La escarpada escala de la inflación exige alinear la política fiscal y el gasto público con la política monetaria o el Banco Central Europeo (BCE) tendrá que subir más los tipos de lo necesario, en perjuicio de la economía. Se trata del principal mensaje lanzado por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante el acto de entrega del IV Premio José Echegaray otorgado por Editorial Ecoprensa al banquero en atención a su sobresaliente trayectoria y vocación profesional.
Hernández de Cos, que fue presentado por el presidente de Deutsche Bundesbank, Joachim Nagel, y recogió el galardón de manos del presidente de Ecoprensa, Gregorio Peña, arrancó su intervención elogiando la figura de Echegaray.
Aseguró que su "aproximación multidisciplinar resulta particularmente importante en la actualidad", donde los fenómenos científicos, económicos, políticos, sociales y culturales se entrelazan de tal forma que solo con un conocimiento amplio de todos ellos "permite un diagnóstico certero de la realidad y, por tanto, una respuesta adecuada de las políticas económicas". El encuentro estuvo patrocinado por Abanca, CaixaBank, CecaBank, EY, Ibercaja, Iberdrola, Banco Sabadell, Banco Santander, Unicaja Banco y Deutsche Bank, su presencia en el acto.
Frente a la actual situación de precios desbordados (el IPC de la eurozona alcanzó el 10,7% en octubre) defendió que se hace "más necesario que nunca" que el BCE confirme su compromiso de "lograr la estabilidad de precios", y expuso que actuará hasta lograr que la inflación alcance su objetivo del 2% a medio plazo de carácter simétrico.
"Exigirá incrementos de tipos de interés adicionales", apuntó después de que el organismo liderado por Christine Lagarde haya subido el precio del dinero en varias ocasiones hasta situarlos ya en el 2% y deslizó que la intensidad y la velocidad "dependerá de las perspectivas de la inflación".
Aquí subrayó que, "en un escenario tan complejo como el actual, el resto de políticas económicas, tanto a escala nacional como europea, deben desempeñar un papel fundamental", junto a la política monetaria. Y de forma específica recetó contención en presupuestos y gastos para no obligar al BCE a tener que escalar los tipos con mayor intensidad de lo necesario.
"En el caso de la política fiscal, esta debe desempeñar un papel relevante en este contexto, evitando un impulso fiscal generalizado que pudiera exacerbar las presiones inflacionistas ya existentes, y exigir un mayor endurecimiento de la política monetaria", indicó.
Hernández de Cos pidió que las medidas de política fiscal sean, por tanto, "focalizadas y centrarse en los hogares de rentas más bajas, que son los que más padecen el impacto de la inflación, y en las empresas más vulnerables a esta perturbación", y tengan un carácter temporal "para evitar un incremento adicional del déficit público estructural".
Reclamó que se afine el diseño para evitar que "produzcan distorsiones significativas sobre las señales proporcionadas por los precios", y urgió iniciar un proceso de consolidación fiscal "que permita la reducción gradual de los desequilibrios fiscales actuales y ganar margen de maniobra para poder reaccionar ante futuras perturbaciones".
Aconsejó apoyarse en los recursos que llegarán de Europa con cargo al programa europeo Next Generation EU permitiendo ser más prudente así con el gasto público, y alentó a estar vigilante por si hubiera que ser, incluso, contractivo en presupuestos. "Por ejemplo, una mayor intensidad de las presiones inflacionistas podría requerir un mayor tono contractivo de la política presupuestaria", explicó.
Para evitar los temidos efectos de segunda ronda, Hernández de Cos insistió en reclamar un pacto de rentas, en el marco del diálogo social, "que acuerde el reparto entre las empresas y los trabajadores, y que incluya también al sector público". Aconsejó que tenga en cuenta "que las perturbaciones actuales están teniendo un impacto desigual entre distintos grupos de trabajadores, empresas y sectores", y reclamó que fije compromisos "plurianuales concernientes tanto a los incrementos salariales, que deberían evitar su vinculación a la inflación pasada, como a la evolución de los márgenes".
En la órbita específica del sector público, demandó "evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas, en un contexto, además, en el que el margen fiscal se encuentra muy constreñido por el abultado endeudamiento público".
De forma paralela abogó además por actuar con una "aplicación ambiciosa de políticas que incrementen las tasas de crecimiento de la productividad y del PIB potencial" con reformas estructurales que ayuden a reducir las tensiones en el lado de la oferta como serían las del mercado energético.
El gobernador del Banco de España cree que el desafío debe abordarse también desde la vertiente europea con iniciativas que refuercen la integración y la interconexión de los mercados, en particular, los energéticos, como fórmula para mejorar la resiliencia y la competitividad de todos los Estados miembros.
Reclamó una respuesta conjunta europea en diferentes niveles y con iniciativas como establecer mecanismos de financiación del conjunto de la Unión Europea "que permitan salvaguardar ese esfuerzo común sin lastrar excesivamente o de forma muy desigual las finanzas públicas nacionales".
Asimismo, reclamó que se refuerce la arquitectura financiera de la Unión Económica y Monetaria (UEM) completando la unión bancaria con la construcción de un sistema europeo de garantía de depósitos y avanzando en la construcción de la unión de los mercados de capitales.
En su opinión, la UEM necesita dotarse además "de una capacidad de estabilización macroeconómica permanente, con capacidad impositiva y de endeudamiento, que complemente la acción de la política monetaria única".
Para garantizar tanto la sostenibilidad de las finanzas nacionales como del buen funcionamiento de la UEM en su conjunto defendió además que las reglas fiscales incluyan en su revisión una condición al crecimiento del gasto público "con un ancla en la ratio de deuda sobre el PIB" y que fomente la capacidad para acumular colchones fiscales en períodos de bonanza económica para utilizarlos en momentos de crisis.
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