Los mediadores de seguros repudian la tasa de 250 euros que les cobrará la futura Autoridad de Defensa del Cliente financiero por cada reclamación que reciban y avisan que la puesta en marcha del nuevo mecanismo para resolver controversias elevará la ligitiosidad. Es "un nuevo despropósito que perjudica a los pequeños negocios y disparará las quejas al margen de su veracidad", avisó hoy el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, corporación que aglutina a 50 colegios profesionales, con más de 7.000 agentes y corredores asociados.
Para la asociación que preside Javier Barberá fijar dicha por cada reclamación que reciba un mediador, independientemente de si la resolución resulta favorable o no al demandante, "es una nueva forma de gravar la actividad de agencias y corredurías, aunque el importe lo abone la aseguradora".
Los mediadores estiman que la mejor forma de proteger al usuario "es mediante penalizaciones a las malas prácticas después de demostrar fehacientemente que el mediador ha incurrido en ellas", "nunca a través de una tasa preventiva que primero recauda y luego dictamina la veracidad o no de la denuncia".
La organización considera además una "paradoja" que "la administración sea incapaz de perseguir las infracciones graves a la Ley de Seguros y de la Competencia, que afectan a todo el sector, y ponga especial cuidado en gravar la presentación de una reclamación".
La nueva autoridad nace con el objetivo de resolver las controversias que tengan que ver con servicios y productos financieros y limitar la conflictividad. Hereda la misión de proteger los derechos de los consumidores y de disuadir las malas prácticas comerciales que ya tienen los departamentos de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones a los que toma el relevo, con mayores competencias.
La nueva figura, que prevé cobrar esa tasa de 250 euros por reclamación presentada a la entidad cuestionada, emitirá resoluciones que serán vinculantes cuando el importe en disputa sea inferior a los 20.000 euros, a diferencia de los tres organismos supervisores, cuyos dictámenes se desoyen en muchas ocasiones al no ser de obligada aceptación. En cualquier caso los fallos vinculantes podrán ser recurridos en los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa.
