El impacto económico provocado por la crisis del coronavirus ha hecho que muchas pequeñas y medianas empresas hayan visto reducidos sus ingresos o estén, incluso, al borde del cierre. En este escenario tan desalentador, las sociedades de garantía recíproca se han erigido como agentes clave para la supervivencia de numerosas empresas que están sufriendo esta crisis, facilitando el acceso a la financiación en condiciones más ventajosas.
Los datos de empleo del mes de noviembre dejaron luces y sombras a cerca de los datos de aumento tanto del paro como de afiliación, pero constataron una tendencia preocupante para el trabajo autónomo. Aunque el conjunto del mes arroja un aumento de 2.504 afiliados al Reta en el undécimo mes del año, lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.267.873, hasta un 13% del total del colectivo se encuentra con serios problemas para mantener sus negocios abiertos. Concretamente, 430.000 trabajadores por cuenta propia que han solicitado la prestación por cese extraordinario de actividad, bien porque se encuentran totalmente cerrados o porque sus volúmenes de ingresos son insuficientes para mantener sus rentas.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 incluirá una nueva moratoria de tres meses para el abono de cotizaciones a la Seguridad Social a la que se podrán acoger empresas y autónomos siempre que se encuentren al corriente de sus obligaciones y no estén en ningún otro aplazamiento en vigor.
Los jueces de lo Mercantil están exonerando las deudas con Hacienda y la Seguridad Social, sin calificación de privilegiados, en los procedimientos concursales de segunda oportunidad de empresarios y autónomos.
La organización empresarial ha celebrado su asamblea en la que las asociaciones empresariales han vuelto a expresar la grave situación por la que están pasando las pymes y los autónomos, concluyendo que es el momento de aunar esfuerzos para que pymes y autónomos puedan salir adelante.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un suplemento de crédito en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por importe de 6,06 millones de euros para pagar las cuotas de beneficiarios y prestaciones económicas derivada de la ampliación de la prestación por cese de actividad de los autónomos.
La Seguridad Social ha pagado 289,73 millones de euros a 355.364 trabajadores por autónomos a los que se les ha reconocido alguna de las prestaciones destinadas a aligerar la situación del sector por la pandemia de coronavirus, según ha apuntado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado.
El Boletín Oficial de Castilla y León publica este viernes la convocatoria de la línea de subvenciones destinadas a financiar los contratos para sustituir a trabajadores que tengan que cuidar de sus hijos o familiares dependientes cuando estos deban guardar confinamiento domiciliario por COVID-19.
El Ayuntamiento de Teruel y CEOE han firmado un contrato de colaboración para impartir talleres de formación gratuitos para empresas, autónomos y desempleados de la ciudad para paliar los efectos negativos de la crisis económica actual. Los talleres comenzarán el día 30 de noviembre.
Con las recomendaciones del Pacto de Toledo aún recién aprobadas, así como su convalidación en el Congreso, una primera aproximación a la pertinencia de las medidas propuestas sugiere que estas carecen de una lectura sobre el impacto económico de las mismas tanto en las finanzas de la Seguridad Social como en cuestiones que implican a la evolución del mercado de trabajo. Por ello, el miembro del Foro Santalucía AM, Ángel de la Fuente, y el socio fundador de LoRIS y miembro del Foro Santalucía AM, José Antonio Herce, aseguraron este jueves, en una conferencia virtual sobre la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones bajo el lema Después del Pacto de Toledo: ¿ahora qué? albergada por el Instituto Santalucía, que una vez analizados los puntos de la futura reforma queda claro que nuevas actuaciones sobre los gastos y los ingresos serán necesarias ya que, lejos de reducir los esfuerzos financieros, la Seguridad Social afronta unos años donde la senda del gasto será ascendente, empezando por las futuras revalorizaciones previstas en base al IPC.
La hostelería es sin duda uno de los sectores más perjudicados por los efectos económicos de la pandemia y de las restricciones impuestas desde el Gobierno desde el estallido de la crisis sanitaria. Como ya adelantó elEconomista, los autónomos han tratado de influir en la aprobación de los Presupuestos Generales con al menos cinco enmiendas que buscan ampliar la protección del colectivo de cara al próximo ejercicio, y una de ellas reclama que se elabore un plan de rescate para reflotar el consumo en los comercios de proximidad y la pequeña hostelería, que según concretaron este miércoles tendría como objetivo recuperar hasta 40.000 empleos del sector en los próximos cinco años.
La Tesorería General de la Seguridad Social ha anunciado que la cuota de noviembre vendrá acompañada de un cargo adicional del mes de septiembre por la subida retroactiva de 2020, que quedó pospuesta por la pandemia. Ya en octubre, los trabajadores por cuenta propia sufrieron el primer incremento en la cuota por la subida prevista de 2,8 euros si cotizan por la base mínima y de 12,2 euros por la máxima. Pero este mes tendrán que pagar otros 2,8 euros y 12,2 euros extras a la subida aplicada. A falta de confirmación oficial, las cuotas a la Seguridad Social durante los próximos meses llevarán recargos adicionales para compensar el alza de este año. La situación para los autónomos se puede complicar para 2021 cuando está acordado un nuevo incremento. Los autónomos piden frenarlo.
Los esfuerzos de las asociaciones de autónomos para influir en el resultado final de los Presupuestos Generales del Estado, podrían dar sus frutos si finalmente fructifica alguna de las cinco enmiendas que al menos, según ha podido saber elEconomista, han logrado introducir en las Cuentas de cara a su aprobación. Entre las más relevantes se encuentra la que pide la modificación de la ley de pago a proveedores para dotar de un régimen sancionador al reglamento que apremie los pagos en tiempo, sobre todo de las grandes compañías y de la administración a las pymes, y otra que reclama un plan para recuperar el consumo de cercanía y dar un impulso al pequeño comercio y pequeña hostelería.
El Colegio de Economistas de Cataluña ha denunciado la situación de impotencia de sus profesionales a la hora de asesorar a empresas y autónomos en el contexto actual, ante la indiferencia, desinformación y falta de colaboración que encuentran en las administraciones públicas.
Se acabó el plazo. Hoy, 20 de noviembre, se alcanza la fecha límite para la devolución de las cotizaciones y los impuestos que los autónomos aplazaron con Hacienda y la Seguridad Social durante el primer estado de alarma. El pasado mes de mayo el Gobierno fijó una moratoria de seis meses para tratar de conceder mayor liquidez a autónomos y empresarios en el peor momento de la primera ola de la pandemia.
El sistema nacional de garantías inyectó 2.426 millones de euros a pymes y autónomos hasta octubre, a partir de 33.354 avales formalizados, para tratar de mitigar el impacto económico de la Covid-19. Supone un incremento del 115% respecto al mismo periodo de 2019. Con todo, la financiación facilitada por las SGR ya beneficia a 152.212 pymes, autónomos y emprendedores, que mantienen activos créditos y préstamos por valor de 5.785 millones de euros (riesgo vivo).
La mala gestión de las ayudas de 40 millones de euros que la Generalitat activó para los autónomos para paliar la crisis económica en sectores como el de la restauración ha acabado pasando factura al Departamento de Trabajo, encargado de su tramitación telemática.
El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación del plazo para la concesión de avales ICO hasta el 30 de junio de 2021 y la extensión del plazo de devolución en tres años más, hasta un máximo de ocho años. También ha prorrogado la suspensión de los concursos de acreedores.
Las reuniones entre las asociaciones de autónomos y el Gobierno para llevar a cabo modificaciones en el sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia continúa arrojando una cascada de propuestas para hacer que los empleados de este colectivo aporten a la Seguridad Social de forma más contributiva y más próxima a sus ingresos reales. En este caso, una de las entidades representantes de los autónomos, UPTA propone una revisión de la tarifa plana para que se beneficien de esta reducción en la cuota solo aquellos que realmente lo necesiten para poner en marcha su negocio durante los primeros años de vida del mismo. Además, esta medida serviría para recaudar a través del Reta hasta 250 millones de euros más cada año.
El nuevo plan de apoyo a pymes y autónomos diseñado por la Junta de Andalucía incluye una línea de subvenciones dotada con 80 millones de euros que prevé beneficiar a 80.000 trabajadores por cuenta propia o autónomos que desarrollan su actividad en los sectores de hostelería, comercio, transporte por taxi, locales de peluquería y feriales afectados por las restricciones derivadas del estado de alarma por la pandemia del coronavirus Covid-19 para "ayudar a sostener su continuidad", evitando su "cese definitivo" y la consiguiente "destrucción de empleo".
El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido 1.222 solicitudes que suman un importe de 7 millones de euros para la segunda convocatoria de los microcréditos dirigidos a los autónomos y pymes y que cuenta con tres tipos de líneas según el número de trabajadores.
Hasta 4.000 euros al año se podrán ahorrar en el pago de IRPF los trabajadores españoles con rentas elevadas que aporten al fondo público de pensiones que articulará el Ejecutivo en los próximos meses y hasta 2.200 euros, aproximadamente, se ahorraría una renta media en la declaración de la renta si contribuye a este plan, que una de las características que tendrá es la desgravación fiscal por aportaciones de hasta 10.000 euros anuales. Así se desprende de los cálculos elaborados por elEconomista sobre la base de un ahorrador con un sueldo bruto de 27.631 euros anuales (una renta media en España) y otro con una remuneración que alcance los 75.000 euros al año (renta alta).
El Ministerio de Trabajo controlará los algoritmos de las plataformas digitales para determinar si pueden operar con autónomos o, por el contrario, estarán obligadas a contratar asalariados. Lea: Deliveroo y Glovo presionan a Trabajo para evitar contratar a los autónomos.
La acción protectora del Gobierno sobre el colectivo de autónomos se ha puesto en entredicho desde el inicio de la pandemia cuando el colectivo se puso en pie de guerra exigiendo al Ejecutivo medidas que ayudasen a sobrellevar la crisis a este colectivo, que es el más empleo genera en nuestro país y responsable del 98% del tejido productivo. Con los datos sobre la mesa, la cuenta es clara: las ayudas ofrecidas por la Seguridad Social a los trabajadores por cuenta propia ascienden a 8.616 millones de euros (hasta el próximo 31 de enero), mientras que la recaudación media del Reta en los últimos años se ha situado en torno a los 10.000 millones de euros. Es decir, que el Estado ya ha gastado en ayudas casi la cantidad equivalente a todas la recaudación que consigue a través de las cuotas en lo que dura un año normal. Concretamente, cerca del 86%.
Las ayudas directas del plan de rescate del Gobierno de Aragón se podrán solicitar a partir del próximo lunes. Serán beneficiarios autónomos o pymes aragonesas titulares de bares, establecimientos de ocio nocturno, empresas de distribución de alimentos, bebidas y tabaco y empresas de catering. El orden de presentación determinará la concesión de estas ayudas, tal como marca la Ley de Subvenciones.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves un paquete de 660 millones de euros que se destinarán a los sectores económicos afectados por las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia del coronavirus Covid-19 a través de ayudas directas, líneas de avales y ayudas indirectas con rebajas de impuestos.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha comprometido a estudiar la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia cambien de base de cotización, para subirla o reducirla, hasta seis veces al año.
La empresa empezará a operar a finales del mes de noviembre en las Islas Baleares para comercializar electricidad a empresas, pymes, autónomos y particulares, además de ofrecer sus servicios de eficiencia energética para reducir costes en la factura energética hasta en un 30% al año.
Endesa y la Fundación YBS (Youth Business Spain), organización sin ánimo de lucro con la que lleva colaborando desde hace cuatro años la compañía, han lanzado un programa de impacto nacional para ayudar a pequeñas empresas y autónomos a hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, que en Aragón va a llegar a 75 empresas, en colaboración con las tres Cámaras de Comercio, a quienes se les van a conceder 54.000 euros en microcréditos sociales.
El Partido Popular trabaja ya en las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales, y una de las medidas que presentará al respecto es un paquete de ayudas a los autónomos que cierren sus negocios por causa de la crisis sanitaria y económica durante el nuevo estado de alarma que se prorrogará hasta el 9 de mayo de 2021, de manera que no tengan que pagar ni las cotizaciones sociales ni tampoco impuestos.
