y evitar costes adicionales a los clientes a la hora de reclamar.
Este proyecto de ley se suma a otras normas consideradas prioritarias en el departamento de Calviño como la ley de crecimiento y creación de empresas y la ley de startups, que ya fueron aprobadas y afrontan el trámite parlamentario.
