Madrid
El IPC de los alimentos sigue sin dar tregua en España, y ya crece más del 15% frente al pasado año. Lejos de frenarse, la tendencia seguirá siendo alcista ante la llegada del periodo de la Navidad. No en vano, la cesta de la compra se ha encarecido en torno al 13% en sólo 15 días, según un exhaustivo análisis realizado por elEconomista en seis ciudades. A la cabeza de estos incrementos se sitúan productos muy demandados en este periodo, como la gamba (275%), el langostino (100%) o el besugo (92,3%). Al contrario de lo que Podemos defiende, los supermercados no son los culpables de estos incrementos debido a su elevada competencia y sus estrechos márgenes (entorno al 3%). Las responsabilidad de las alzas hay que buscarla en la incorrecta aplicación de la ley de la cadena alimentaria, que permite a los intermediarios disfrutar de márgenes exagerados. Por ello, la implantación de un tributo a los supermercados, medida felizmente aparcada por el Gobierno, no sólo supondría un castigo injusto para el sector. También sería contraproducente con el objetivo de reducir el alto coste de la cesta de la compra, ya que las empresas lo repercutirían en los precios. Por fortuna existen opciones a las que el Gobierno podría recurrir para paliar el impacto del desbocado IPC alimentario en las familias. En los Presupuestos del próximo año enviados a Bruselas, el Ejecutivo reconoce que cuenta con 15.000 millones para prorrogar las ayudas a la energía y los carburantes en 2023. Si se tiene en cuenta que el coste de estas variables se ha reducido notablemente al tiempo que el de los alimentos se ha disparado, la redistribución de estos recursos sería una medida adecuada para paliar el alza del precio de la cesta de la compra en los hogares.
