Autónomos

Finalmente, el Gobierno ha rectificado y permitirá cobrar el cese extraordinario de actividad a todos los hosteleros que mantienen su negocio cerrado tras la introducción de las nuevas restricciones a la restauración en diferentes comunidades autónomas, sin perjuicio de que las normativas introducidas por los ejecutivos regionales permitan mantener una parte del negocio abierto: la del servicio de venta a domicilio. En virtud de ello se había comenzado a denegar las prestaciones a algunos de estos hosteleros sobre la premisa que está permitido este servicio, si bien desde el sector se denunció una "argucia" para rechazar estas solicitudes, ya que las regiones afectadas cuentan con apenas un 10% del total de establecimientos adaptados para mantener al menos este segmento de la actividad. Ahora, será suficiente una declaración responsable del cierre total de la actividad para que se otorgue la prestación.

La “coronacrisis” ha provocado una fuerte presión social para que el Estado alivie los efectos económicos, sanitarios y sociales que se derivan de ella. No solo han aumentado las demandas sociales, sino que la inmensa mayoría de los ciudadanos consideran legítimas y necesarias muchas de esas peticiones. En la lista figura la contratación de más profesionales sanitarios y la mejora de sus condiciones retributivas, la concesión de ayudas directas a personas dependientes, ordenadores para niños de familias más desfavorecidas, el ingreso mínimo vital, la prolongación de los ERTE… Y muchas más que me dejo en el tintero.

La organización aboga por la supresión del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para acabar con la discriminación de los autónomos, que viven una situación de desigualdad en comparación con un trabajador por cuenta ajena. Una diferencia que se ha puesto todavía más de manifiesto con la crisis sanitaria, que ha sacado a la luz la desprotección del colectivo de autónomos que, con una actividad laboral igual a la de un trabajador, no tienen acceso a las mismas prestaciones sociales y laborales por la obligación de cotizar a la Seguridad Social en un régimen diferente al general.

Finalmente, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados ha emitido sus recomendaciones sobre el sistema público de pensiones de la Seguridad Social, con alguna apostilla también sobre los sistemas de previsión social complementaria.

Ciudadanos ha aprovechado la ronda de negociación de los Presupuestos 2021 que el Gobierno ha iniciado este jueves con los grupos parlamentarios para solicitar que contemplen una ayuda directa, a fondo perdido, para salvar el empleo de autónomos y de Pymes con menos de 50 trabajadores y que tendría un coste aproximado de unos 7.700 millones de euros anuales.

La Consejería de Empleo e Industria financiará con 50 euros días los contratos que se realicen para sustituir a trabajadores y autónomos que tengan que cuidar a sus hijos o familiares dependientes cuando éstos deban guardar confinamiento domiciliario. Los autónomos podrán acceder a la ayuda -además de en estos supuestos- por su incapacidad temporal por contagio.

No cabe duda de que para sobrevivir en un entorno como el actual las empresas deben abrazar la digitalización. Máxime cuando en muchos países, entre ellos España, las medidas restrictivas a causa del Covid-19 han vuelto a endurecerse. En este sentido, según el Barómetro de CEPYME #LaPymeHabla, más del 50% de las pymes cree que la supervivencia de su empresa está en riesgo y un 5% ha cerrado definitivamente o prevé hacerlo.

El Gobierno anunció hace pocos días la aprobación de un fondo de pensiones de titularidad pública, que será gestionado por una entidad privada y que servirá para dinamizar el ahorro a largo plazo para los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Ahora bien, son muchos los flecos y los detalles que aún faltan por establecer en torno a un fondo de pensiones que en uno de sus aspectos fundamentales, supondrá un ahorro para los trabajadores que se adscriban al plan en su respectiva declaración de la renta. Así, aunque no se conocen los porcentajes y niveles de desgravación fiscal asociados a las aportaciones sí que estas tendrán una repercusión en forma de ahorro en la declaración anual de la renta al suponer una desgravación en el IRPF.

El Tiempo (Colombia)

Colombia, líder en desigualdad regional

La calidad de vida entre los departamentos del país tiene las mayores brechas y desigualdades de los países de Latinoamérica, según el Índice Idere Latam, que señala que Colombia es el país que tiene mayores diferencias de desarrollo territorial. Por su parte, Chile es el que presenta un indicador más equilibrado, seguido de Uruguay y Argentina. Este Índice es una herramienta que mide el desarrollo a nivel territorial desde una perspectiva multidimensional. En concreto analiza las variables consideradas críticas en el desarrollo de las personas: educación, salud, bienestar y cohesión, actividad económica, instituciones, seguridad, medio ambiente y género, agrupadas según las regiones donde habitan.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) pide al Pacto de Toledo reducir al menos un 50% la cotización a los autónomos cuyos rendimientos netos en el último año estén por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Además, ATA demanda que dicha reducción sea del 75% de la cuota mínima para aquellos autónomos cuyos rendimientos netos no lleguen al 50% del SMI.

El Gobierno ha decidido este año prorrogar, una vez más, los módulos del sistema de tributación por estimación objetiva, con los mismos límites que se venían aplicando desde el 2016, lo que supone un parón en los planes de que los autónomos tributen por los beneficios realmente obtenidos, mediante una esperada bajada de los límites, lo que expulsaría a buena parte de los acogidos al sistema.

En plena segunda oleada y con las nuevas restricciones de movilidad asestando una nueva cornada a los negocios comerciales y de hostelería, los autónomos denuncian que este mes el Gobierno pasará con carácter retroactivo el incremento de cuota previsto para este año, pero que no se llegó a abordar allá por el mes de enero, tampoco en pleno estallido de la pandemia, pero que sí se aplicará en este momento. Se trata de una subida que estaba prevista en virtud de un acuerdo alcanzado para un aumento progresivo en el periodo 2018-2021 de la aportación pero que tras quedar en suspenso a comienzos, "ahora llega en el peor momento". Concretamente, se trataría de una subida de tres euros mensuales, que de cobrarse de golpe supondrá un incremento de 30 euros en la próxima cuota.

El proyecto de Ley de Presupuestos para 2021 reduce drásticamente el límite de aportación anual a planes individuales (de 8.000 a 2.000 euros), y también las aportaciones a cónyuges (desde 2.500 a 1.000 euros).

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) estudiarán nuevas fórmulas frente a la "rigidez" de la tributación de la estimación objetiva por signos, índices y módulos (régimen de módulos) en un entorno económico actual "cambiante y de gran incertidumbre", para adaptarlo a otro que tenga en cuenta sus ingresos y gastos reales.

La Seguridad Social abonará este viernes un total de 234,21 millones de euros a más de 256.000 trabajadores autónomos a los que les ha sido reconocida alguna de las prestaciones puestas en marcha para paliar la situación de este colectivo como consecuencia de la pandemia, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado.

La crisis de la Covid-19 ha provocado la quiebra de 200.000 pequeños autónomos de distintas actividades, tras ver recortados sus ingresos más del 80% desde el inicio de la pandemia, según cálculos de la organización de autónomos Upta.

La segunda ola de la pandemia generada por el coronavirus se llevará por delante 500.000 empleos y 300.000 autónomos. Es la previsión que hacen desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en su séptimo barómetro.

"Estaba equivocado, ha tenido que pasar una desgracia como esta pandemia para darme cuenta de que funciona mejor la venta a domicilio que el propio restaurante". Son palabras de Maximino Marcos, propietario de Narcea Mercamadrid desde hace 24 años. Y es que las medidas restrictivas que ha traído de la mano la Covid-19 han provocado que el comercio online, hasta ahora poco desarrollado entre pymes y autónomos, esté viviendo un espectacular crecimiento.

El Gobierno aprobará este martes la articulación de un fondo público de pensiones colectivo para facilitar la adhesión de los trabajadores a los planes de ahorro a largo plazo y elevar así el nivel de cobertura de la previsión social complementaria en nuestro país, principalmente entre el colectivo de pymes y autónomos. Con esta medida el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones da respuesta a uno de los mandatos del Pacto de Toledo que en la decimosexta recomendación para la reforma del sistema de pensiones reclama que se incentive el ahorro de los trabajadores en el seno de la empresa, a través de modelos de fondos colectivos de pensiones como ocurre en el sistema NEST de Reino Unido o con las EPSV del País Vasco. Además, el Ejecutivo prevé abordar en el Consejo de Ministros de este martes la reducción de las desgravaciones fiscales para los planes individuales, fijados en 8.000 euros anuales de aportación, y que pasaría a restringirse a 2.000 euros anuales. Cabe recordar que según los cálculos del Ministerio de Hacienda, la desgravación fiscal aplicada a estos instrumentos de ahorro resta cada año 1.643 millones de euros a las arcas públicas (450 millones si se tiene en cuenta el diferimiento fiscal). Con esta medidas, se arma una doble vía de actuación para revolucionar la historia del ahorro privado en nuestro país, virando hacia modelos más extendidos en el resto de Europa donde la previsión individual supone una parte fundamental de paga de jubilación.

Los trabajadores autónomos son uno de los colectivos que más afectados se van a ver por la declaración del estado de alarma anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para gestionar la pandemia. Los profesionales que se dediquen a sectores como el comercio, la hostelería, la cultura, los eventos, algunas actividades de transporte o el ocio nocturno se verán directamente perjudicados y se enfrentan a una situación muy delicada.

El Pacto de Toledo ultima las reuniones para sacar adelante las recomendaciones para la reforma de pensiones, aunque aún quedan flecos por resolver que podrían dar al traste con la negociación. Según ha podido saber elEconomista, el PP supeditará, en el próximo encuentro, el acuerdo definitivo para la reforma de pensiones a un consenso en la mesa de diálogo social sobre la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos (Reta).

El 90% de los gestores administrativos (GA) consideran que el Gobierno debe introducir una mayor flexibilidad para el pago de impuestos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los autónomos , al tiempo que el 86% de los GA considera que el no está facilitando la continuidad de los negocios.

Tras la primera reunión entre el Gobierno y las asociaciones representantes del trabajo autónomo para abordar la negociación de la reforma del Reta, el Ministerio de Seguridad Social arrojó algo de luz sobre las líneas fundamentales de los cambios normativos previstos en el sistema de aportaciones de este colectivo. Y tendrá, en primera instancia más beneficiados que perjudicados. Por un lado, como ya avanzó este periódico se espera que 700.000 trabajadores de este colectivo vean elevarse su cuota con el sistema de cotización en base a ingresos reales aún en proceso de aquilatamiento y estudio. Pero más de un millón de los 3,2 millones de actuales cotizantes al Reta verían reducirse sus aportaciones mensuales a la Seguridad Social.

En el límite del tiempo establecido, el gobierno ha remitido a Bruselas el plan presupuestario para 2021, que será la base de los Presupuestos si es que alguna vez son aprobados y llevados al Congreso. El marco en que se moverán las cuentas públicas es terrorífico, con un déficit como jamás ha visto este país y una deuda que tardaremos en reducir varias décadas, si es que logra reducirse.

Uno de los secretos mejor guardados sobre el impacto económico de la pandemia en las cuentas de la Seguridad Social fue revelado por el Gobierno en la hoja de ruta presupuestaria enviada a Bruselas esta semana: el coste para el Estado de las exoneraciones de cotización para empresas y autónomos ascenderá este año a los 9.225 millones de euros. Concretamente, no se trata de un desembolso sino que este es el dinero que espera dejar de ingresar en el Sistema la Seguridad Social por las diferentes medidas de apoyo impulsadas en los peores meses de la pandemia para mitigar la destrucción de empleo y la erosión del tejido productivo.

Los autónomos y pymes que solicitaron los microcréditos de la primera convocatoria del Ayuntamiento de Zaragoza han comenzado a firmar la documentación previa a la recepción de la liquidez, que les llegará a lo largo de este mes de octubre, para hacer frente a sus necesidades económicas derivadas de la pandemia de coronavirus.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha realizado una propuesta inicial de sistema de cotización por ingresos reales a las principales organizaciones de autónomos en el que plantea que los trabajadores por cuenta propia elijan su base de cotización en función de las previsiones de rendimientos que tendrán. La mayoría, según los cálculos del Ministerio, pasaría a cotizar menos, pero existe un grupo al que le pasaría lo contrario. 

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha denunciado que la propuesta de sistema de cotización de ingresos reales solo beneficiará a 1,5 millones de autónomos y dejará fuera a la mitad de los más de 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en la actualidad.

El Gobierno PP-Cs del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una segunda línea de microcréditos más flexible para pymes y autónomos también al 0 por ciento de interés, por un importe total de 1,5 millones, pero a diferencia de la primera línea las pérdidas de la facturación no tendrán que ser superiores al 50 por ciento.