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Los gestores administrativos denuncian que el Gobierno no facilita la continuidad de pymes y autónomos

  • Proponen que se compensen las pérdidas por Covid con descenso de impuestos
Fernando J. Santiago, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España. A. Martin

El 90% de los gestores administrativos (GA) consideran que el Gobierno debe introducir una mayor flexibilidad para el pago de impuestos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los autónomos , al tiempo que el 86% de los GA considera que el no está facilitando la continuidad de los negocios.

Lejos de actuar para mitigar la falta de liquidez, los GA observan un incremento en las actuaciones inspectoras, según el 68% de los mismos.

"La Administración no ha tenido en cuenta la grave situación de iliquidez por la que atraviesan las empresas, no se ha adaptado el cobro de los tributos a la menor generación de ingresos por parte de los negocios"explica  Fernando Santiago, presidente de los Gestores Administrativos.

Y añade que "consideramos que se deberían haber concedido verdaderas facilidades en los pagos y que la gestión debería haber sido menos caótica de lo que ha sido, como fue aprobar un día antes del vencimiento de la declaración de IVA del primer trimestre la suspensión por un mes del calendario fiscal".

Los GA trabajan en la calle de forma permanente, codo con codo con pymes y autónomos, con ciudadanos en general, lo que les permite conocer, incluso de forma anticipada, lo que acontece en la economía real.

"Por ello, hemos llevado a cabo esta encuesta entre nuestro colectivo, de cara a recabar su opinión y tener una visión general de la situación actual y de lo que nos espera", explica Fernando Santiago.

"A menudo nos preguntan sobre qué debería hacerse para mejorar la situación. En el tema de los impuestos queremos proponer una acción: que la Administración compense pérdidas derivadas de COVID19 con reducciones en los impuestos; no necesariamente toda la reducción en el mismo año, si no que se puede establecer un calendario. De esta forma, inyectamos liquidez en las compañías", indica Fernando Santiago.

Además, indican los GA que un 91% de ellos prevé un incremento en la morosidad de estos colectivos a corto plazo y el 46% estima los ERTE ni han sido ni serán fundamentales para evitar los despidos.

Las empresas necesitan otros 136.000 millones de euroa para sobrevivir.

Difícil acceso a las ayudas

La encuesta, que se ha elaborado entre los días 5 y 8 de octubre, muestra que sus clientes no han recuperado el nivel de ingresos preCovid, lo que supone una clara reducción de la capacidad de pago.

"Nos preguntamos donde han quedado los más de 100.000 millones que anunció el Gobierno como inyección de liquidez a autónomos y empresas"

El 79% de las pymes y autónomos han precisado liquidez adicional como consecuencia de la caída de los ingresos. Consultados sobre el acceso de sus clientes a las ayudas promovidas desde ICO, tan sólo el 36,7% afirma que sus clientes lo han conseguido con facilidad, frente al 57,4% de los GA que manifiesta que sus clientes no han tenido un acceso fácil a las mismas.

Según el 56% de los GA sus clientes están teniendo problemas de cobro, frente al 28% que señalan que sus clientes no los están teniendo. Para el 86% de los GA que afirmaron que sus clientes tenían problemas de cobro, estos problemas van a afectar gravemente a sus clientes. Así las cosas, el 83% de los GA consideran que sus clientes tendrán problemas de liquidez en los próximos meses

"Con estos datos", señala Fernando Santiago, presidente de los Gestores Administrativos, "nos preguntamos donde han quedado los más de 100.000 millones que anunció el Gobierno como inyección de liquidez a autónomos y empresas para cubrir los efectos de la pandemia". "Es evidente que algo ha fallado, y que las necesidades de liquidez siguen siendo evidentes y urgentes. Esperamos que se tomen medidas de forma rápida y que para su aprobación se consulte también a los beneficiarios de las ayudas y a sus gestores", remata Santiago.

"En estos momentos, observamos una falta de apetito crediticio por parte de las entidades financieras, lo que está suponiendo mayores dificultades para acceder a liquidez por parte de los negocios, incluso considerando que las operaciones vienen avaladas hasta en un 80% por parte del ICO", concluye Santiago.

La deuda total española llega al 251,3% del PIB y supera la de la crisis de 2008

La prohibición de despedir

Según los resultados de la encuesta, un 46% de los Gestores Administrativos consideran los ERTE como una herramienta que ha sido y seguirá siendo básica para disminuir el número de despidos. Sin embargo, otro 46% considera que ni lo ha sido ni será fundamental para evitar los mismos.

El 61% de los GA afirma que no se deben ampliar solo los ERTE de determinados sectores, frente al 35% que indica que sí

"En nuestra opinión, o se complementan los ERTE con otro conjunto de medidas de apoyo a los negocios o no hay quien pare la caída de negocios y de despidos; ya se están produciendo, pero creemos que esto no ha hecho más que empezar", continua Fernando Santiago, quien señala que "no podemos seguir perdiendo el tiempo con discusiones hasta el extremo y hay que poner una batería de medidas a corto plazo que permitan mantener abiertos los negocios y sostener el empleo real, y no el empleo fantasma, como hasta ahora".

Es importante considerar la contestación a esta cuestión con la pregunta de si se deben solo renovar los ERTE de determinados sectores, como la hostelería y el turismo. El 61% de los GA afirma que no, frente al 35% que indica que sí.

El 79% de los GA tampoco considera que sólo se deban salvar de la crisis aquellas empresas que se consideren rentables y viables". El 15% opina que si, si bien señalan que deben ser los propios empresarios, sus organizaciones empresariales, los auditores o aquellos que conocen sus estados financieros quienes deben proponer la continuidad o no del negocio.

Según los GA, las herramientas que debe utilizar la Administración para apoyar a los negocios son: la flexibilidad/facilidades en los impuestos, según el 90% de los GA; la flexibilidad para ajustar plantillas en base a las necesidades actuales es otro mecanismo básico para el 70% de los GA. Reducir los seguros sociales, es fundamental para un 58% de los GA, un 52% apuesta por las subvenciones y un 46% afirma que hay que inyectar liquidez.

La encuesta también pregunta a los GA sobre la disposición adicional sexta del RD que regula los ERTE por fuerza mayor, referente a la protección del empleo. El 53% considera que debería procederse a su derogación, frente a un 32% que aboga por su mantenimiento.

En opinión de Fernando Santiago, los ERTE "están siendo una medida imprescindible para mantener a las empresas en marcha, pues muchas no hubieran podido pagar a sus empleados y hubieran tenido que cerrar ya. Creemos que es una medida que debe prorrogarse en tanto se recupera el nivel de ingresos y se completa con otras medidas urgentes".

Concursos de acreedores

En cuanto a los concursos de acreedores, el 11% de los GA consultados indica que sus clientes ya están presentándolos, frente a un 84% de GA que no cuenta con ningún cliente que haya presentado el concurso todavía. "Siendo éste un tema importante, creemos que no es el momento aún de los concursos. No presentar en este momento el concurso no tiene mayor transcendencia jurídica, por el cambio normativo que permite no hacerlo hasta el próximo.

Si tienes el personal en el ERTE; te acoges a moratoria de alquileres; no le pagas a Hacienda y a la Seguridad Social, ni a tus proveedores, no pasa nada. Y en este tiempo, pueden tomarse medidas que den aire a los negocios en dificultades", señala Fernando Santiago.

"Están gran cantidad de concursos gestándose, que estallarán durante el primer trimestre del próximo año y que, desafortunadamente, arrastrará a numerosas empresas que no podrán cobrar de sus clientes concursados".

"Con todo ello, estamos generando empresas fantasma, aquellas que aparentan funcionamiento pero están al borde de la desaparición pero que no lo hacen por si en el último minuto adopta el Gobierno alguna medida de apoyo que las salve, y trabajadores fantasma, que son los empleados de éstas y muchos de los que están en ERTE pero que se ve difícil que vayan a reincorporarse a sus empleos".

Problemas sin resolver

El 82% de los GA opinan que las administraciones no están entendiendo y, en consecuencia, procurando resolver los problemas de las pymes, frente al 13,5% que consideran que si los están entendiendo. Un 85% considera que las administraciones no están entendiendo y, en consecuencia, intentando resolver los problemas de los autónomos, por el 11, 5% que si lo considera.

Preguntados los Gestores Administrativos sobre qué actuaciones son prioritarias en este momento en las administraciones el 78,4% entiende que las administraciones deben acelerar su proceso de digitalización, frente a un 9% que considera que no es preciso. El 52,6% opina que deben incrementar los recursos puestos a disposición de los funcionarios, frente al 9% que considera que hay que disminuirlos. Por último, el 48% cree que se debe reducir el personal de las administraciones, frente al 30% que considera que se debe incrementar.

Para Santiago, "las administraciones deben afrontar, ahora si de verdad, el proceso de digitalización de, al menos, los trámites esenciales para que una sociedad no quede paralizada, como nos ha pasado". "Y para ello, pueden contar con nosotros, como ya venimos haciendo cuando se nos llama para ello", indica el presidente de los Gestores Administrativos.

El 62% de los GA afirma que la Administración General del Estado no tiene vocación de servicio público, frente al 24,5% que sí lo considera. El 55% de los GA opina que las administraciones autonómicas no tienen vocación de servicio público, frente al 35% que entiende que si lo tienen. Por último, el 40% de los GA creen que las administraciones locales no tienen vocación de servicio público frente al 49% que considera que si la tienen.

Preguntados los GA sobre la Ley del Teletrabajo, el 35,7% considera que va a ser positiva para los negocios, frente a un 47% que considera que no lo será. El 46% de los GA cree que será positiva para los trabajadores afectados por la misma, frente al 36,5% que considera que no lo será.

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