El Ministerio de Hacienda ha abierto a consulta pública la elaboración de un Proyecto de Ley para modificar la actual normativa de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de 2013, que entró en vigor en 2014. El texto de la consulta apunta a los principales aspectos a cambiar en la actual Ley que pasan por ampliar las entidades que tienen que someterse a la misma, además de las ya existentes que implican a las Administraciones públicas y a todo el sector público estatal, entre otras instituciones.
Ahora, Hacienda abre la puerta a incluir también como sujetos obligados a la Ley de transparencia a las federaciones deportivas, el Ministerio Fiscal y la Junta Electoral, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica, las entidades vinculadas o dependientes de las universidades públicas, los órganos específicos de las CCAA, así como al Gobierno, aunque matiza que en "una ubicación sistemática que no limite su sujeción al ejercicio de competencias sometidas a Derecho Administrativo ni la posibilidad de reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno".
Además, el Ministerio también apunta a cambios en las obligaciones de información del Banco de España y del Consejo Económico y Social. Aunque no matiza en qué consisten estos cambios, y habrá que esperar a que avance el texto del Proyecto de Ley para ello, de inicio propone excluir a estas dos entidades como sujetos de esta norma, para matizar sus obligaciones de transparencia en un punto distinto.
Otra de las cuestiones a destacar en la consulta es que se propone explicitar en la nueva norma la limitación existente respecto a la información clasificada como secreta o reservada por ley. Del mismo modo, se plantea precisar que las limitaciones al derecho de acceso a estos documentos solo sean durante un periodo de tiempo determinado por las leyes o porque se mantenga la razón que lo justifique.
Acceso de los usuarios
Con estos cambios, el Ministerio de Hacienda y Función Pública pretende adecuar la normativa al Convenio del Consejo de Europa número 205 sobre Acceso a Documentos Públicos.
En lo que respecta a los usuarios, otro de los cambios relevantes que se propone para consulta pasa por facilitar el acceso a la información a los ciudadanos, de modo que puedan solicitar la documentación sin necesidad de identificarse si se trata de información que ya ha sido publicada o que no afecte a datos personales. Para estos casos, se pretende que sea suficiente con que el solicitante facilite una dirección de correo electrónico. El objetivo, es que la respuesta por esta vía digital se emita en el plazo de un mes desde la fecha que haya sido asignada su tramitación al órgano competente para resolverla.
Por otro lado, también se plantea la necesidad de incluir una disposición transitoria en la Ley sobre la publicidad de información relacionada con la gestión de los fondos europeos Next Generation relativa a una base de datos de los beneficiarios de las ayudas y de contratistas y subcontratistas que hayan devengado compensaciones económicas desde 2020 por actuaciones desarrolladas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La consulta pública de Hacienda se mantendrá abierta desde este miércoles hasta el próximo 25 de febrero.
