Opinión

El Gobierno de Pedro Sánchez se verá obligado a tomar medidas de austeridad

  • El plan es un intento de gestionar por cauces normales esta situación
  • El Gobierno no tendrá más remedio que aplicar un programa como el de 2010

La evolución económica prevista para los próximos trimestres, unida a la actual política económica del Gobierno Sánchez-Iglesias, aboca a España a una nueva etapa próxima de austeridad que devuelva al sector público a la senda de la estabilidad presupuestaria y el control de la Deuda Pública, dando cumplimiento al principio constitucional establecido en 2011 mediante la reforma del Artículo 135 de la Constitución Española, gracias al cual se pudo salvar un rescate total de España pero no evitó un rescate parcial en 2012 al provocar el Gobierno Rajoy la quiebra de las cajas de ahorros fusionadas.

Ante el riesgo cierto de descontrol del saldo fiscal en los próximos años (un déficit público cronificado entre el 8% y el 10% del PIB) y un mal comportamiento diferencial prolongado de la economía española frente a sus socios europeos (será la mayor caída del PIB en Europa según la última estimación del FMI, con un diferencial de 4,5 puntos en la caída con respecto a la media de la Zona Euro), de un momento a otro los principales acreedores (incluyendo el Banco Central Europeo) y las autoridades comunitarias, exigirán un plan de ajuste de las finanzas públicas españolas para el cual el actual Gobierno español y sus apoyos parlamentarios no están preparados.

El Plan Presupuestario elaborado por el Gabinete Sánchez-Iglesias es un intento de gestionar por los cauces normales una situación que cada semana que pasa escapa del control del Gobierno, la cual cabe definirse a partir de tres componentes fundamentales: primero, la incapacidad de la estrategia sanitaria de controlar la extensión del virus, obteniendo un balance desastroso entre salud (más de 59.000 muertos reales según los modelos del Instituto de Salud Carlos III e INE) y economía (la mayor recesión continental, incluso mayor que la de Reino Unido). Formar parte del 'cuarto cuadrante' junto con Gran Bretaña en la relación caída económica-muertos por millón de habitantes, es la evidencia que con más preocupación se observa por parte de los inversores, analistas y autoridades europeas, occidentales y globales. Mientras la media de caída económica es del 14,3% hasta la fecha, y la mortalidad acumulada por millón de habitantes es de 382, España rebasa las 700 muertes y una caída superior al 18% trimestral.

Segundo, la evolución desfavorable de la recuperación económica tras el confinamiento es una amenaza no sólo para el presente sino muy especialmente para determinar cuánto tiempo necesitará la economía española en recuperar los niveles de PIB previos a marzo de 2020, previsto actualmente para finales de 2022. Los datos de coyuntura están empeorando no sólo por los rebrotes del virus sino por la destrucción de capital producida tras tener prácticamente cerrada la actividad no esencial durante meses. A pesar de mantener durante unos meses más congelado el mercado de trabajo con la extensión de los ERTE, en los próximos meses los datos macro se trasladarán a los bolsillos de los trabajadores y a las cuentas de las empresas. Pueden verse datos como el gasto con tarjetas, datos de movilidad de las personas o la evolución del Leading Economic Index (con el rebote más pequeño de todos los países occidentales en agosto) para evaluar la fragilidad de la recuperación y el riesgo de que en el cuarto trimestre termine de pararse.

Desventaja política internacional

Tercero y último, el factor político nacional es una variable imprescindible que coloca a España en desventaja con respecto a los socios europeos más importantes. Partiendo de una mala situación fiscal (con una desviación de casi un punto del déficit público con respecto a su objetivo en 2019), las políticas puestas en marcha por el Gobierno de coalición, sumadas a la grave crisis institucional compuesta por el ataque a la separación de poderes, la problemática política en Cataluña y el conflicto entre los Gobiernos central y de la Comunidad de Madrid, generan un impacto enormemente negativo sobre las expectativas de los agentes económicos y, muy especialmente, sobre los inversores.

En los mercados financieros que no se encuentran bajo la acción directa del Banco Central Europeo como es la Bolsa, el ritmo de salida de capitales se ha intensificado en los últimos meses con 48.800 millones de euros en el primer semestre del año según balanza de pagos.

'Círculo vicioso'

En definitiva, la coyuntura ha transmutado en una especie de círculo vicioso del cual es muy difícil salir por los cauces ordinarios y sin necesitar una ayuda especial. Sin embargo, el Gobierno, una buena parte de la oposición, las Administraciones regionales, un sector numeroso de la clase empresarial y la mayor parte de los creadores de opinión, piensan que la situación española puede continuar por una senda normal donde el ajuste fiscal se hará con mínimas intervenciones sobre los impuestos, confiando en la elasticidad de las bases imponibles con respecto al PIB para recuperar incluso los niveles de recaudación tributaria anteriores a la pandemia.

A pesar de que España cuenta, por un lado, con un mecanismo excepcional como es el control de su prima de riesgo por parte del BCE gracias a sus compras por encima del porcentaje del país sobre el capital del banco central (en septiembre, la posición de sobrecompra es de 1.400 millones de euros, estando Francia e Italia por delante) y, por otro lado, con la pre-asignación de 140.000 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia (NextGenEU), no son suficientes para cubrir unas necesidades de financiación que en el conjunto de la economía superarán entre 2020 y 2021 el 50% del PIB.

En suma, con el escenario macroeconómico existente, los números presentados por el Gobierno con respecto a las estimaciones del consenso y a pesar de la bajada de las primas de riesgo y la llegada de fondos europeos, el Gobierno no tendrá más remedio que aplicar un programa de austeridad en la línea de lo que sucedió en 2010, si bien en esta ocasión la probabilidad de que no pueda hacerlo sólo por sus propios medios sino que necesite una ayuda contundente del MEDE bajo un programa condicionado de reformas crece cada semana que pasa.

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