El riesgo de retroalimentar el IPC

El incremento que los precios experimentan en enero es uno de los factores que más interesan a los consumidores en cada final de año. En 2022 esa curiosidad se convierte en franca preocupación considerando el recorrido que el IPC ha presentado en el último ejercicio. Atrás quedan doce meses en los que la inflación llegó a superar el 10%, lo que sitúa la media anual en la marca histórica del 8,4%. Es cierto que la tasa ha descendido en el tramo final del año, pero aún se sitúa, según el dato preliminar de diciembre publicado ayer, en el entorno del 6%, con la subyacente casi en el 7%. Ahora bien, pese a lo alarmante de estas cifras, lo cierto es que el encarecimiento de los productos y servicios cuyos precios se revisan cada enero se situará en un nivel mucho más moderado, entre el 3% y el 4%. Se trata de porcentajes asumibles por los consumidores considerando que el incremento salarial promedio por convenio de 2022 se encuentra en el 2,7%. Es cierto que, una vez conocido el último plan anticrisis del Gobierno, se esperan próximos encarecimientos de productos como los combustibles, cuya bonificación se limita a ciertos sectores profesionales. Ahora bien, en el cómputo general esa subida se verá compensado por el abaratamiento de los alimentos tras la rebaja del IVA en varias categorías básicas. No hay razón, por tanto, para quebrar en 2023 la adecuada contención salarial que ha caracterizado al año que hoy termina. Si ése fuera el caso, surgirían los temidos efectos de segunda ronda, sobre los que el Banco de España, tanto ha advertido. Se daría así la paradoja de una retroalimentación del IPC que truncaría todas las esperanzas de que el próximo ejercicio sea aquél en el que la inflación empiece a normalizarse.

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