Madrid 
Uno de los secretos mejor guardados sobre el impacto económico de la pandemia en las cuentas de la Seguridad Social fue revelado por el Gobierno en la hoja de ruta presupuestaria enviada a Bruselas esta semana: el coste para el Estado de las exoneraciones de cotización para empresas y autónomos ascenderá este año a los 9.225 millones de euros. Concretamente, no se trata de un desembolso sino que este es el dinero que espera dejar de ingresar en el Sistema la Seguridad Social por las diferentes medidas de apoyo impulsadas en los peores meses de la pandemia para mitigar la destrucción de empleo y la erosión del tejido productivo.
Según refleja el Plan Presupuestario 2021, donde se recoge el coste de las políticas de protección al empleo, el desglose de los 9.225 millones se corresponde con los 6.350 millones de exenciones en la cotización social por los empleados en Erte, otros 2.708 millones de euros de las exoneraciones a autónomos por cese de actividad y 95 millones de euros por la bonificación en los meses de julio a octubre de 2020 del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuos en los sectores del turismo -compatibles con las exenciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social, sin que pueda exceder el 100%- y por la bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio para apoyar la prolongación del periodo de actividad de las personas trabajadoras con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística por el tiempo necesario para cubrir el efecto de la crisis sanitaria.
Ya para el año que viene, y sin estimación sobre la cobertura eventual que se pueda extender de nuevo para los trabajadores con contratos fijo-discontinuo que vean frenada su incorporación al mercado laboral, el Ejecutivo sí que estima que la factura de las exoneraciones en autónomos y Ertes -medidas ampliadas por el momento hasta el 31 de enero de 2021- costará solo en los primeros 31 días del año que viene unos 600 millones de euros (168 millones para las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social por cese de actividad y 435 millones en las exenciones para los trabajadores en Erte).
En suma, la factura de todas las medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto aún así demoledor del Covid en la economía ascenderá a finales de este ejercicio a los 55.600 millones de euros, a los que el Ejecutivo espera sumar otros 2.462 millones durante el próximo año. Aquí, además de las medidas de ámbito laboral también se recogen las aprobadas en materia de protección a sectores económicos, medidas de carácter social, así como educativas y sanitarias. Así, en dos años la factura del Covid para las arcas del Estado podría ascender a los 58.000 millones de euros, equivalente a casi 5 puntos del PIB español.
El coste de la prestación
Ahora bien, si resulta llamativo el coste en términos de pérdida recaudatoria para el Sistema, el desembolso en las prestaciones que acompañaron a estas exoneraciones en el ámbito laboral es aún más abultado y supone la mayor parte de todo el gasto realizado por el Estado en los últimos meses.
Concretamente, al margen de otras que han ido llegando con cuentagotas en los últimos meses como el ingreso mínimo o la prestación especial para empleadas del hogar, el Gobierno habrá desembolsado a finales del presente año 17.840 millones de euros en prestaciones por Ertes y otros 5.340 millones de euros en la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos. Solo estas dos partidas suman 23.200 millones de euros, lo que supone el 41% del total desembolsado en el año. Pero además, a esta factura de prestaciones para trabajadores asalariados y autónomo, cuya cobertura se acordó ampliar recientemente hasta el 31 de enero, ascenderá solo en ese mes a los 1.120 millones de euros.
También se ha dado a conocer a través de este documento remitido a Bruselas otro de los datos más esperados tras la aprobación de medidas para sostener los contratos que preveían como baja laboral las causadas por situaciones de cuarentena o cuidado de enfermos infectados con el Covid-19. Así, según los datos emitidos por Hacienda el gasto en incapacidades temporales causadas por aislamiento o contagio de las personas trabajadoras -con la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social- supondrán a final de año coste aproximado de 1.355 millones de euros.
